Diálogos de reflexión sobre la profesionalización del empleo del hogar

Diálogos de reflexión sobre la profesionalización del empleo del hogar

USO-Madrid participó en el Diálogo de reflexión sobre la profesionalización del empleo del hogar, organizado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoaméricanos (AIETI) y la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

 

Enmarcada en el programa “Trabajadoras del hogar: esenciales con dignidad en el cuidado y sostenibilidad de la vida, hacia la consecución de la meta 5.4 ODS y el convenio 189 OIT”, la jornada tuvo como objetivo principal la promoción de los derechos laborales, sociales y políticos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, así como incidir en la dignificación de sus condiciones de trabajo.

El debate entre asociaciones de trabajadoras del hogar, sindicatos, empresas intermediarias e instituciones académicas se generó en torno a dos cuestiones principales:

 

Profesionalización del sector del Empleo de Hogar

Desde USO-Madrid creemos que es necesaria la creación de categorías profesionales para la profesionalización del sector, con la formación requerida para cada una y salarios acordes a las mismas. La legislación vigente no hace esta diferencia y ello provoca que se pueda pagar el mismo salario por pasear a una mascota, que por planchar y limpiar la casa o por cuidar a una persona dependiente.

También creemos que habría que abordar el importante número de mujeres migrantes en situación administrativa irregular que trabajan en este sector y, que, por la actual ley de extranjería, no pueden regularizar su situación hasta pasados varios años.

Por último, nos parece importante hacer una separación entre los cuidados y el empleo del hogar.

 

Pasos a seguir para iniciar este proceso de profesionalización

Es necesario que todos los agentes implicados en el ámbito de los cuidados se sienten a hablar. Y ello no incluye solo a familias empleadoras y trabajadoras, sino también a las Administraciones públicas, puesto que no es viable tener unos cuidados de calidad sin la intervención de estas.

También se podrían implementar medidas fiscales en la línea de desgravaciones o deducciones en la declaración de la renta; o medidas legislativas en el ámbito laboral que facilitasen la conciliación, no solo respecto a los menores sino también a los mayores.

 

Las dos próximas jornadas que completarán estos Diálogos de Reflexión abordarán el trabajo de las mujeres en régimen de internas y la economía sumergida en el empleo del hogar.

Jornada “Materializando los derechos sociales: avances y retos” de EAPN-ES

Jornada “Materializando los derechos sociales: avances y retos” de EAPN-ES

Raquel Bordoy, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO-Madrid, asistió a la Jornada “Materializando los derechos sociales: avances y retos”, organizada por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español). Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, pronunció el discurso de inauguración.

 

La jornada abordó las políticas de lucha contra la pobreza y de garantía de derechos sociales impulsadas por el ministerio, el grado de cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y los desafíos pendientes. Entre ellos, los relativos a la tramitación de las leyes de Familia, Vivienda y Servicios Sociales, y a la futura presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, la pandemia provocada por el covid agravó las cifras de pobreza, pese al efecto amortiguador de las medidas incluidas en el Escudo Social. Así, más de 13 millones de personas en España vivían en situación de pobreza y exclusión social en 2021.

USO-Madrid quiere destacar la importancia de algunos puntos planteados en las ponencias:

      • España es una de los países de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Un tercio de los niños y niñas españoles están en situación de riesgo de pobreza. Una cifra muy elevada que debería activar políticas eficaces para reducirla de forma drástica.
      • Según los informes realizados por Cáritas, una de cada siete familias no puede afrontar los gastos de una vivienda, pues tienen que priorizar otras necesidades básicas, como alimentarse o vestirse, antes de hacer frente a estos pagos.
      • Muchas de las transferencias sociales no impactan en las familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social, las que verdaderamente lo necesitan, porque ni siquiera pueden acceder a ellas.
      • La burocratización de los servicios sociales y la saturación de trabajo que sufren implica falta de tiempo para dedicarse al trabajo comunitario.
      • Es necesario que los derechos que son aprobados para eliminar las desigualdades puedan materializarse ante la justicia. Si eso no es posible, el derecho se queda en papel mojado y no surte efectos.
USO-Madrid participa en la creación de la Estrategia Estatal de Cuidados

USO-Madrid participa en la creación de la Estrategia Estatal de Cuidados

La Secretaría de Igualdad de USO-Madrid ha participado este jueves en el Primer Foro de Encuentro Social para la elaboración de una Estrategia Estatal de Cuidados, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.

En este primer foro hemos abordado cuestiones relacionadas con la profesionalización y dignificación de los cuidados. También hemos debatido sobre las principales medidas que habría que adoptar para acabar con la precariedad del sector, así como los usos del tiempo y las medidas a aplicar en el ámbito laboral para poder ejercer el derecho a cuidar y, por consiguiente, el derecho a recibir cuidados; las propuestas para la definición del modelo de gobernanza y las fuentes de financiación que podrían y/o deberían administrar y sostener el sistema.

Este es el primero de los tres foros que se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. De los debates que emanen de estos, se elaborará un documento de bases que sintetizará las aportaciones de la Mesa Asesora por los Cuidados y la sociedad civil organizada a la futura Estrategia Estatal de Cuidados.

Un sector precario, femenino y extranjero

USO-Madrid celebra la disposición de las administraciones para escuchar y valorar las propuestas de las asociaciones que históricamente han luchado por los derechos de las empleadas de hogar y cuidados. Consideramos que los retos principales de este colectivo son la puesta en práctica de los derechos, como el subsidio por desempleo, así como el de reducir considerablemente su porcentaje de economía sumergida.

Las trabajadoras irregulares se enfrentan a una gran precariedad laboral: no tienen protección ante la autoridad laboral, tienen salarios por debajo del SMI, no tienen la posibilidad de recibir subvenciones, ayudas o indemnizaciones. En el caso de las regulares, aunque se avanza favorablemente, aún sigue siendo un sector especialmente expuesto al acoso o a los bajos salarios.

La realidad es que el empleo de hogar es un sector muy feminizado, en el que se reproducen los roles tradicionales de género, en el que participan muchas mujeres migrantes y de edad avanzada. Se caracteriza, asimismo, por elevadas tasas de empleo irregular, parcialidad y un nivel elevado de fraude en la Seguridad Social. El camino a seguir viene marcado, en consecuencia, por la búsqueda de políticas públicas que cambien dicha situación y sigan fomentando un cambio integral en el sistema de cuidados español.

La Ley de Igualdad de Trato: discriminaciones sancionables en el ámbito laboral

La Ley de Igualdad de Trato: discriminaciones sancionables en el ámbito laboral

La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación ha entrado en vigor (Ley 15/2022, de 12 de julio). Esta “ley de igualdad” tiene como finalidad prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar prevención y reparación. Por lo tanto, el texto se caracteriza por tres notas: es una ley de garantías, una ley general y una ley integral.

Entre otras novedades, incluye modificaciones en el Código Penal, como el agravante o delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

La ley se presenta con vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español. Y, al mismo tiempo, para que albergue sus garantías básicas.

Se definen las discriminaciones y su ámbito laboral

La dimensión integral que se predica en el propio título de la norma se manifiesta en sus ámbito subjetivo y objetivo de aplicación. Destaca, por una parte, la incorporación expresa como motivos de discriminación la enfermedad o condición de salud; el estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos; la identidad sexual; la expresión de género; la lengua y la situación socioeconómica.

Por otra parte, ese carácter integral se manifiesta en los ámbitos en que se aplica la ley. En particular, el del empleo, por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende:

  • el acceso.
  • las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido.
  • la promoción profesional y la formación para el empleo.
  • el del acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público.
  • el de la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico.
  • el de la sanidad.
  • el de la protección social, prestaciones y servicios sociales.
  • el de la inteligencia artificial y gestión masiva de datos.

Una de las principales novedades es la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Ejercerá las funciones que tiene atribuidas en esta ley, sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo u otros órganos similares.

El Congreso aprueba el convenio 189 de OIT que protege a empleadas del hogar

El Congreso aprueba el convenio 189 de OIT que protege a empleadas del hogar

El pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo. El Convenio 189 de la OIT regula la igualdad de trato de las empleadas domésticas con el resto de personas trabajadoras, asegurando para ellas descansos, vacaciones y el derecho a la protección frente al desempleo.

El Convenio 189 entró en vigor en 2013 y desde entonces, USO ha solicitado al Gobierno de España la adhesión al mismo para dignificar el empleo doméstico. Durante los últimos años, las condiciones especialmente duras del sector han condenado a estas empleadas a la precariedad. Además, en 2020, con motivo de la pandemia, vivimos un momento crítico en el que muchas trabajadoras se vieron en la calle sin ningún tipo de protección, mientras que muchas otras sufrieron situaciones de violencia y coacción.

La decisión del Gobierno de acelerar la ratificación de este Convenio se ha visto claramente influenciada por la postura del Abogado General de la UE, así como por la sentencia del TJUE, que calificaba la normativa española en materia de Seguridad Social como discriminatoria al privar a las trabajadoras del hogar de recibir la prestación por desempleo, entre otras cuestiones. El Tribunal Europeo concluyó que el hecho de que las empleadas de hogar fueran el único colectivo sin derecho a prestación por desempleo en España era claramente discriminatorio indirectamente por razón de género.

Ratificación del convenio 189 por España, un paso adelante hacia la igualdad

La ratificación del Convenio 189 de la OIT es especialmente importante por lo que supone en materia de igualdad de género, así como de integración y respeto de los derechos de las personas inmigrantes. El 90% del colectivo de empleadas de hogar son mujeres (aproximadamente, 400.000 afiliadas a la Seguridad Social y otras 150.000, sin dar de alta) y muchas de ellas, especialmente en las grandes ciudades, son inmigrantes y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Su difícil situación proviene, en parte, de otras leyes como la de Extranjería, que obliga a las personas migrantes en situación irregular recién llegadas a España a residir en el país durante 3 años de forma continuada antes de iniciar los trámites para poder trabajar legalmente. Esto, junto a la falta de incentivos que supone estar dadas de alta, provoca que muchas mujeres acepten trabajar de forma irregular.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte de España supone que el Estado se compromete a velar por los derechos de las empleadas de hogar. Entre estos derechos se encuentran:

  • la protección frente al acoso, abuso y violencia en el trabajo;
  • el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo;
  • el control de las horas de presencia; eliminar la figura del desistimiento;
  • controlar la legalidad del salario por manutención y alojamiento;
  • garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo;
  • garantizar el salario mínimo; incluir la actividad en la Ley de PRL, y
  • el derecho a la prestación por desempleo.

Compromiso de USO con las empleadas domésticas

Desde USO hemos denunciado en muchas ocasiones la falta de acción para proteger a las empleadas domésticas, uno de los colectivos más vulnerables actualmente. Su trabajo ha sido sistemáticamente invisibilizado aunque, paradójicamente es, a su vez, de los más esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Sin cuidados no hay vida posible y estas mujeres han sacrificado tiempo y esfuerzo, incluso dedicación a sus propias familias, para conseguir que otras mujeres se incorporen al mercado laboral o para mejorar la calidad de vida de otras personas.

Nuestros posicionamientos, en consonancia con los del TJUE, de otras muchas organizaciones sociales y de los preceptos constitucionales, han demostrado nuestro compromiso con la igualdad y con la mejora de las condiciones de estas empleadas, que tienen ya de por sí una situación de partida desfavorable. Además, hemos participado en reuniones y movilizaciones con asociaciones de empleadas de hogar para darles visibilidad.

Por otro lado, a través del Programa de Inserción Sociolaboral de Inmigrantes, que desarrollamos desde USO, ayudamos a una cantidad considerable de empleadas de hogar a que sean conscientes de su situación y de sus derechos, ofreciéndoles, además de información, un asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo.

Un cambio necesario en el sistema de cuidados

Aunque muchas de las medidas que se han tomado pensando en estas trabajadoras han llegado tarde y mal, como el subsidio para empleadas de hogar implementado durante la pandemia, durante los últimos años, se han diseñado e implementado campañas para la regularización de la situación laboral de estas.

En 2021, un total de 2.351 contratos temporales se convirtieron en indefinidos, lo que trajo consigo un incremento en las bases de cotización a 21.175.714,94 euros y un crecimiento en salarios de 83.023.043,88 euros. La última campaña, lanzada en 2022, estuvo dirigida a la regularización de las empleadas domésticas a tiempo parcial.

Tras la ratificación del Convenio 189, el principal reto para España será seguir luchando para conseguir la regulación del salario y las cotizaciones de estas empleadas, además de apostar y trabajar para conseguir un sólido sistema profesional de cuidados.

Las empleadas de hogar tienen derecho a cobrar el paro

Las empleadas de hogar tienen derecho a cobrar el paro

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el mes pasado que España contraviene la normativa comunitaria al excluir a los trabajadores del hogar, mayoritariamente mujeres, de la prestación por desempleo, y por tanto es contraria al Derecho de la Unión.

El caso hace referencia a la denuncia que presentó una trabajadora del hogar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, a quien la Tesorería General de la Seguridad Social denegó su solicitud de cotizar para recibir el paro.

Su empleador estaba dispuesto a abonar la cotización que solicitó la trabajadora, pero la Tesorería la rechazó porque la protección que confiere el sistema especial de Seguridad Social para empleados del hogar no comprende la protección por desempleo.

¿Cuál es la regulación actual en materia de la prestación por desempleo de las empleadas de hogar en España?

La relación laboral de las empleadas de hogar se rige por el Sistema Especial para Empleados de Hogar, y la Ley General de la Seguridad Social excluye a este colectivo de la acción protectora de la prestación por desempleo.

Al contrario, se incluye en la protección por desempleo, siempre que tengan previsto cotizar por esta contingencia, a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, del que las empleadas de hogar no forman parte.

De esta manera, la norma deja desprotegidas a las empleadas de hogar que por perder su empleo, bien por acuerdo mutuo, bien como consecuencia del desistimiento del empleador, quedan excluidas también de acceder a cualquier otra prestación o subsidio supeditados a la extinción del derecho a las prestaciones por desempleo. Es una situación que deja en desamparo a las trabajadoras de este sector.

Motivos discriminatorios para excluirlas del derecho a desempleo

Es impactante que la TGSS y el Gobierno argumenten que la falta de dicha protección deriva del hecho de que este colectivo presenta elevadas tasas de empleo; un escaso nivel de cualificación; un porcentaje considerable de trabajadores no afiliados al Sistema; porque su empleador no es un empresario profesional y no obtiene un beneficio por el trabajo por cuenta ajena de dichos empleados; que el trabajo se ejecute en el ámbito del hogar familiar, etc., y que todo ello justifique y cause la exclusión de la prestación por desempleo.

La argumentación acerca de que el incremento de las cargas y de los costes salariales resultantes del aumento de las cotizaciones para cubrir la contingencia de desempleo podría reducir nuevas contrataciones y extinguir los existentes, así como el aumento del trabajo ilegal y de fraude a la Seguridad Social tampoco parece coherente para privar al colectivo de esta protección.

Así, de manera indirecta, se responsabiliza a las empleadas de hogar de las elevadas tasas de empleo ilegal y el fraude en la Seguridad Social. El TJUE anota, de forma correcta, que el fraude puede ocurrir en cualquier sector y no tiene que ver con el régimen de la SS. Y que, además, otros colectivos de trabajadores cuya relación laboral se desarrolla a domicilio para empleadores no profesionales, o cuyo sector laboral presenta las mismas peculiaridades en términos de tasas de empleo, de cualificación y de remuneración (jardineros, conductores particulares, trabajadores agrícolas y trabajadores contratados por empresas de limpieza) sí están cubiertos frente a la contingencia de desempleo. A pesar de que sus cotizaciones son, en algunos casos, inferiores a las aplicables a las empleadas de hogar.

Excluir a las empleadas de hogar del cobro del paro o prestación por desempleo no parece ser coherente en comparación con otros colectivos de trabajadores que disfrutan de esas mismas prestaciones pese a presentar características y condiciones de trabajo parecidas a las de las empleadas de hogar.

El Gobierno anuncia que regulará el derecho a paro de las empleadas de hogar

Tras conocer la sentencia del TJUE, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado que este año regulará el derecho a paro para las trabajadoras del hogar. Es probable incluso que el pronunciamiento del tribunal europeo acelere este proceso.

Las empleadas de hogar son el único colectivo sin derecho a paro en España y el TJUE ha determinado que es una discriminación indirecta por razón de género. El 90 % de este colectivo son mujeres. Y, en cifras, son, aproximadamente, unas 400.000 afiliadas a la Seguridad Social y otras 150.000 sin dar de alta.

El Gobierno también tiene pendiente la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que provoca que las trabajadoras de hogar carezcan de los mismos derechos que el resto de trabajadores frente al despido, la protección por desempleo o la prevención de riesgos laborales, entre otros aspectos. Desde USO, reiteramos nuestra petición al Gobierno para que lo ratifique urgentemente; ya que, después de una década desde su acuerdo, sigue sin adoptarse.

Además, USO reclama un cambio en el Régimen Especial de Empleados de Hogar y que se destinen recursos para conseguir un cambio de paradigma en el sistema de cuidados español.