Varias decenas de personas se han manifestado este lunes frente a las oficinas centrales de Carrefour en Madrid para exigir la rescisión del contrato de esta empresa con Ombuds Seguridad, que adeuda a sus trabajadores la nómina de junio y la extra de julio, y que se ha declarado en concurso de acreedores.
Esta manifestación se ha celebrado de forma simultánea y paralela en multitud de ciudades de España en un total de 14 concentraciones convocadas por USO frente a los centros donde Ombuds presta servicio.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, junto a la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García, y el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Basilio A. Febles, han mantenido un encuentro con el Departamento de Recursos Humanos de Carrefour España, principal cliente de Ombuds Seguridad, en el que la compañía ha confirmado que el próximo 8 de agosto rescindirá sus contratos con la empresa de vigilancia.
El secretario general de la FTSP-USO, Basilio A. Febles, considera positiva la decisión adoptada por Carrefour, “que va en la línea de nuestra principal reivindicación: que los clientes de Ombuds rescisdan sus contratos y el servicio de vigilancia se adjudique a otras empresas solventes y con garantías”.
Ahora le toca a IFEMA, Metro de Madrid y Patrimonio
“Agradecemos a Carrefour que haya tomado esta decisión tan rápidamente ya que, de esta manera, los trabajadores no tendrán que pasar más tiempo sin cobrar sus nóminas. El 9 de agosto se hará cargo de la vigilancia de los centros de Carrefour otra empresa que subrogará a los trabajadores de Ombuds y que contará con solvencia económica para hacer frente al pago de sus obligaciones”, continúa Febles.
Además, el secretario general de la FTSP-USO hace un llamamiento “al resto de clientes de Ombuds, entre los que se encuentra IFEMA, Metro de Madrid o Patrimonio, para que anulen sus contratos de la manera más rápida, evitando así que los trabajadores se vean afectados por el concurso de acreedores”.
Ombuds Seguridad, que cuenta con una plantilla de 7.500 trabajadores, atraviesa una difícil situación económica, tras cerrar el ejercicio 2018 con más de 41 millones de deuda, la gran mayoría contraída con Hacienda y la Seguridad Social.
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