Las trabajadoras de hogar ante los Presupuestos del Estado 2018

Este es el comunicado del Grupo Turín, del que forma parte la USO-Madrid, en el que se analiza la situación en que quedan estas trabajadoras ante la aprobación de los Presupuestos del Estado 2018.

Una vez más se les ha dado la espalda a las trabajadoras de hogar y cuidados esta semana en el Congreso de los Diputados. Se aprobaron los presupuestos del Estado, sí, pero nuevamente a costa de impedir el avance de los derechos laborales de las mujeres que contribuyen de manera decisiva en la sostenibilidad de la vida.

La enmienda 6777, presentada al Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, votada el pasado martes 22 de mayo, trae como consecuencia el retraso hasta enero de 2024 de la equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen general de la Seguridad Social, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 1 de enero de 2019. La enmienda se había aprobado en la comisión de presupuestos del pasado 16 de mayo con el voto favorable de PP, PNV y Ciudadanos. A partir de ahí se incorporó al Dictamen sobre Disposiciones Finales de la LPGE de 2018. Este dictamen se aprobó a en el pleno, con el voto favorable de PP, PNV, Cs, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.

El Grupo Turín muestra su firme inconformidad ante tal decisión parlamentaria ya que sigue negando la posibilidad de ejercer nuestros plenos derechos como trabajadoras. Esta medida solo amplía la desprotección e invisibilidad de este sector. Desde que entró en vigor el Real Decreto 1620/2011 para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar ha habido un incumplimiento de los acuerdos firmados. Han pasado casi 6 años desde la reforma que se fijaba la incorporación progresiva al régimen general, y ahora habrá que esperar 5 años más de discriminación laboral.

 De acuerdo al análisis que ha hecho el Observatorio de Derechos en Empleo de Hogar y de cuidados Jeanneth Beltrán -y que aquí suscribimos- «el reconocimiento de derechos de las y los trabajadores es inexistente en el texto. Sólo se tienen en cuenta los intereses de los empleadores y en lugar de asumir la responsabilidad pública de solventar el aumento de los costes de la incorporación al régimen general o las dificultades administrativas que suponga, se carga sobre las espaldas de las trabajadoras la no incorporación de derechos manteniendo los agravios comparativos respecto al conjunto de las y los trabajadores». 

 Con esta dilatación en el tiempo de la recuperación de nuestros derechos nos queda claro que, para el gobierno y los partidos que han votado a favor seguimos siendo consideradas trabajadoras de segunda y tercera clase. Y eso, es que es una cuestión de clase y de género. ¿Con qué cara mirarán estos diputados y diputadas a sus empleadas de hogar? 

Reiteramos y sostenemos lo que plasmamos en nuestro comunicado del pasado 30 de marzo, día internacional de las trabajadoras del hogar: las soluciones no pueden venir de actuaciones individuales, tienen que ser colectivas y de amplio consenso social y acompañadas de políticas públicas adecuadas.