Los sindicatos que constituyen las mesas de negociación de Indra Sistemas e Indra Soluciones TI denuncian que el ERTE propuesto por el gigante tecnológico “es un fraude social que deja claramente retratados a los que dirigen la empresa”.
En un comunicado conjunto firmado por USO, ASIT, CGT, CIG, COBAS, ELA, RSTIC y el Sindicato Independiente de Indra, las organizaciones explican que las condiciones del ERTE incluyen: reducción salarial, suspensiones y reducciones de empleo, por un incremento en la desasignación de menos del 2% de la plantilla o por un impacto en la facturación (que no en pérdidas) de menos del 1%.
Los sindicatos califican estas condiciones de “fraude empresarial sin justificación alguna” teniendo en cuenta que “una compañía como Indra, con una facturación de 4.500 millones de euros al año, con beneficios en 2019 de 121 millones de euros y con un fondo de liquidez de 1.000 millones de euros, no está en crisis.”
También cuestionan por qué Indra ha sido la única consultora de servicios informáticos en presentar un ERTE y reclaman “solidaridad empresarial con el resto de la sociedad”. Aseguran que “una medida tan extraordinaria como un ERTE debe servir para preservar la viabilidad de la compañía, no para enjuagar posibles caídas en la facturación. Porque la compañía lo que propone es un ERTE preventivo, no justificado hoy, dadas las cifras de negocio e ingresos que hemos podido constatar en la documentación”, señalan los representantes sindicales.
Los sindicatos firmantes también proponen una serie de medidas alternativas antes de aplicar un ERTE que deja en una situación desesperada a los trabajadores con menores a su cargo, familias numerosas e incluso a trabajadores de los que dependen personas enfermas o con discapacidad. Entre esas medidas se incluye una reducción de salario del Consejo de Dirección; aplazamiento del dividendo para 2020 como han hecho Banco Santander, Aena o Inditex; renegociación del pago de los alquileres de todos los edificios; eliminación de variables para salarios superiores a los 60.000 euros anuales fijos o solicitar un crédito para afrontar la situación.
