Raquel Bordoy, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO-Madrid, asistió a la Jornada “Materializando los derechos sociales: avances y retos”, organizada por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español). Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, pronunció el discurso de inauguración.

 

La jornada abordó las políticas de lucha contra la pobreza y de garantía de derechos sociales impulsadas por el ministerio, el grado de cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y los desafíos pendientes. Entre ellos, los relativos a la tramitación de las leyes de Familia, Vivienda y Servicios Sociales, y a la futura presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, la pandemia provocada por el covid agravó las cifras de pobreza, pese al efecto amortiguador de las medidas incluidas en el Escudo Social. Así, más de 13 millones de personas en España vivían en situación de pobreza y exclusión social en 2021.

USO-Madrid quiere destacar la importancia de algunos puntos planteados en las ponencias:

      • España es una de los países de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Un tercio de los niños y niñas españoles están en situación de riesgo de pobreza. Una cifra muy elevada que debería activar políticas eficaces para reducirla de forma drástica.
      • Según los informes realizados por Cáritas, una de cada siete familias no puede afrontar los gastos de una vivienda, pues tienen que priorizar otras necesidades básicas, como alimentarse o vestirse, antes de hacer frente a estos pagos.
      • Muchas de las transferencias sociales no impactan en las familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social, las que verdaderamente lo necesitan, porque ni siquiera pueden acceder a ellas.
      • La burocratización de los servicios sociales y la saturación de trabajo que sufren implica falta de tiempo para dedicarse al trabajo comunitario.
      • Es necesario que los derechos que son aprobados para eliminar las desigualdades puedan materializarse ante la justicia. Si eso no es posible, el derecho se queda en papel mojado y no surte efectos.