En USO hemos constatado y denunciado el recorte en las políticas y medidas de igualdad por parte de las Administraciones. Al cumplirse diez años de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que entró en vigor el 24 de marzo de 2007, el balance de este aniversario nos sirve para certificar los retrocesos en esta materia y que una ley por sí misma no es efectiva sin voluntad política y sin dotación presupuestaria.

La tasa de paro de las mujeres menores de 25 años en España es del 42,8%, ocupando el segundo lugar a nivel europeo, por detrás de Grecia. El desempleo entre las mayores de 25 supone un 18,5%. El desempleo femenino ha crecido más que el masculino en esto últimos años de crisis y es muy preocupante el aumento de las paradas de larga duración, que asciende al 52%

La imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral y la feminización del cuidado relegan a las mujeres a condiciones laborales y salariales más precarias. Esta situación lastra su futuro, condenándolas a pensiones bajas y a la pobreza en su vejez. Ya en la actualidad, de los dos millones de pensionistas que cobran entre 600 y 650 euros, el 71% son mujeres.

• El impulso de medidas de igualdad en las empresas como materia de negociación colectiva, tanto en el acceso al trabajo como en la formación, la promoción, las condiciones de trabajo y en las medidas de acompañamiento y apoyo a las víctimas de violencia de género.
• La potenciación de políticas salariales que reduzcan la desigualdad salarial existente en los distintos ámbitos de negociación mediante la inclusión de salarios mínimos garantizados por convenio.
• Que se garantice el cumplimiento y aplicación de la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
• Que la administración vele por el cumplimiento y desarrollo de los planes de igualdad en las empresas de 250 o más trabajadores y trabajadoras.
• Promover la negociación de planes de igualdad y protocolos de actuación en caso de acoso sexual y/o moral en las empresas de menos de 250 trabajadores y trabajadoras, para fomentar el acceso, promoción, formación, retribución salarial, medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
• Es imprescindible un Pacto de Estado contra la violencia machista. La lucha contra esta lacra solo es posible con políticas que pongan este problema en la agenda, con un aumento en la inversión, con más formación y concienciación de todos los agentes implicados y con un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para acabar con esta terrible violencia.