El número de parados en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,55% en el segundo trimestre

El número de parados en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,55% en el segundo trimestre

El número de parados en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,55% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo período del año anterior (en plena crisis del coronavirus), con un total de 2.400 desempleados más.

La Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este jueves recoge que el número total de parados se sitúa en 429.800 personas. Apenas hay variación en la autonomía en comparación con el primer trimestre del año, lo que se refleja con solo una subida del número de parados del 0,01%.

En cuanto a los ocupados, en la región hay un 0,52% más que en el primer trimestre, lo que se traduce en 16.200 personas, y un 161.500 más que en el segundo trimestre del año anterior (5,45% más).

La Comunidad de Madrid cerró el segundo trimestre con 3.124.100 ocupados, situándose la tasa de actividad en el 63,64%. De estos, 1.582.800 son hombres y 1.541.300 mujeres. En cuanto a los parados, de los 429.800 del segundo trimestre, 203.900 son hombres y 225.900 mujeres.

A nivel nacional, el paro bajó en 110.100 personas entre abril y junio de este año, lo que supone un 3% menos que en el trimestre anterior, y después de que el año pasado sumase 55.000 parados en este trimestre por la llegada del Covid.

En todo el territorio la ocupación aumentó en 464.900 puestos de trabajo entre abril y junio (+2,4%), frente al descenso de más de un millón de personas que se registró hace un año por la pandemia.

Por comunidades, en este trimestre los mayores aumentos se dan en Andalucía (102.400 más), Baleares (60.300) y Comunidad Valenciana (55.100). En términos relativos, las comunidades con mayor aumento trimestral del empleo son Baleares (12,01%), Extremadura (7,59%) y Región de Murcia (5,83%).

España, entre los peores países de la Unión Europea en trabajo decente

España, entre los peores países de la Unión Europea en trabajo decente

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) sitúa a España a la cola del trabajo decente en Europa. Un índice sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 establece que España es el quinto país por la cola. Con 97.1, solo estamos por delante de Italia (94.8), Bulgaria (94.7), Rumanía (90.8) y Grecia (89.7). El índice ha sido elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos y la Alianza Italiana por el Desarrollo Sostenible.

Los resultados reflejan el grave impacto que tuvieron, en materia de bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral, las políticas adoptadas tras la anterior crisis de 2008. A pesar de la recuperación en cantidad de empleo de los últimos años, el índice sigue situando a España muy por detrás de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica.

USO considera que urge poner fin a las malas condiciones en el trabajo a través de medidas como el aumento del SMI hasta llegar al menos al 60% del salario medio; una nueva reforma laboral que acabe con la precariedad y la temporalidad, incluyendo las nuevas realidades laborales del siglo XXI; o poner fin a la siniestralidad laboral, que ha experimentado un preocupante ascenso en el último año.

El trabajo decente en Europa, a examen

El índice recopila los datos entre 2010 y 2019, y estudia el estado del trabajo decente a través de tres áreas: bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral. Cada área cuenta con varios indicadores que sirven para medir la puntuación obtenida.

Así, para el área de bienestar económico se ha medido el porcentaje de población de entre 30 y 34 años con educación superior, el porcentaje de trabajadores pobres o el porcentaje del presupuesto del Estado destinado a la educación y a la sanidad, entre otros. España aquí presenta una puntuación de 96.5, también muy por detrás de otros países de Europa occidental, como Francia, que tiene 112, o los Países Bajos, con 110.8.

En cuanto a la calidad del empleo, se han empleado indicadores como la tasa de empleo, el porcentaje de cobertura de la negociación colectiva, la participación de las rentas del trabajo en el porcentaje del PIB o la tasa de empleo de los graduados recientemente (jóvenes de 20 a 34 años). En esta área, España mejora su puntuación con respecto a las otras dos, obteniendo 100.5. Se sitúa por delante de países como Irlanda (94.2) o Portugal (99.4).

Por último, en vulnerabilidad laboral es donde España saca la peor puntuación (94.4). Esta se ha medido a través de indicadores que incluyen el porcentaje de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial; de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen un empleo ni se hallan formándose; o el número de personas que han muerto en accidentes de trabajo por cada 100.000 habitantes.

La diferencia con países como Alemania es de más de diez puntos (Alemania 105.7), aunque España se sitúa por delante de Grecia (91.3) o Italia (92.2), que también sufrieron duros ajustes y recortes en derechos durante la anterior crisis.

Un paso atrás para interinos y temporales en fraude de ley en la Administración

Un paso atrás para interinos y temporales en fraude de ley en la Administración

El Gobierno ha cerrado con “sus” sindicatos un acuerdo en el último minuto de la prórroga para pasar el examen parcial de Bruselas, pero que no va al fondo del problema estructural de la Administración y sus plantillas, tanto personal funcionario como interinos y otro personal temporal en fraude de ley. El acuerdo, que fía la estabilización a los concursos-oposición y a la aplicación de despidos procedentes, penaliza a los trabajadores y exime de toda culpa al empresario, a la Administración.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia Bruselas, para el reparto de fondos de recuperación, tienen la temporalidad del empleo público en España en el punto de mira. El plazo para ese acuerdo expiraba ayer, toda vez que hoy se celebra el Consejo de Ministros que debe darle la bendición antes de enviarlo a la capital comunitaria.

Tras años de mirar para otro lado y dejar que la bola se fuera haciendo mayor, el acuerdo se resolvió con urgencia y poca originalidad: concursos-oposición.

En qué consiste el acuerdo para reducir la temporalidad en la Administración

El acuerdo se centra en los siguientes puntos, que, en resumen, sitúan el pago de las responsabilidades en los trabajadores:

  • Por un lado, establece la duración máxima de un contrato temporal en tres años.
  • Por otro, lo establece con efectos retroactivos: deberán regularizarse como plazas fijas aquellos puestos que hayan estado ocupados durante tres años o más hasta el 31 de diciembre de 2020. El Gobierno calcula que son en torno a 300.000 plazas. Desde FAC-USO defienden que hay al menos 800.000 casos de temporalidad abusiva y que podrían ser incluso cerca de un millón. La opacidad en los datos administrativos impide un censo fehaciente.
  • La estabilización se haría por medio de ofertas de empleo público masivas donde la parte de méritos alcanzaría el 40% de la valoración, una vez aprobado el examen común. Este proceso se extendería hasta 2024.
  • La Administración aplicará un despido objetivo a todos aquellos interinos que han ocupado esos puestos y no consigan la plaza en los concurso. Es decir, la Administración contrata en fraude de ley, los contratados pagan con su puesto de trabajo y la Administración solo le cambia el DNI a la plaza.
  • Cada interino o temporal en fraude de ley recibirá una compensación de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. La Administración perpetrará así el mayor despido colectivo de la historia de España, amparado en la Reforma Laboral que promete aligerar en esos artículos más lesivos que tan oportunos le resultan cuando actúa como patronal.
  • El interino o temporal, eso sí, accederá a nueva “bolsa de empleo” gracias a la cual podrá ser de nuevo… interino o temporal.

La Administración, sin responsabilidades

Indemnizaciones irrisorias para personas que han llegado a estar 25 años en su puesto de trabajo, pero indemnidad para las Administraciones. En similar situación, cualquier empresa privada recibiría amonestaciones y multas de mayor o menor cuantía. La Administración, sin embargo, con casi un millón de trabajadores en situación irregular o fraudulenta, no recibirá ningún tipo de sanción por haber abusado de la temporalidad tan irresponsablemente.

El TJUE obliga a imponer sanciones y medidas disuasorias para que no se repita esta situación, pero el acuerdo entre Administración y sindicatos pasa de puntillas por este tema, y solo refleja a futuro qué supondrá para aquellas que reincidan en el comportamiento. Ni mención a los causantes de la situación actual.

Al contrario, la única responsable, la Administración, se dedica a enfrentar a temporales e interinos con los opositores aspirantes al turno libre; ambos colectivos en su legítimo derecho de ambicionar un puesto de trabajo al que le han dedicado tiempo y esfuerzo.

Un acuerdo de interinos y temporales que repite los mismos errores interesados

“Este pacto pone de relieve el fracaso de los anteriores acuerdos, 2017/2018. Lejos de solventar el problema de temporalidad, cae en los mismos errores interesados. Y se olvida de otras soluciones, que ya figuran en el EBEP, como el concurso extraordinario de méritos, en su artículo 61. U otras más imaginativas, como reconocer como plazas a extinguir las que ocupan todos los empleados públicos que pudieran estar en fraude de ley o situación de abusividad, como lo define el TJUE”, arguye Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Por ello, desde FAC-USO “le pedimos al Gobierno una apuesta real por la fijeza de los trabajadores temporales en fraude de ley. Algunos han dedicado toda su vida laboral a esta Administración que ahora los menosprecia y ningunea”. Deleito advierte, además, que “seguiremos buscando todos los resquicios legales para defender ante juzgados, tribunales e instituciones europeas estos casos abusivos”.

Por último, el secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO lamenta que “tras estos macroprocesos selectivos, hay un último interés de los firmantes: frotarse las manos con los cursos de formación que estas personas van a verse obligados a sumar para las baremaciones”.

La estacionalidad y la brecha de género marcan la bajada del paro en Madrid

La estacionalidad y la brecha de género marcan la bajada del paro en Madrid

Junio ha registrado la mayor bajada mensual del paro de la historia, empañada, como de costumbre, por la temporalidad en las contrataciones y la desigualdad por géneros en el ritmo de la recuperación. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó en 8.105 desempleados en junio (-1,89%), en relación al mes de mayo, hasta la cifra global de 419.949 personas en paro en la región, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año, el desempleo en la región sube un 0,66%, con 2.750 desempleados más. Con el fin de las restricciones en hostelería y la llegada del verano “volvemos a las mismos vicios estructurales de nuestro empleo: fiarlo al sol. Un descenso en el paro de los Servicios del que nos alegramos profundamente porque vuelven a la actividad personas que llevaban cerca de un año sin poder trabajar, pero que, como estructura laboral, debe experimentar cambios profundos”, reclama Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La Seguridad Social ganó en junio una media de 15.891 cotizantes en la Comunidad de Madrid respecto al mes de mayo (+0,49%), lo que situó el número total de ocupados en 3.280.220, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, la afiliación en la región aumentó un 4,84% más que el mismo mes del año anterior con 151.560 cotizantes más.

La mayor bajada del paro, con los mismos vicios

A nivel nacional, el número de parados bajó en 166.911 desempleados en junio (-4,4%), su mayor retroceso en cualquier mes desde que hay registros. “La recuperación es muy lenta, con 600.000 parados más que el último mes de junio ‘normal’, el de 2019. Por entonces, había 3.015.686 parados. Hoy, 3.614.339. Pero, además de ser lenta, es desigual. El paro con respecto al año pasado bajó el doble entre los hombres. Como ya ocurrió en la anterior crisis, las mujeres tardan mucho más en salir de ella, y, por haber sido esta una crisis también de los cuidados, demasiadas mujeres han salido del mercado laboral para volver a casa”, advierte Pérez.

A pesar de que son datos para un prudente optimismo, con 233.056 afiliados nuevos a la Seguridad Social de media (se han vuelto a sobrepasar levemente los 19,5 millones), el secretario general de USO recuerda que hay aún casi medio millón de personas en ERTE. “Algunos saldrán durante el verano, sí, pero no nos olvidemos de que no todos son de hostelería. Algunas empresas siguen muy golpeadas por la falta de actividad y otras, por desgracia, están abusando de las medidas de protección para sobrecargar ahorrar costes y sobrecargar a su plantilla, o para comenzar a convertir un ERTE en un ERE, como ya estamos empezando a ver”.

La contratación se ha acercado este mes a datos prepandemia, tanto en cantidad como en falta de calidad. Del total de contratos, el 90,4% fueron temporales. Y, de los indefinidos, el 35% fueron conversiones, bien por cumplir plazos o por detectarse fraude. “Lo que no valía en 2019 no puede ser válido ahora. Mes a mes, nos sirve cualquier bajada del paro porque hay demasiada gente en riesgo extremo de pobreza. Pero no puede seguirse sin un plan de recuperación serio, centrado en crear un tejido productivo fuerte y competitivo; con un pacto por el empleo, la investigación y el desarrollo sostenible; y unos servicios públicos de calidad basados igualmente en el empleo estable en las Administraciones. No podemos caer de nuevo en el conformismo de salvar verano tras verano”, exige Joaquín Pérez.

La Plataforma Sindical Plural solicita la paralización de la reforma de las pensiones

La Plataforma Sindical Plural solicita la paralización de la reforma de las pensiones

La Plataforma Sindical Plural, con sindicatos de amplia implantación en todos los sectores públicos y privados, ha solicitado por carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la paralización inmediata de la reforma de las pensiones de inminente publicación.

En el escrito dirigido al Ministro, las organizaciones que conforman la PSP lamentan “el oscurantismo y el veto a la participación de otras organizaciones durante todo el proceso”. Y que, conociéndose parte del contenido “por declaraciones de Ministerio, UGT, CCOO y CEOE recogidas por los medios, la PSP entiende que las medidas que contendrá la reforma de las pensiones van a empeorar seriamente el acceso y el importe de futuras pensiones, y perjudicarán gravemente las prestaciones de próximas generaciones”.

Empeora el acceso a las prestaciones

La reforma, al igual que la que se implantó en 2011 por obra de los mismos actores, supondrá un duro empeoramiento en el acceso a las prestaciones.

“Tras dos crisis económicas y laborales en la última década, será difícil para un gran número de personas trabajadoras haber alcanzado largas carreras de cotización al llegar a esa edad, y además sus cotizaciones vendrán condicionadas por la situación de bajos salarios que bien conoce”, le recuerda la Plataforma Sindical Plural a Escrivá.

La PSP pide un proceso más democrático y que escuche a un segmento más amplio de la sociedad, a sus representantes sindicales y sus propuestas. Ya que la garantía del sistema público de pensiones pasa fundamentalmente por más empleo y más estable, por mejores cotizaciones. Por lo tanto, “una reforma aislada será un mero parche. Debe ir acompañada de las reformas necesarias en materia de empleo y del mercado laboral; de transformación del sector servicios y una apuesta por una industria fuerte y sostenible, entre otras”.

La Plataforma Sindical Plural está formada por los sindicatos USO, Fetico, Satse, ANPE, Gestha, CCP y CSL.

Luces y sombras tras el descenso del paro en Madrid

Luces y sombras tras el descenso del paro en Madrid

Luces y sombras al conocer los datos del paro de mayo, que registra el cuarto mayor descenso en relación al mes de abril. Una buena noticia que alivia la situación de casi 10.600 hogares. El descenso madrileños desempleados en un 2,41% está casi un punto por debajo de la media nacional, en buena parte debido a “un efecto rebote del fin de las medidas más restrictivas y de la vuelta del turismo y la hostelería”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

El dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados es el de Servicios, con 338.422, lo que se traduce en 8.410 menos que en abril; seguido de Construcción, con 31.297, que cuenta con 620 parados menos. Por su parte, destaca Industria, con 23.685, lo que supone un total de 653 desempleados menos y Agricultura, con 3.369 desempleados en este sector, lo que se traduce en 113 parados menos. “No podemos volver a pecar de apostar por un solo sector: en 2008 fue la construcción y ahora es el turismo el golpeado. La creación de empleo exprés no ofrece ninguna garantía de futuro”, advierte Pérez.

Del total de contratos, 33.519 fueron indefinidos en Madrid, lo que supone 707 más de los firmados en abril, una subida del 9,31%. Los temporales sumaron 154.954, lo que supone 19.547 más que en el mes anterior (+14,4%).

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid, que suman 428.054 personas en paro, 180.082 son hombres y 247.972 son mujeres. Además, 35.385 desempleados de la región tienen menos de 25 años, de los cuales 18.631 son hombres y 16.754 son mujeres.

Un total de 211.364 personas en la región percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades existentes. En concreto, 125.008 personas obtuvieron prestación contributiva; 74.202, subsidio y 12.154, renta activa de inserción.

La cuantía media de prestación contributiva recibida por beneficiario en la Comunidad fue de 881,9 euros. Además, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 313 millones de euros en la región.