Concepción Iniesta, secretaria General de USO-Madrid; Fernando Lago, secretario de Organización, y Raquel Bordoy, secretaria de Formación y Salud Laboral, han recogido firmas para el blindaje de las pensiones en la Plaza de Callao de Madrid. En las primera 4 horas de recogida se han logrado 800 firmas de viandantes y de ciudadanos que han conocido nuestro llamamiento en las redes sociales y en medios de comunicación.

En la mesa de firmas ha estado también la actriz María Boto, mientras el cineasta Fernando Colomo estuvo atendiendo y difundiendo el mensaje ante las cámaras de televisión que se han acercado a la céntrica plaza madrileña.
Mañana, día 10 y el 11 seguirá esta mesa en Callao con el objetivo de alcanzar los dos millones de firmas y entregárselas al Defensor del Pueblo.

USO ha puesto en marca esta nueva recogida para exigir que las pensiones se blinden en la Constitución. De forma conjunta con la MERP (Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones), se recogen firmas en distintas ciudades y en los centros de trabajo donde la USO está presente.

De esta forma, esta acción se lleva a cabo en grandes empresas industriales como Sidenor, Ence, Arcelor, Bridgestone, Solvay, Nestlé, Ferroatlántica, Ferrovial, Nissan, Saint Gobain, Coca Cola, Mercedes Benz, Gas Natural, Grupo Celsa, Michelin, ElPozo, Campofrío, Indra, T-Systems; empresas de servicios como Valoriza Facilities, Ferroser Servicios Auxiliares, Digitex, FCC Limpieza, Ambubask, Iberia, Makro, Leroy Merlin; y en seguridad privada, en Garda Seguridad, Prosegur, Ilunion, Fagus, Delta Control y Servicios, Bilur 2000.

También se recogen firmas apoyando esta reivindicación entre el profesorado de la educación pública, concertada y privada, y entre el personal de las sedes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hospitales públicos de Andalucía y Cataluña y AENA, entre otros.

La MERP, de la que forma parte USO desde su fundación en 2013, está compuesta por 247 organizaciones, 130 personalidades y miles de profesionales, activistas y ciudadanos y ciudadanas en general, que reivindican una reforma de la Constitución para blindar las pensiones, para que ningún gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y para que se recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectarlas.