por Juan José Rodríguez | Mar 8, 2018 | Acción sindical, Igualdad, Mujer
Once años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; después de dos procesos de elecciones generales en los últimos cuatro años, y de la brutal crisis económica de los últimos tiempos, desde USO continuamos denunciando la deficitaria aplicación y falta de acompañamiento presupuestario de esta ley.
Insistimos en que uno de los principales indicadores de calidad de vida de la población es el acceso en igualdad de oportunidades, para mujeres y hombres, a todos los ámbitos de la vida. El derecho al trabajo digno, que emana de la Constitución Española, es una condición esencial para la igualdad de derechos efectiva, para la independencia económica y la realización profesional de las personas.
Desde USO, centramos nuestra campaña reivindicativa de este 8 de Marzo en la situación laboral de las mujeres y, con el lema “Rompamos la etiqueta de la precariedad femenina”.
Denunciamos no solo la desigualdad existente, sino que las mujeres, por el mero hecho de serlo, generalmente tienen condiciones laborales y sociales más precarias durante toda su vida.
Desde que son jóvenes, las mujeres acceden, en su mayoría, a puestos de trabajo parciales o temporales, lo que repercute en inferiores salarios y cotizaciones a la Seguridad Social desde edades tempranas. Esa etiqueta, la de la precariedad laboral, se extiende durante toda la vida laboral de la mujer.
Las mujeres de mediana edad ven condicionada esta fase de su vida laboral por la maternidad y los cuidados de sus hijos e hijas. Para muchas empresas, que una mujer se encuentre en edad fértil o con hijos sigue siendo un problema. Después de ser madres, la mayoría de las mujeres acceden a puestos de trabajo con contratos parciales o con remuneraciones inferiores a las de los hombres. Otro condicionante fundamental es que las mujeres siguen teniendo en nuestra sociedad el rol de cuidadoras: esto y la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral las lleva a elegir trabajar un menor número de horas o incluso dejar el trabajo para hacerse cargo de los cuidados familiares. Todo ello se traduce en una disminución del tiempo y de las cantidades cotizadas a la Seguridad Social.
Durante la vejez, tras cotizaciones marcadas por contratos temporales y a tiempo parcial, las pensiones de las mujeres son un 40% inferiores a las de los hombres.
El 71% de las pensiones que están por debajo del SMI son de mujeres. Esto hace que muchas mujeres pensionistas sean cada vez más pobres y que, tras toda una vida trabajando, no puedan tener una vejez digna.
Durante este último año, tenemos ejemplos recientes de países europeos que han apostado de manera real por acabar con la brecha salarial.
En enero, el Gobierno Español, refiriéndose a imponer un sistema de sanciones con el fin de reducir la brecha salarial -el 14,9% en nuestro país-, ya ha dejado claro que, a pesar de la tendencia de los países europeos a acabar con ella, no quiere hablar de este tema.
Por ello, consideramos que es ahora cuando más fuerza tenemos que darle a estas reivindicaciones por parte de la sociedad y de los agentes sociales, y dejar bien claro que la ciudadanía quiere acabar con la precariedad laboral y social femenina.
Desde la USO, pedimos una legislación que vaya más allá de la igualdad legal, y que se transforme en una igualdad de oportunidades real, que tenga en cuenta estos modelos puestos en marcha y considere la igualdad salarial efectiva en empresas públicas y privadas en su propia génesis, sin venir condicionada en ningún caso por el número de trabajadoras y trabajadores que ejerzan la actividad, y que garanticen la igualdad salarial desde el mismo momento en que comienza la relación laboral.
Otra de nuestras grandes reivindicaciones es la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre de 2017. Desde la USO, exigimos que las medidas planteadas lleven acompañamiento presupuestario para acabar con esta lacra social.
A finales de enero, aún no se habían firmado los Presupuestos Generales del Estado para 2018, por lo que el gobierno no había liberado la cantidad de 200 millones que prometió para arrancar el pacto en el primer cuatrimestre de 2018.
Por todo ello, desde USO continuaremos luchando para romper la etiqueta de la precariedad que acompaña a las mujeres desde el inicio de su vida y exigimos acabar con la brecha salarial, con la precariedad en la contratación femenina, con el techo de cristal, con el desempleo femenino y con la violencia de género. Asimismo, exigimos planes reales de conciliación y corresponsabilidad, que posibiliten a las mujeres desarrollar su carrera profesional en igualdad de oportunidades, así como una mayor apuesta por la educación y la concienciación para la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
Este 8 de marzo, rompamos la etiqueta de la precariedad femenina.
por Juan José Rodríguez | Feb 27, 2018 | Acción sindical, Igualdad, Mujer
Los tribunales cántabros han reconocido como enfermedad profesional una dolencia que padecía una limpiadora en el túnel carpiano, resolución novedosa en Cantabria para un sector que concentra a cerca de 6.000 trabajadores al mes. El Juzgado de lo Social nº 2 de Santander estima la demanda interpuesta por el sindicato USO y presentada contra la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al dictar esta administración una resolución que confirmaba como enfermedad común la baja de una trabajadora de la limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, perteneciente a la empresa Ferrovial, por la citada lesión.
El INSS alegó que en el Real Decreto 1299/2006, que enumera las enfermedades profesionales y la lista de los sectores laborales afectados, no se encuentra registrado el sector de la limpieza en relación a la dolencia del «síndrome del túnel carpiano».
La defensa de la afectada, de 47 años y que estuvo de baja y fue operada por la mencionada lesión, aludió por su parte a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para determinar si se trata de una enfermedad profesional hay que analizar si el causante reúne los tres requisitos que la norma exige para ello.
La labor de limpieza puede encajar en otras tareas que están reconocidas como contigencia
Los mismos son, de acuerdo con el TS, «que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad».
«Aún cuando no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional», la tarea que desempeña una limpiadora «podría tener encaje en otras profesiones o actividades» que sí están reconocida como contingencia profesional, recoge el fallo.
Así las cosas, la titular del Juzgado número dos de Santander, Nuria Perchín, asume en esta sentencia y por primera vez en Cantabria la doctrina jurisprudencial, y con ello abre la puerta a un sector «tan numeroso» como el de limpieza la calificación de enfermedad profesional para esta dolencia muy extendida y padecida entre estos trabajadores.
El fallo no es firme y deberá ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Noticias cogida de El Diario Montañés. Texto completo en: http://www.eldiariomontanes.es/economia/juez-reconoce-dolencia-20180226200721-ntvo.html
por Juan José Rodríguez | Feb 12, 2018 | Acción sindical, Igualdad, Mujer
USO hace un llamamiento a realizar estos paros parciales para reivindicar los derechos de la mujer en el trabajo. Estos paros vendrán respaldados por concentraciones de cinco minutos en los centros de trabajo, a las 12:00 y 16:00 horas según el turno, para apoyar la campaña impulsada desde la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de promover la directiva comunitaria que mejore el sistema de licencias de paternidad retribuida y de licencias para los cuidados familiares.
La brecha salarial es una de las disigualdades más fragrantes: las mujeres ganan de media un 23% menos que los hombres.
“Desde la USO, queremos darle un toque de atención a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo para que apoyen esta directiva, que equilibraría la carga de los cuidados familiares entre hombres y mujeres”, reclama Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de la USO.
USO lleva años organizando actos reivindicativos para luchar por la equiparación real de la situación de la mujer en el mundo laboral. Este año, “lo hacemos bajo el lema ‘Rompamos la etiqueta de la precariedad femenina’, porque aunque la precariedad la sufren muchos trabajadores en España, sigue teniendo un tinte marcadamente femenino. Desde jóvenes, acceden a puestos más inestables y peor remunerados; padecen en la edad adulta los recortes de jornada o la discriminación por la maternidad; y todo ello deriva en unas pensiones un 40% más bajas por las menores cotizaciones durante toda su vida laboral”, explica Dulce Moreno.
Por todo eso, finaliza la Secretaria de Igualdad, “la USO se une al movimiento internacional que reclama acciones contundentes para este 8 de Marzo y, además de promover los paros en las empresa, organizaremos diversos actos de protesta en todos los territorios”.
por Juan José Rodríguez | Ene 8, 2018 | Acción sindical, Enseñanza, Igualdad, Mujer
La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, tal y como ha reseñado en su balance de 2017. La institución presidida por Francisco Fernández Marugán ha considerado que las distintas administraciones deben luchar contra esta lacra social con dos enfoques: género e infancia. En este sentido, aboga por poner en marcha mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos, y tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos, superando las 750 actuaciones de oficio. En total, se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Otro asunto que ha centrado la actividad del Defensor del Pueblo ha sido la defensa de los derechos de las personas migrantes, reclamando mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y solicitando infraestructuras adecuadas con personas y recursos para atender eficazmente las llegadas de personas en situación irregular. También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Institución inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros. El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica.
También, la institución abrió una investigación de oficio tras conocer las detenciones de los periodistas turcos Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, sujetos a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía. El Defensor del Pueblo reclamó que se tuviese en cuenta la situación actual de los Derechos Humanos en Turquía a la hora de establecer las fases del procedimiento de extradición de los dos periodistas, extradición que finalmente rechazó el Gobierno.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos.
La protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica ha sido otro de los ejes de actuación del Defensor del Pueblo en 2017, proponiendo reducir la parte fija de la factura eléctrica; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
En cuanto al copago sanitario, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, proponiendo la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves, así como eximir a las personas con discapacidad con grado reconocido, y a aquellas con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo.
En el ámbito educativo, se continuó el trabajo en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad, recomendando que los escolares con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el balance de 2017, el Defensor del Pueblo también hace mención especial al fin de la huelga de examinadores de tráfico, apoyada por la USO, tras cinco meses de paros; conflicto en el que, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, reclamó a la DGT medidas urgentes, interesándose por el posible déficit estructural que soporta la plantilla de examinadores de tráfico.
por Juan José Rodríguez | Dic 4, 2017 | Igualdad, Mujer
La secretaria de Igualdad de USO Madrid, Belén Navarro, participó este fin de semana en la Jornada de Diversidad Feminista, organizada por diversas asociaciones feministas, sindicales y de migrantes, en el Centro Cultural Galileo.
En dicha jornada contó con cuatro mesas: «Feminismo intercultural y nuevas corrientes feministas»; «Feminismo de hoy, feminismo de siempre»; «Feminismo sindical», donde por USO participará Belén Navarro, secretaria de Igualdad de USO Madrid; y «Feminismo de siempre, feminismo de hoy», donde se recogerán desde diferentes perspectivas y protagonistas la situación del movimiento feminista, por lo menos en Madrid y ahora. En la apertura y cierre estarán representantes municipales.
Entre las organizaciones participantes se encuentran la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, la Asociación de Mujeres Saharauis en España, la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, Comisión 8 de Marzo, Comité de Culturas Lesbianas,, Federación de Mujeres Progresistas, Partido Feminista de España / Vindicación Feminista, Centro de Estudios de la Mujer de Fuenlabrada, Movimiento democrático de la Mujer, Asamblea Feminista de Madrid, Forum Política Feminista, Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt, Mujeres del Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Madrid, CGT en Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, CCOO Madrid, UGT Madrid y USO-Madrid.
(Foto: Agustín Millán)
por Juan José Rodríguez | Nov 25, 2017 | Acción sindical, Igualdad, Mujer
De nuevo, desde USO, aprovechamos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como altavoz para transmitir nuestra más profunda repulsa y condena firme contra la violencia machista, así como el compromiso de nuestra organización para sumar nuestras fuerzas en la lucha para su erradicación.
Esta lacra social, a fecha de 22 de octubre, ha supuesto, en nuestro país, el asesinato de cuarenta y dos mujeres, existiendo otros tres casos aún en investigación y de siete menores. Quedando, hasta el momento, veintiún menores huérfanos. Es alarmante que las cifras de este año superen en octubre al total de asesinatos de todo 2016.
De las mujeres asesinadas, sólo el 19% habían interpuesto denuncia. Un dato que en algunas ocasiones se utiliza como recriminación a las víctimas, en lugar de plantearnos qué está fallando para que haya tan pocas denuncias, para que las víctimas no se sientan lo suficientemente seguras y respaldadas por el sistema y la sociedad, como para pedir ayuda para salir de su infierno.
La USO ha denunciado en anteriores campañas la peligrosa contribución de las consecuencias de la crisis económica y de la reforma laboral al recrudecimiento de la violencia contra las mujeres que sufren especialmente el desempleo y la precariedad laboral. En los últimos años se ha producido un descenso de las denuncias, no por una disminución de este tipo de violencia, sino por la situación de crisis que agrava aún más la dependencia económica de las víctimas y les impide poner fin a esa situación.
El componente económico se suma a las dificultades, el desamparo y el desconocimiento que tienen las víctimas sobre cómo actuar y dónde acudir cuando son conscientes de estar sufriendo violencia de género. Cuando dan ese paso, en muchas ocasiones se encuentran con el cuestionamiento de su entorno y la sociedad, con las trabas, el desconocimiento y los problemas del sistema judicial que puede llegar a provocar una revictimización.
Desde USO este año queremos poner el foco en este fenómeno que padecen las víctimas de violencia machista y que hace que la mayoría de ellas no lleguen a dar el paso de denunciar su situación. La victimización secundaria o doble victimización, se produce en el largo y duro proceso que tienen que realizar las mujeres que sufren violencia de género por instancias policiales, judiciales, de salud, de atención a la mujer, etc… donde deben revivir una y otra vez su situación de violencia, enfrentarse de nuevo a su agresor. Donde, por falta de medios o formación, no siempre se encuentran con la comprensión, el asesoramiento, el acompañamiento y la empatía necesarias.
Capítulo aparte merece la incidencia de los estereotipos de género en el cuestionamiento de la víctima. Uno de los errores más comunes al abordar la violencia de género es pensar que existe un perfil del agresor y de la víctima, así como minimizar la importancia de los hechos que ésta relata. Esta situación se da en la sociedad en general, y las instancias policiales y judiciales no son una excepción, con lo que, en un entorno en el que se tenía que sentir protegida, en algunos casos la víctima se siente cuestionada, juzgada y vulnerable, haciéndole desistir de continuar con el proceso.
El impacto de las políticas de recorte ha sido brutal en lo que respecta a la política de prevención de la violencia y protección de las víctimas. Desde 2008 ha descendido un 50% la inversión en políticas contra la violencia de género, lo que supone un agravamiento determinante de la doble victimización, al reducirse los medios humanos, las ayudas y la protección.
En el ámbito laboral, es donde nuestra labor directa como representantes de los trabajadores debe servir para evitar que las víctimas lo sean dos veces. Debemos informar de cuáles sus derechos, acompañarlas en el proceso, velar por su seguridad y estabilidad en el empleo. Dentro de la negociación colectiva, tanto en los convenios, acuerdos y Planes de Igualdad, es necesario que hagamos nuestros planteamientos con perspectiva de género y teniendo en cuenta a las víctimas.
En este sentido, desde USO, este hemos incluido a las víctimas de violencia machista en nuestro reglamento de la Caja de Resistencia y Solidaridad para que sea una causa de cobertura por invalidez o fallecimiento.
Una de las pocas buenas noticias de este 2017 ha sido la aprobación del tan necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde USO celebramos que se haya llegado, con sus carencias, a un acuerdo tan relevante como éste, resaltando uno de los principales puntos que siempre hemos exigido; que las medidas planteadas lleven acompañamiento presupuestario, para que puedan ser aplicadas. A pesar de la dotación presupuestaria inicial de 1.000 millones a distribuir en 5 años, partimos de unos recortes tan brutales, que entendemos que es necesario un compromiso económico a largo plazo.
¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
