por Juan José Rodríguez | Jul 7, 2021 | Empleo
El Gobierno ha cerrado con “sus” sindicatos un acuerdo en el último minuto de la prórroga para pasar el examen parcial de Bruselas, pero que no va al fondo del problema estructural de la Administración y sus plantillas, tanto personal funcionario como interinos y otro personal temporal en fraude de ley. El acuerdo, que fía la estabilización a los concursos-oposición y a la aplicación de despidos procedentes, penaliza a los trabajadores y exime de toda culpa al empresario, a la Administración.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia Bruselas, para el reparto de fondos de recuperación, tienen la temporalidad del empleo público en España en el punto de mira. El plazo para ese acuerdo expiraba ayer, toda vez que hoy se celebra el Consejo de Ministros que debe darle la bendición antes de enviarlo a la capital comunitaria.
Tras años de mirar para otro lado y dejar que la bola se fuera haciendo mayor, el acuerdo se resolvió con urgencia y poca originalidad: concursos-oposición.
En qué consiste el acuerdo para reducir la temporalidad en la Administración
El acuerdo se centra en los siguientes puntos, que, en resumen, sitúan el pago de las responsabilidades en los trabajadores:
- Por un lado, establece la duración máxima de un contrato temporal en tres años.
- Por otro, lo establece con efectos retroactivos: deberán regularizarse como plazas fijas aquellos puestos que hayan estado ocupados durante tres años o más hasta el 31 de diciembre de 2020. El Gobierno calcula que son en torno a 300.000 plazas. Desde FAC-USO defienden que hay al menos 800.000 casos de temporalidad abusiva y que podrían ser incluso cerca de un millón. La opacidad en los datos administrativos impide un censo fehaciente.
- La estabilización se haría por medio de ofertas de empleo público masivas donde la parte de méritos alcanzaría el 40% de la valoración, una vez aprobado el examen común. Este proceso se extendería hasta 2024.
- La Administración aplicará un despido objetivo a todos aquellos interinos que han ocupado esos puestos y no consigan la plaza en los concurso. Es decir, la Administración contrata en fraude de ley, los contratados pagan con su puesto de trabajo y la Administración solo le cambia el DNI a la plaza.
- Cada interino o temporal en fraude de ley recibirá una compensación de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. La Administración perpetrará así el mayor despido colectivo de la historia de España, amparado en la Reforma Laboral que promete aligerar en esos artículos más lesivos que tan oportunos le resultan cuando actúa como patronal.
- El interino o temporal, eso sí, accederá a nueva “bolsa de empleo” gracias a la cual podrá ser de nuevo… interino o temporal.
La Administración, sin responsabilidades
Indemnizaciones irrisorias para personas que han llegado a estar 25 años en su puesto de trabajo, pero indemnidad para las Administraciones. En similar situación, cualquier empresa privada recibiría amonestaciones y multas de mayor o menor cuantía. La Administración, sin embargo, con casi un millón de trabajadores en situación irregular o fraudulenta, no recibirá ningún tipo de sanción por haber abusado de la temporalidad tan irresponsablemente.
El TJUE obliga a imponer sanciones y medidas disuasorias para que no se repita esta situación, pero el acuerdo entre Administración y sindicatos pasa de puntillas por este tema, y solo refleja a futuro qué supondrá para aquellas que reincidan en el comportamiento. Ni mención a los causantes de la situación actual.
Al contrario, la única responsable, la Administración, se dedica a enfrentar a temporales e interinos con los opositores aspirantes al turno libre; ambos colectivos en su legítimo derecho de ambicionar un puesto de trabajo al que le han dedicado tiempo y esfuerzo.
Un acuerdo de interinos y temporales que repite los mismos errores interesados
“Este pacto pone de relieve el fracaso de los anteriores acuerdos, 2017/2018. Lejos de solventar el problema de temporalidad, cae en los mismos errores interesados. Y se olvida de otras soluciones, que ya figuran en el EBEP, como el concurso extraordinario de méritos, en su artículo 61. U otras más imaginativas, como reconocer como plazas a extinguir las que ocupan todos los empleados públicos que pudieran estar en fraude de ley o situación de abusividad, como lo define el TJUE”, arguye Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.
Por ello, desde FAC-USO “le pedimos al Gobierno una apuesta real por la fijeza de los trabajadores temporales en fraude de ley. Algunos han dedicado toda su vida laboral a esta Administración que ahora los menosprecia y ningunea”. Deleito advierte, además, que “seguiremos buscando todos los resquicios legales para defender ante juzgados, tribunales e instituciones europeas estos casos abusivos”.
Por último, el secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO lamenta que “tras estos macroprocesos selectivos, hay un último interés de los firmantes: frotarse las manos con los cursos de formación que estas personas van a verse obligados a sumar para las baremaciones”.
por Juan José Rodríguez | Jul 2, 2021 | Economía, Empleo, Igualdad
Junio ha registrado la mayor bajada mensual del paro de la historia, empañada, como de costumbre, por la temporalidad en las contrataciones y la desigualdad por géneros en el ritmo de la recuperación. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó en 8.105 desempleados en junio (-1,89%), en relación al mes de mayo, hasta la cifra global de 419.949 personas en paro en la región, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En el último año, el desempleo en la región sube un 0,66%, con 2.750 desempleados más. Con el fin de las restricciones en hostelería y la llegada del verano “volvemos a las mismos vicios estructurales de nuestro empleo: fiarlo al sol. Un descenso en el paro de los Servicios del que nos alegramos profundamente porque vuelven a la actividad personas que llevaban cerca de un año sin poder trabajar, pero que, como estructura laboral, debe experimentar cambios profundos”, reclama Joaquín Pérez, secretario general de USO.
La Seguridad Social ganó en junio una media de 15.891 cotizantes en la Comunidad de Madrid respecto al mes de mayo (+0,49%), lo que situó el número total de ocupados en 3.280.220, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, la afiliación en la región aumentó un 4,84% más que el mismo mes del año anterior con 151.560 cotizantes más.
La mayor bajada del paro, con los mismos vicios
A nivel nacional, el número de parados bajó en 166.911 desempleados en junio (-4,4%), su mayor retroceso en cualquier mes desde que hay registros. “La recuperación es muy lenta, con 600.000 parados más que el último mes de junio ‘normal’, el de 2019. Por entonces, había 3.015.686 parados. Hoy, 3.614.339. Pero, además de ser lenta, es desigual. El paro con respecto al año pasado bajó el doble entre los hombres. Como ya ocurrió en la anterior crisis, las mujeres tardan mucho más en salir de ella, y, por haber sido esta una crisis también de los cuidados, demasiadas mujeres han salido del mercado laboral para volver a casa”, advierte Pérez.
A pesar de que son datos para un prudente optimismo, con 233.056 afiliados nuevos a la Seguridad Social de media (se han vuelto a sobrepasar levemente los 19,5 millones), el secretario general de USO recuerda que hay aún casi medio millón de personas en ERTE. “Algunos saldrán durante el verano, sí, pero no nos olvidemos de que no todos son de hostelería. Algunas empresas siguen muy golpeadas por la falta de actividad y otras, por desgracia, están abusando de las medidas de protección para sobrecargar ahorrar costes y sobrecargar a su plantilla, o para comenzar a convertir un ERTE en un ERE, como ya estamos empezando a ver”.
La contratación se ha acercado este mes a datos prepandemia, tanto en cantidad como en falta de calidad. Del total de contratos, el 90,4% fueron temporales. Y, de los indefinidos, el 35% fueron conversiones, bien por cumplir plazos o por detectarse fraude. “Lo que no valía en 2019 no puede ser válido ahora. Mes a mes, nos sirve cualquier bajada del paro porque hay demasiada gente en riesgo extremo de pobreza. Pero no puede seguirse sin un plan de recuperación serio, centrado en crear un tejido productivo fuerte y competitivo; con un pacto por el empleo, la investigación y el desarrollo sostenible; y unos servicios públicos de calidad basados igualmente en el empleo estable en las Administraciones. No podemos caer de nuevo en el conformismo de salvar verano tras verano”, exige Joaquín Pérez.
por Juan José Rodríguez | Jun 24, 2021 | Acción sindical, Economía, Empleo
La Plataforma Sindical Plural, con sindicatos de amplia implantación en todos los sectores públicos y privados, ha solicitado por carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la paralización inmediata de la reforma de las pensiones de inminente publicación.
En el escrito dirigido al Ministro, las organizaciones que conforman la PSP lamentan “el oscurantismo y el veto a la participación de otras organizaciones durante todo el proceso”. Y que, conociéndose parte del contenido “por declaraciones de Ministerio, UGT, CCOO y CEOE recogidas por los medios, la PSP entiende que las medidas que contendrá la reforma de las pensiones van a empeorar seriamente el acceso y el importe de futuras pensiones, y perjudicarán gravemente las prestaciones de próximas generaciones”.
Empeora el acceso a las prestaciones
La reforma, al igual que la que se implantó en 2011 por obra de los mismos actores, supondrá un duro empeoramiento en el acceso a las prestaciones.
“Tras dos crisis económicas y laborales en la última década, será difícil para un gran número de personas trabajadoras haber alcanzado largas carreras de cotización al llegar a esa edad, y además sus cotizaciones vendrán condicionadas por la situación de bajos salarios que bien conoce”, le recuerda la Plataforma Sindical Plural a Escrivá.
La PSP pide un proceso más democrático y que escuche a un segmento más amplio de la sociedad, a sus representantes sindicales y sus propuestas. Ya que la garantía del sistema público de pensiones pasa fundamentalmente por más empleo y más estable, por mejores cotizaciones. Por lo tanto, “una reforma aislada será un mero parche. Debe ir acompañada de las reformas necesarias en materia de empleo y del mercado laboral; de transformación del sector servicios y una apuesta por una industria fuerte y sostenible, entre otras”.
La Plataforma Sindical Plural está formada por los sindicatos USO, Fetico, Satse, ANPE, Gestha, CCP y CSL.
por Juan José Rodríguez | Jun 2, 2021 | Economía, Empleo, Mujer
Luces y sombras al conocer los datos del paro de mayo, que registra el cuarto mayor descenso en relación al mes de abril. Una buena noticia que alivia la situación de casi 10.600 hogares. El descenso madrileños desempleados en un 2,41% está casi un punto por debajo de la media nacional, en buena parte debido a «un efecto rebote del fin de las medidas más restrictivas y de la vuelta del turismo y la hostelería”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.
El dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.
Por sectores, el que engloba mayor número de parados es el de Servicios, con 338.422, lo que se traduce en 8.410 menos que en abril; seguido de Construcción, con 31.297, que cuenta con 620 parados menos. Por su parte, destaca Industria, con 23.685, lo que supone un total de 653 desempleados menos y Agricultura, con 3.369 desempleados en este sector, lo que se traduce en 113 parados menos. “No podemos volver a pecar de apostar por un solo sector: en 2008 fue la construcción y ahora es el turismo el golpeado. La creación de empleo exprés no ofrece ninguna garantía de futuro”, advierte Pérez.
Del total de contratos, 33.519 fueron indefinidos en Madrid, lo que supone 707 más de los firmados en abril, una subida del 9,31%. Los temporales sumaron 154.954, lo que supone 19.547 más que en el mes anterior (+14,4%).
De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid, que suman 428.054 personas en paro, 180.082 son hombres y 247.972 son mujeres. Además, 35.385 desempleados de la región tienen menos de 25 años, de los cuales 18.631 son hombres y 16.754 son mujeres.
Un total de 211.364 personas en la región percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades existentes. En concreto, 125.008 personas obtuvieron prestación contributiva; 74.202, subsidio y 12.154, renta activa de inserción.
La cuantía media de prestación contributiva recibida por beneficiario en la Comunidad fue de 881,9 euros. Además, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 313 millones de euros en la región.
por Juan José Rodríguez | May 29, 2021 | Economía, Empleo
Hoy se publica en el BOE el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, que contiene la quinta prórroga de los ERTE hasta septiembre, y medidas de apoyo para los trabajadores autónomos.
La dinámica de la negociación de esta quinta prórroga, ha sido la misma que en las anteriores. De nuevo se ha repetido el mismo esquema: falta total de trasparencia sobre el contenido y número de reuniones; dilatar el acuerdo hasta el último momento, generando incluso momentos de suspense con ruptura de negociaciones y la convocatoria de un Consejo de Ministros Extraordinario para forzar el acuerdo o tomar la determinación unilateral de la prórroga in extremis. Y, finalmente, la foto del acuerdo tres horas antes del inicio del Consejo de Ministros. Y, mientras tanto, 598.729 personas trabajadoras afectadas, pendientes de esta situación anómala que, por repetida, se está convirtiendo en habitual.
Desde USO, hemos denunciado estas estrategias negociadoras irresponsables, fruto de un diálogo social obsoleto y viciado, desde el inicio del estado de alarma. Por ello, el Comité Confederal de USO aprobó una Resolución Especial en la que se exige una negociación de los ERTE más transparente, con mayor participación y que no genere incertidumbre.
Las principales novedades que nos encontramos en esta prórroga, una de las más continuistas hasta el momento, son:
- variaciones en los sectores protegidos;
- modificaciones en las exoneraciones asociadas a los ERTE, y
- un cambio en el sistema de fijos discontinuos, en el que las empresas tendrán que hacer el llamamiento a la persona trabajadora para, o bien incorporarlo a la empresa, o bien incorporarlo al ERTE.
¿Cuándo entran en vigor las medidas recogidas en el RD-Ley 11/2021?
El Real Decreto-Ley entra en vigor en el momento de su publicación en el BOE, excepto la Disposición Final Primera, que recoge la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social para los empleadores que contraten por tiempo indefinido a personas con capacidad intelectual límite que será de 125 €/mes (1.500 €/año) durante cuatro años, que entra en vigor el día 1 de junio.
¿Cuánto dura la prórroga?
La duración de la prórroga de los ERTE es, como las anteriores, de cuatro meses y finaliza el 30 de septiembre de 2021. Desde USO lamentamos que no sea de mayor duración, sometiendo otra vez a la incertidumbre la garantía del empleo y la cobertura de los últimos trabajadores en ERTE asociado al covid-19. A pesar de que se esté reactivando la actividad en sectores muy castigados, en septiembre seguirá habiendo empresas y trabajadores que sigan viéndose abocados a acogerse a un ERTE para evitar la destrucción de empleo.
¿Cuáles de los ERTE se prorrogan hasta el 30 de septiembre?
- Se prorrogan de forma automática los ERTE por Fuerza Mayor regulados en el artículo 22 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor de este RD-Ley.
- También los ERTE por Impedimento de Actividad, tanto los regulados en el RD-Ley 24/2020 a los que se acogieron las empresas que, a partir del 1 de julio de 2020, vieron impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impusieron.
- Y los ERTE por Impedimento regulados en las dos prórrogas anteriores para las empresas que vieran impedida su actividad a partir del 1 de octubre de 2020.
- Por último se prorrogan los ERTE por Limitación a la Actividad, regulados en el RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, que fueron a los que se acogieron las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que, a partir del 1 de octubre de 2020, vieron limitado el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas.
¿En qué consisten los ERTE por impedimento o limitación a la actividad?
Se pueden acoger a estos ERTE por impedimento o limitación a la actividad, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021, las empresas y entidades de cualquier sector o actividad afectadas por restricciones y medidas de contención sanitarias adoptadas por las autoridades españolas o extranjeras que se rigen por los establecido para estos dos tipos de ERTE en el RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre.
La novedad en este caso es que la empresa afectada puede cambiar de un tipo de ERTE por impedimento al de limitación, siempre que la autoridad laboral constate que se dan las causas. El paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Se establece la obligación para las empresas cuya situación se viese modificada en los términos anteriormente indicados, de comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectada, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación de los trabajadores s.
¿Cuáles son los sectores amparados por este RD-Ley de alta cobertura por ERTE y poca recuperación de actividad?
Con respecto a la prorroga anterior, se incluyen tres nuevos sectores: confección de otras prendas de vestir y accesorios; comercio al por mayor de café, té, cacao y especias y actividades de fotografía.
Y se excluyen cinco sectores: artes gráficas y servicios relacionados con las mismas; fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados; transporte espacial, y alquiler de medios de navegación.
¿Qué exoneraciones se aplican a las empresas en ERTE de estos sectores?
Se plantean mayores exoneraciones para los casos de las empresas que reincorporen trabajadores del ERTE.
¿Cómo se regulan los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivados del covid-19?
Todos los ERTE ETOP iniciados a partir del 28 de mayo de 2021, es decir, tras la entrada en vigor de este RD-Ley y hasta el 30 de septiembre de 2021, se les aplicará el artículo 3 del RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre. Por ejemplo, la tramitación de estos expedientes se puede iniciar mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor total o parcial.
Se podrá prorrogar un ERTE que finalice antes del 30 de septiembre de 2021, en los términos previstos en el RD-Ley 30/2020, siempre que se alcance un acuerdo para la prórroga en el período de consultas. La prórroga deberá tramitarse ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del expediente inicial.
¿Se prorrogan las medidas de salvaguarda del empleo?
En el RD-ley 11/2021 se prorroga el compromiso de mantenimiento de empleo igual que en anteriores prórrogas. Es decir: una vez expirado el periodo de 6 meses de salvaguarda derivado de las normas anteriores, las empresas se comprometen al mantenimiento del empleo durante otro periodo de 6 meses.
Además, se mantienen los límites al reparto de dividendos y la transparencia fiscal; los límites a la realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la actividad, y la interrupción de los contratos temporales.
¿Se mantiene el contador a cero y otras medidas de protección por desempleo?
El RD-Ley 11/2021 contempla el contador a cero, la exención del periodo de carencia, el aumento del 50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido 180 días de prestación. También incluyen los beneficios aplicables a las personas trabajadoras fijas discontinuas (incluyendo la prestación extraordinaria) y la mejora de protección de las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial.
¿Qué novedades recoge en la incorporación y la aplicación de ERTES de los fijos discontinuos?
Las empresas deberán reincorporar a estas personas trabajadoras durante el periodo teórico de llamamiento (se entiende por tal el correspondiente al trabajo efectivo desarrollado por estas personas trabajadoras entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019).
Si la contratación se hubiese realizado con posterioridad al 30 de septiembre de 2019, se tomará como referencia el mismo periodo teórico de llamamiento correspondiente al año 2020.
Si como consecuencia de las restricciones y medidas de contención sanitaria estas personas trabajadoras no pueden desarrollar actividad efectiva en el período de llamamiento indicado, deberán ser afectadas por los ERTE vigentes a fecha 28 de mayo de 2021 o con posterioridad a esta fecha y mantenerse en esta situación hasta su reincorporación efectiva o, en su caso, hasta la fecha de interrupción de su actividad.
Las empresas tienen un plazo de 15 días para solicitar la incorporación de estas personas al ERTE ante la autoridad laboral y para tramitar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo.
por Juan José Rodríguez | May 24, 2021 | Economía, Empleo
En un escenario muy preocupante de incremento del déficit y de la deuda pública, el Gobierno ha planteado una subida de impuestos y medidas fiscales que van a afectar al conjunto de la población. Algunas, de forma indiscriminada, sin distinción de renta: IRPF; sucesiones; peajes; impuesto al diésel; modificar tipos de IVA; sociedades; patrimonio; transporte aéreo, etc. Y algunas aún desconocidas o agendadas en los distintos documentos remitidos a Bruselas, como hoja de ruta de cara a recibir los fondos de recuperación, y amparados en modificar algunos hábitos de consumo y avanzar hacia la sostenibilidad.
Sin haber hecho los deberes ni haber sentado las bases de las grandes políticas a medio y largo plazo para recibir los 70.000 millones y cumplir con los límites macro europeos, “una vez más se quiere coger el camino fácil: una subida de impuestos. Rascar el bolsillo a una ciudadanía aún noqueada por la pandemia y en fase de reactivación, sirviéndose de algo necesario como las políticas de protección del medio ambiente, desincentivo del consumo contaminante y de crecimiento sostenible”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Comparar impositivamente España con otros países europeos es una perversión. No se tiene en cuenta nuestro liderazgo en términos de desempleo y precariedad, ni la realidad de nuestro tejido empresarial, ni de la actividad económica o capacidad productiva. Especialmente si es para perjudicar con ese mal análisis a trabajadores, parados y pensionistas.
Medidas recaudatorias no progresivas
USO rechaza directamente algunas de las medidas recaudatorias por ser “no progresivas”, y respecto a otras advierte que “al final, a quien se beneficia es al que tiene capacidad de compra. Por eso, podríamos asistir, por ejemplo, a una brecha social a la hora de desplazarse. Privilegiar el motor eléctrico, penalizar plásticos o envases de plástico o revisar tipos en el transporte aéreo, puede ser bueno. Pasar la factura a la ciudadanía, no”, reivindica Pérez. En todo caso, sería más adecuado dirigir la subida de impuestos a la producción, para sea desde allí donde se planteen modificaciones, y establecer ayudas para la transición medioambiental.
Por otro lado, teniendo en cuenta la capacidad económica de las familias que, sin salir del todo de la anterior crisis, padecen la actual, no se puede incrementar el IVA. En este sentido, el sindicato recuerda sus propuestas de revisión del listado de bienes y servicios con tipos reducidos y superreducidos, “porque hay evidentes inequidades, en concreto los referentes a suministros o productos de higiene básicos”, recuerda el secretario general de USO, “además de otros que habría que revisar, pero a la baja, como suministros básicos”.
Una reforma fiscal cada vez más necesaria
USO aboga por una reforma fiscal, que se hace cada vez más necesaria, pero sin castigar los bolsillos de las clases medias ni de los trabajadores. Hay que priorizar lo que es el principal mecanismo con el que cuenta el Estado para el mantenimiento de los servicios públicos y el modelo social: mejorar las condiciones de vida y trabajo, atajar la desigualdad, dinamizar la economía, atender las necesidades de inversión estratégica y apostar por un tejido empresarial fuerte y de futuro. “España necesita recaudar más, pero con la actividad económica, empleo y salarios de calidad como premisa, no queriendo exprimir más el jugo del monedero de la mayoría”, apunta Pérez.
El sistema fiscal en España es excesivamente permisible con el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal. Privilegia escandalosamente a empresas digitales de multimillonarios beneficios con tipos efectivos bajos y que compiten deslealmente con iniciativas empresariales dentro de nuestras fronteras. “Esa debería ser la prioridad más urgente, junto al trabajo de una fiscalidad común en la Unión Europea, junto a debates necesarios como la conversión de la deuda en perpetua alargando mucho los plazos de vencimiento”, concluye.
