Las oposiciones para las 3.700 plazas públicas de profesores en Madrid comenzarán el 19 de junio

Las oposiciones para las 3.700 plazas públicas de profesores en Madrid comenzarán el 19 de junio

El proceso de oposiciones para las 3.700 plazas de profesores para la Educación pública de la Comunidad de Madrid comenzará el sábado 19 de junio. Ese día dará inicio el procedimiento de ingreso que, como ha sido habitual, constará de las fases de concurso y prácticas. En la de
concurso se valorarán los méritos y la fase de prácticas, de carácter eliminatorio, tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.

Se han inscrito cerca de 31.000 aspirantes, que optarán a una de las plazas públicas de la próxima convocatoria de oposiciones de profesores en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, la Administración está comprobando que los aspirantes cumplan con los requisitos exigidos: estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente o títulos equivalentes a efectos de docencia; disponer del máster oficial de secundaria o el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica); y acreditar no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, entre otros.

En total, entre la convocatoria y la Oferta de Empleo Público, se van a ofrecer 3.090 plazas de profesores de Secundaria; 66 de Escuelas Oficiales de Idiomas; 34 de Música y Artes Escénicas; 19 de artes Plásticas y Diseño y 4 maestros de Artes Plásticas y Diseño, además de 487 profesores técnicos de FP.

Estos 3.700 nuevos profesores se incorporarán a los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid al inicio del próximo curso 2021/22 en el mes de septiembre.

FAC-USO reclama negociar un nuevo sistema retributivo para los empleados públicos

FAC-USO reclama negociar un nuevo sistema retributivo para los empleados públicos

Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo en el que desestima la petición de una funcionaria para que se le abone una parte de la productividad semestral que le ha sido detraída por su “bajo rendimiento en un periodo de 15 días en el que ha estado de baja por IT”, según argumenta, desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO “manifestamos nuestra oposición y asombro, sin perjuicio del acatamiento debido a la misma”.

Por ello, “reclamamos la necesidad inminente de negociar un nuevo sistema retributivo para los empleados públicos acorde con la realidad, que permita dignificar sus retribuciones, y que acabe de una vez con cualquier tipo de cacicadas o actuaciones arbitrarias y abusivas”, argumenta Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Tras analizar la sentencia, FAC-USO considera que la Sala no entra en el fondo de la cuestión, al limitarse a citar una serie de preceptos respecto de la definición de lo que debía ser la productividad, así como que la percepción de la misma no consolida derechos respecto su percibo en ejercicio posteriores.

“Se olvida la Sala que, en nuestro actual y obsoleto sistema retributivo, la denominada productividad no es objetivamente ‘productividad’ en la mayoría de los casos, sino que, por sus características y forma de pago, es realmente salario puro y duro, que integra el conjunto de retribuciones de un empleado público, que puede tener en su nómina, dándose hasta tres o cuatro tipos de productividades diferentes”, explica Deleito. Por tanto, esa productividad en estos supuestos es salario, forma parte de su estructura salarial, y así debe de ser conceptuado.

Además, “permitir que su cuantía venga fijada mediante la decisión subjetiva de determinado superior jerárquico es una tiranía inaceptable en el siglo XXI”, añade Deleito.

Si el empleado público en cuestión no cumple efectivamente con su trabajo, existen medios, dentro del sistema sancionador, para en su caso incoarle el correspondiente expediente disciplinario, con las debidas garantías, e imponerle las sanciones que en el mismo se pudieran determinar, apuntan desde FAC-USO.

“La sentencia no entra en estas cuestiones que, a nuestro entender, se nos antojan fundamentales para concluir con que el actual sistema retributivo de los empleados públicos en España es arcaico, está obsoleto y es inservible para los retos que una Administración moderna plantea”, concluye Deleito.