por Juan José Rodríguez | May 24, 2021 | Economía, Empleo
En un escenario muy preocupante de incremento del déficit y de la deuda pública, el Gobierno ha planteado una subida de impuestos y medidas fiscales que van a afectar al conjunto de la población. Algunas, de forma indiscriminada, sin distinción de renta: IRPF; sucesiones; peajes; impuesto al diésel; modificar tipos de IVA; sociedades; patrimonio; transporte aéreo, etc. Y algunas aún desconocidas o agendadas en los distintos documentos remitidos a Bruselas, como hoja de ruta de cara a recibir los fondos de recuperación, y amparados en modificar algunos hábitos de consumo y avanzar hacia la sostenibilidad.
Sin haber hecho los deberes ni haber sentado las bases de las grandes políticas a medio y largo plazo para recibir los 70.000 millones y cumplir con los límites macro europeos, “una vez más se quiere coger el camino fácil: una subida de impuestos. Rascar el bolsillo a una ciudadanía aún noqueada por la pandemia y en fase de reactivación, sirviéndose de algo necesario como las políticas de protección del medio ambiente, desincentivo del consumo contaminante y de crecimiento sostenible”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Comparar impositivamente España con otros países europeos es una perversión. No se tiene en cuenta nuestro liderazgo en términos de desempleo y precariedad, ni la realidad de nuestro tejido empresarial, ni de la actividad económica o capacidad productiva. Especialmente si es para perjudicar con ese mal análisis a trabajadores, parados y pensionistas.
Medidas recaudatorias no progresivas
USO rechaza directamente algunas de las medidas recaudatorias por ser “no progresivas”, y respecto a otras advierte que “al final, a quien se beneficia es al que tiene capacidad de compra. Por eso, podríamos asistir, por ejemplo, a una brecha social a la hora de desplazarse. Privilegiar el motor eléctrico, penalizar plásticos o envases de plástico o revisar tipos en el transporte aéreo, puede ser bueno. Pasar la factura a la ciudadanía, no”, reivindica Pérez. En todo caso, sería más adecuado dirigir la subida de impuestos a la producción, para sea desde allí donde se planteen modificaciones, y establecer ayudas para la transición medioambiental.
Por otro lado, teniendo en cuenta la capacidad económica de las familias que, sin salir del todo de la anterior crisis, padecen la actual, no se puede incrementar el IVA. En este sentido, el sindicato recuerda sus propuestas de revisión del listado de bienes y servicios con tipos reducidos y superreducidos, “porque hay evidentes inequidades, en concreto los referentes a suministros o productos de higiene básicos”, recuerda el secretario general de USO, “además de otros que habría que revisar, pero a la baja, como suministros básicos”.
Una reforma fiscal cada vez más necesaria
USO aboga por una reforma fiscal, que se hace cada vez más necesaria, pero sin castigar los bolsillos de las clases medias ni de los trabajadores. Hay que priorizar lo que es el principal mecanismo con el que cuenta el Estado para el mantenimiento de los servicios públicos y el modelo social: mejorar las condiciones de vida y trabajo, atajar la desigualdad, dinamizar la economía, atender las necesidades de inversión estratégica y apostar por un tejido empresarial fuerte y de futuro. “España necesita recaudar más, pero con la actividad económica, empleo y salarios de calidad como premisa, no queriendo exprimir más el jugo del monedero de la mayoría”, apunta Pérez.
El sistema fiscal en España es excesivamente permisible con el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal. Privilegia escandalosamente a empresas digitales de multimillonarios beneficios con tipos efectivos bajos y que compiten deslealmente con iniciativas empresariales dentro de nuestras fronteras. “Esa debería ser la prioridad más urgente, junto al trabajo de una fiscalidad común en la Unión Europea, junto a debates necesarios como la conversión de la deuda en perpetua alargando mucho los plazos de vencimiento”, concluye.
por Juan José Rodríguez | May 5, 2021 | Economía, Empleo
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid cayó un 0,68% en abril con 2.986 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 438.644 personas en paro en la región, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. «Es un buen dato, aunque no podemos olvidar que en términos interanuales, el desempleo en la región ha aumentado un 8,30% con 33.621 parados con respecto al mismo mes del año anterior», señala Conchi Iniesta, secretaria general de USO-Madrid.
Preocupan especialmente los datos del colectivo sin empleo anterior. «Un total de 32.075 madrileños engloban este grupo, de los cuales hay 6.886 (21,5%) tienen entre 30 y 44 años y 9.159 (28,6%) tienen más de 45 años. Estamos hablando de personas que pasan a ser parados de larga duración y pierde la adscripción a un sector. Coincide justo con el año de pandemia, por lo que muchas de las personas que perdieron su empleo en la confusión de las primeras semanas no han podido reincorporarse a la rueda laboral y han pasado a estar en riesgo de exclusión», señala Iniesta.
Hay que destacar también que la pandemia sigue afectando más a las mujeres que a los hombres. Del total de parados, en abril se registraron 185.800 hombres y 252.844 mujeres. Asimismo, un 4,6% del los madrileños en paro son menores de 25 años.
Por otra parte, los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid crecieron un 0,67% en abril con una media de 21.521 cotizantes más en relación al mes anterior, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La afiliación en la región aumentó en términos interanuales un 3,3% más que el mismo mes del año anterior con 103.489 cotizantes más y alcanza la cifra total de 3.244.032 afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid.
por Juan José Rodríguez | Abr 6, 2021 | Economía, Empleo
El año de la pandemia se salda con un 21,41% más de paro en Madrid con respecto a marzo del año pasado. Ahora mismo tenemos un total de 441.630 personas paradas en la región, lo que supone un aumento de 77.870 personas en el último año.
«La bajada del 1,22% registrada en marzo en relación al mes de febrero es positiva, pero no es motivo de alivio, especialmente teniendo en cuenta que ese descenso está casi tres décimas por debajo de la media en España», señala la secretaria general de USO-Madrid, Conchi Iniesta.
«Necesitamos que los partidos políticos salgan del modo campaña. Estamos ante un panorama desalentador en el que los líderes políticos ahora mismo sólo tienen un objetivo en mente: el 4M. Los trabajadores van después», denuncia Conchi Iniesta.
«Seguimos dependiendo de una visión cortoplacista, basada en políticas de subsidio con fecha de caducidad», señala Iniesta. «Estamos a poco más de un mes de que acabe el estado de alarma y también la última prórroga de los ERTE excepcionales. Los trabajadores temen por su futuro, sumamente preocupante teniendo en cuenta que muchas empresas ya han iniciado el proceso para el ERE.»
«Llevamos ya un año de pandemia y seguimos sin ver un plan económico a largo plazo. No tenemos sobre la mesa ni una propuesta seria para la creación de empleo, la reforma de la legislación laboral y una transformación profunda del sistema productivo con una clara apuesta por la investigación y la digitalización. Y desgraciadamente lo seguiremos lamentando cuando lleguen las cifras del paro de los próximos meses».
por Juan José Rodríguez | Mar 5, 2021 | Acción sindical, Economía, Empleo
El empleo público en España es temporal y precario. Y no lo decimos únicamente desde USO. También la Unión Europea lleva años reclamándole a nuestros sucesivos gobiernos que tomen medidas para reducir la temporalidad y precariedad laboral del empleo en España y, muy concretamente, en el sector público. En resumen: que en nuestro país se lleva décadas abusando de modalidades temporales y precarias de una manera escandalosa. Hasta el punto de que este tipo de «subempleo» ronda ya el 30% del total en las Administraciones Públicas.
En el conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país, se da un porcentaje de contratación temporal injustificada que afecta a casi a 800.000 trabajadores, un millón tras la pandemia.
«Se producen situaciones surrealistas, con carreras profesionales que llegan a su jubilación tras varias décadas en puestos estructurales, pero sin haber logrado en todo ese tiempo la estabilidad laboral. Ocurre en Sanidad, Educación, Administración General del Estado, en Justicia, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Emergencias… y en prácticamente el conjunto de los servicios que se prestan desde el ámbito estatal, autonómico o local. Esa temporalidad es un 10% superior a la del sector privado, que ya es decir. Un dato muy significativo es que más de la mitad del empleo público de menores de 40 años en el conjunto de las administraciones es temporal», recalca Joaquín Pérez, secretario general de USO.
En muchos casos, se trata de sustituciones limitadas, proyectos temporales o debido a circunstancias excepcionales. Pero la mayoría son plazas consolidadas, labores o puestos imperecederos, puestos de previsible necesidad de disponibilidad o servicios públicos competenciales que hacen incomprensible su temporalidad.
El empleo público no puede ser una moneda de cambio que ponga en riesgo los servicios sociales
Una vez más, desde el mal llamado diálogo social se han ido alcanzando acuerdos y propuesto objetivos en la materia que han sido sistemáticamente incumplidos, que han terminado en papel mojado.
«Por otro lado, a algunos les ha interesado enfrentar ficticiamente a los trabajadores damnificados por la precariedad eterna de interinos o personal laboral, frente a los que piden acceso al empleo público mediante oposiciones en plazas que llevan cubriéndose con parches humanos durante décadas. Por ello, deberían responder por colaborar con la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran estos trabajadores desde hace años y que evidencia el fracaso de sus negociaciones y planteamientos», incide el secretario general de USO.
Desde USO, «creemos que es importante no verlo únicamente como un problema laboral, sino darle toda su dimensión en cuanto al Estado de Bienestar. La estabilidad laboral de las plantillas públicas revierten en la calidad y eficacia de esos servicios, y en la eficiencia de la protección social. En la actual coyuntura, es más necesario que nunca realzar el empleo público, reforzar los servicios que cubre. Y debe hacerse, además, garantizando que se accede a él bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando las designaciones a dedo y la arbitrariedad escandalosa que, por desgracia, hemos presenciado en las administraciones locales y en la empresa pública, dicho sea de paso», recuerda Joaquín Pérez.
Resolución inmediata del fraude de ley
«El sistema de empleo público debe ser claro», sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO. Sin embargo, «ante la falta de Ofertas de Empleo Público, se ha pasado a fomentar el fraude de ley, consentido y promovido por las propias Administraciones Públicas. Estas, además, son incapaces de resolver la situación que ellas mismas han generado. Y tampoco son capaces de aplicar una solución definitiva a este problema, tal como ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recuerda Deleito.
Sentencia, que, «en resumen, dice: fijeza para estos trabajadores o una indemnización tan fuerte que sea impensable que se recaiga en la contratación en fraude de ley. Nuestros políticos no quieren ni una cosa ni la otra. Y así llevamos años. Falta valentía para abordar y resolver este grave problema que afecta a cientos de miles de trabajadores. Una bola que, en lugar de menguar, crece», lamenta el secretario general de FAC-USO.
Nuestra Federación lleva ya dos años con una campaña específica para reclamar, por vía judicial cuando es necesario, cada contratación en fraude de ley en las administraciones.
Pacto de Estado por el empleo público, sin tintes partidistas
Pero, de nuevo, «los dirigentes políticos no han dado para más. No han sido capaces de sacar adelante un pacto de Estado por la calidad del empleo y de los servicios públicos en las administraciones. Los partidos por encima del bien común, otra vez», apunta Joaquín Pérez.
Nuestro sindicato tiene muy claro que «la solución debe plantearse por dos vías. Por un lado, lo referente a los puestos estructurales, que deben cubrirse sí o sí con empleo estable, contemplando prioritariamente para su acceso a los que llevan desarrollando esos trabajos como mérito, mediante conversiones automáticas bien reguladas. Y, por otro, mediante el establecimiento de reglas fijas de conversión en estable en aquellos en los que la horquilla más circunstancial es la que la motiva. Toda administración sabe el porcentaje y número aproximado de puestos sujetos a sustituciones o eventualidades, y cuándo la contratación temporal sobrepasa la cobertura de esas circunstancias».
Mientras se siguen pasando la patata caliente de quién debe resolver la precariedad laboral en la Administración, España sigue muy por debajo de la media de empleo público de los países de la OCDE: en número, pero, sobre todo, en calidad de empleo. «Por eso, no nos extraña que los trabajadores se ofendan con su calificación de ‘esenciales’ a conveniencia, cuando conviene llenarse la boca con su importancia. Pero que su esencialidad se revise semana a semana», concluye Joaquín Pérez.
por Juan José Rodríguez | Mar 2, 2021 | Economía, Empleo
Vamos camino del medio millón de parados en la Comunidad de Madrid. En Febrero hemos registrado una subida del 1,69%, con 7.417 desempleados más engrosando las listas del paro. En términos interanuales estamos hablando de un aumento del 26,69% en la región, con 94.205 parados más que en febrero de 2020, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
“Tenemos ya casi medio millón de parados. A ellos se suman todas aquellas personas que se encuentran en la cuerda floja de los ERTE. No hay que olvidar que Madrid es la segunda comunidad más afectada por los expediente de regulación de empleo, por detrás de Cataluña”, señala la secretaria general de USO-Madrid, Conchi Iniesta.
“Todos esos trabajadores siguen dependiendo de planes prorrogados a golpe de improvisación cortoplacista por parte de organizaciones sindicales complacientes con el Gobierno. Son incapaces de ver que los ERTE que ya no pueden contener la gran crisis económica que estamos padeciendo ni sus terribles consecuencias”, alerta Iniesta.
“Y de los ERTE, pasamos a los ERE, como los que van a ejecutar empresas como Douglas, El Corte Inglés, la Universidad Europea… son miles de despidos que llegarán en los próximos meses. ¿Y dónde está el plan de empleo y la reestructuración sectorial que necesitábamos desde hace décadas? Llevamos un año sin un plan para fomentar la creación de empleo”, incide Iniesta.
