La Secretaría de Igualdad de USO-Madrid ha acudido este martes a la presentación del informe anual sobre ‘La situación de las personas refugiadas en España y Europa’ de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el informe se muestran “los preocupantes desajustes del sistema nacional de asilo y las dificultades de acceso al mismo”.
Las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros 5 meses de este año, según datos de Interior, y los más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años pendientes de resolución “suponen la prueba más evidente de que es necesario un refuerzo firme y urgente del sistema de asilo para dar respuestas estables a la realidad que se vive en nuestro país, que se encuentra entre los primeros de Europa en número de solicitudes”, han asegurado desde CEAR.
Además, han recordado que “en 2018 solo se aceptaron 1 de cada 4 solicitudes de asilo, muy por debajo de la media europea (38%) y se mantuvieron largos periodos de espera para formalizar las mismas, lo que en algunas provincias supone más de un año”.
CEAR, entidad que cumple este año su 40 aniversario, valora positivamente la iniciativa del Gobierno de la puesta en marcha de recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas, así como los “importantes gestos iniciales que supusieron la aceptación de las embarcaciones de rescate rechazadas por Italia y Malta”. Sin embargo, lamenta que meses después, desde el mismo Gobierno, se hayan puesto “obstáculos a barcos de ONG que han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses”.
De una forma menos visible, también se han establecido en nuestro país otro tipo de obstáculos que la organización califica de muy preocupantes: “la imposición de visados de tránsito a personas de origen palestino (lo que resulta contradictorio ya que es una de las nacionalidades con un reconocimiento de protección más altos de nuestro país), y personas camerunesas. Además, se ha continuado con esta exigencia a las personas de origen sirio, en vigor desde el inicio del conflicto en 2011”, señalan desde el colectivo.
CEAR ha lamentado que un año más continuaron las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre las que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunciará próximamente. Por otra parte, el Gobierno recurrió inesperadamente, por primera vez en el mes de agosto, a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar las llamadas “devoluciones exprés”, un procedimiento acelerado que dificulta detectar casos de especial vulnerabilidad o posibles solicitantes de asilo, “una práctica que además se ha repetido en ocasiones posteriores”, denuncian desde CEAR.
Así, ante los diferentes enfoques de las políticas migratorias del Ejecutivo y ante el escenario de crecimiento de las solicitudes de asilo, CEAR reclama al nuevo Gobierno que recupere el ‘espíritu del Aquarius’ y promueva un Pacto de Estado por el Asilo, basándose en los Pactos Mundiales sobre Migración y Refugio ratificados por nuestro país el pasado diciembre y poniendo el foco en las personas.
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