por Prensa USO-Madrid | Ene 15, 2018 | Acción sindical, Empleo
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dictado dos sentencias que suponen un duro revés a la empresa pirata Marsegur/Novosegur. Ambas sentencias son un paso adelante en la lucha de la FTSP-USO contra las empresas pirata.
La primera de ellas, es una sentencia por la que se estima la demanda interpuesta por las tres organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO, sobre vulneración del derecho de huelga que se convocó para los días 25 y 26 de septiembre de 2017 en la empresa Marsegur, la cual incurre con ello en una actuación claramente lesiva al derecho fundamental de huelga de las tres centrales sindicales demandantes que convocan la huelga así como de los trabajadores de la empresa que se han visto afectados por tal decisión empresarial y privados del derecho de huelga.
La propia sentencia, fija una indemnización de 6.251 euros, para cada uno de los tres sindicatos demandantes para compensar al sujeto afectado por la violación del derecho fundamental.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Primer Convenio Colectivo de la empresa Marsegur, por entender que la Comisión Negociadora no se hallaba válidamente constituida por cuanto sus integrantes no ostentaban la condición de representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, no cumpliendo con el principio de correspondencia en tanto que no representaban a todos los trabajadores de la empresa.
Además, se estimaba que las tablas salariales eran nulas por implicar una aplicación retroactiva del Convenio en perjuicio de los trabajadores, así como que resultaba lesivo para las empresas de seguridad en general en tanto que confería a la demandada menores costes laborales que los establecidos en el convenio sectorial, otorgando a la demandada una posición de ventaja.
por Prensa USO-Madrid | Ene 11, 2018 | Acción sindical, Empleo
Huelga indefinida de trabajadores de Emergencias 112
Los trabajadores de Emergencias 112 ha iniciado una huelga indefinida en el servicio de atención de llamadas de emergencias de la Comunidad de Madrid. Los cuatro sindicatos que forman parte del Comité de empresa (UGT, CCOO, USO y CSIT-UNIÓN PROFESIONAL) exigen a la presidenta Cifuentes que cumpla los acuerdos firmados y garantice la salud laboral de todos los trabajadores. Indican que están documentados varios requerimientos por la ocultación de accidentes de trabajo, los elevados índices de bajas médicas por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y la nula conciliación de la vida laboral y familiar.
Recuerdan los distintos acuerdos que han firmado consejeros, viceconsejeros y gerentes del PP desde el año 2005 y que se han incumplido sistemáticamente.
A modo de ejemplo, a día de hoy, siguen sin calendario laboral del 2018, prorrogándose el de 2016 por falta de acuerdo ya que siguen sin reconocerles la singularidad de sus jornadas debido al régimen especial de trabajo a turnos, la nocturnidad, la compensación de domingos y festivos y la aplicación de las recomendaciones del Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid y de los requerimientos de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral.
Además, el comité de empresa informa que los escasos Operadores de Emergencias que han sido contratados en periodo navideño, serán despedidos a mediados de enero y no habrá nuevas incorporaciones hasta que se convoque la OPE de 2018 con 20 plazas que años atrás amortizaron y a que al denunciar públicamente se comprometieron a cubrir.
Los trabajadores del 112 que el pasado 1 de enero cumplió 20 años y que ha sido galardonado en numerosas ocasiones por la prestación de un servicio público esencial como los atentados del 11M o el accidente de avión de Barajas, se quejan de los continuos engaños de la Comunidad de Madrid y van a defender con firmeza sus derechos y el de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid a recibir un servicio de calidad con las mejores condiciones.
por Prensa USO-Madrid | Ene 10, 2018 | Acción sindical, Empleo
La Sección Sindical de USO en ElPozo ha firmado un acuerdo con la empresa y el resto de sindicatos representados en el Comité de Empresa por el cual se convertirán en fijos 700 contratos temporales en los próximos cuatro años.
Este pacto supone el mayor avance por el empleo estable que se haya dado en ElPozo Alimentación S.A. y parte de una denuncia presentada por USO en el mes de junio ante la Inspección de Trabajo de Murcia. En ella, USO se hacía eco de la nefasta política en materia de contratación que efectuaba la compañía, con un 50% de contratos temporales.
Durante el primer trimestre de 2018 se convertirán en fijos 250 contratos temporales; 200 se conmutarán en enero de 2019; 150 en 2020 y 100 en 2021. Al terminar la aplicación del acuerdo, la contratación temporal deberá estar por debajo del 30%.
Este acuerdo colectivo también incluye mejoras en cuanto a la subcontratación.
Este acuerdo colectivo también incluye mejoras en cuanto a la subcontratación, ya que durante los próximos tres años ElPozo se compromete a no externalizar líneas y áreas productivas; y también una categorización mejor distribuida y que favorezca los ascensos, que crecen porcentualmente.
Todo esto ha sido posible “gracias a la fuerza ejercida por USO en la negociación, puesto que todo se ha conseguido en la Mesa a cambio de abandonar la vía judicial que habíamos comenzado en la Inspección de Trabajo”, señala Miguel Ángel Abellán, representante de la USO en el Comité de Empresa de ElPozo Alimentación.
por Prensa USO-Madrid | Ene 9, 2018 | Acción sindical, Salud laboral
En nuestra sociedad, el reconocimiento de enfermedades de origen laboral supone de forma frecuente un camino largo y difícil para las personas afectadas por estas de forma que, muchas veces, este tortuoso proceso se ve truncado o termina culminando en su propio desistimiento o en el de sus familiares directos.
Desde una perspectiva global, uno de los instrumentos de mayor utilidad para el reconocimiento de enfermedades profesionales es la jurisprudencia que emana de los Tribunales de Justicia, la cual constituye un referente legal de base para quienes han sufrido o en un futuro puedan sufrir daños relacionados con la exposición a agentes peligrosos en el trabajo, como pueden ser agentes de naturaleza química, física o biológica.
Uno de los avances destacados conseguidos en 2017 en esta materia ha sido el reconocimiento mediante sentencia firme de una silicosis sufrida por un montador de pladur como enfermedad profesional, lo que ha permitido que al trabajador afectado le haya sido concedida una incapacidad permanente total.
La Sentencia, procedente de la Sección 6ª de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y emitida con fecha 3 de junio de 2017, asienta que es un hecho incontestable la exposición del trabajador a trabajos con ambiente contaminado por polvo de sílice desde su afiliación al sistema de Seguridad Social, por lo que se considera acreditada la relación de causalidad entre la actividad profesional ejercida a lo largo del tiempo y el daño sufrido. El trabajador desempeñaba sus funciones de forma habitual como montador de pladur, material compuesto por placas de yeso que se encuentran separadas generalmente por cartón o celulosa y que suele utilizarse en la construcción o en acabados de interiores. El trabajador se encontraba expuesto a polvo de sílice procedente del cartón-yeso con el que desarrollaba sus tareas.
Esta sentencia es especialmente relevante, ya que es la primera vez en España que se declara probado el origen laboral de una silicosis de un trabajador a causa del contacto directo con el cartón-yeso al que se encontraba expuesto a polvo de sílice durante su jornada laboral. Asimismo, supone una puerta abierta a que trabajadores de otras profesiones que padezcan silicosis habiendo estado expuestos laboralmente al polvo de cartón-yeso puedan ver reconocida esta como enfermedad profesional.
por Prensa USO-Madrid | Ene 8, 2018 | Acción sindical, Enseñanza, Igualdad, Mujer
La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, tal y como ha reseñado en su balance de 2017. La institución presidida por Francisco Fernández Marugán ha considerado que las distintas administraciones deben luchar contra esta lacra social con dos enfoques: género e infancia. En este sentido, aboga por poner en marcha mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos, y tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos, superando las 750 actuaciones de oficio. En total, se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Otro asunto que ha centrado la actividad del Defensor del Pueblo ha sido la defensa de los derechos de las personas migrantes, reclamando mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y solicitando infraestructuras adecuadas con personas y recursos para atender eficazmente las llegadas de personas en situación irregular. También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Institución inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros. El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica.
También, la institución abrió una investigación de oficio tras conocer las detenciones de los periodistas turcos Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, sujetos a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía. El Defensor del Pueblo reclamó que se tuviese en cuenta la situación actual de los Derechos Humanos en Turquía a la hora de establecer las fases del procedimiento de extradición de los dos periodistas, extradición que finalmente rechazó el Gobierno.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos.
La protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica ha sido otro de los ejes de actuación del Defensor del Pueblo en 2017, proponiendo reducir la parte fija de la factura eléctrica; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
En cuanto al copago sanitario, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, proponiendo la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves, así como eximir a las personas con discapacidad con grado reconocido, y a aquellas con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo.
En el ámbito educativo, se continuó el trabajo en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad, recomendando que los escolares con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el balance de 2017, el Defensor del Pueblo también hace mención especial al fin de la huelga de examinadores de tráfico, apoyada por la USO, tras cinco meses de paros; conflicto en el que, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, reclamó a la DGT medidas urgentes, interesándose por el posible déficit estructural que soporta la plantilla de examinadores de tráfico.
por Prensa USO-Madrid | Dic 27, 2017 | Acción sindical
Finnair se implantó en España en 2012, tiempo desde el que los TCPs carecían de representación sindical. Esta aerolínea cuenta con un modelo empresarial externalizado, con base en Madrid y Barcelona, y el personal de cabina está contratado a través de Atlas Servicios Empresariales, que forma parte del grupo Adecco.
USO ha vuelto a conseguir representatividad en otra de las aerolíneas que externalizan los servicios de TCP en nuestro país, y seguirá luchando contra la precariedad que caracteriza a este sector, por lo que como ya hizo en el caso de Norwegian, solicitará la negociación de un convenio colectivo que mejore los derechos laborales de su personal, así como regularizar la contratación de los TCPs de acuerdo con la legislación española.
