USO denuncia a Viten Seguridad por impago de salarios

USO denuncia a Viten Seguridad por impago de salarios

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-Madrid ha presentado una denuncia contra la empresa Viten Seguridad por impago de salarios de manera reiterada durante varios meses consecutivos.

La denuncia presentada ante la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social expone que la compañía Viten Seguridad se ha retrasado en el pago de los salarios a sus trabajadores durante varios meses consecutivos. USO denuncia que Viten recurre a esta práctica de forma habitual creando un grave perjuicio a los vigilantes, que todos los meses ven cómo se retrasa el pago de sus nóminas de forma completamente injustificada.

Esta práctica, además de suponer una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, supone también un enorme perjuicio para la economía familiar de los trabajadores.

Por ese motivo, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-Madrid ha reclamado el amparo de la Inspección provincial de Trabajo y el inicio del procedimiento legal oportuno para resolver el impago de los salarios al amparo de la legislación vigente.

USO llama a secundar la huelga en Douglas este viernes

USO llama a los trabajadores a secundar mañana la primera jornada de huelga en Douglas, convocada por los tres sindicatos con mayor representación (USO, CCOO y UGT) para mostrar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo que supondrá el despido de más de 500 trabajadores y el cierre de 93 tiendas en toda España.

“Las reuniones con la empresa están completamente estancadas. Sus propuestas son completamente inaceptables”, señala Rubén Vinatea, secretario de Acción Sindical de USO-Madrid y delegado en Douglas. “No vamos a aceptar que la empresa ponga en riesgo a colectivos vulnerables y sacrifique puestos de trabajo sin ni siquiera tener un plan de viabilidad enfocado al crecimiento en ecommerce y también en las tiendas físicas”.

La huelga convocada para este viernes 12 implica el cierre de todas las tiendas en España. También está prevista una concentración autorizada entre las 11:00 y las 13:00 horas en la tienda Douglas ubicada en la plaza de Manuel Becerra, 12 (Madrid). También están previstas otras concentraciones en Bilbao, Canarias y Zaragoza. La segunda jornada de huelga está prevista para el próximo jueves, 18 de marzo.

“Desde USO no podemos asumir que la digitalización y la transformación del modelo de consumo conlleve la pérdida masiva de empleo”, denuncia Vinatea. “Lo más importante de las empresas es el valor humano y se debe buscar una medida de transformación de estos puestos de trabajo en lugar de eliminarlos”.

USO registra dos jornadas de huelga en el SEPE para los días 29 y 30 de marzo

USO registra dos jornadas de huelga en el SEPE para los días 29 y 30 de marzo

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha formalizado este mediodía el registro de dos jornadas de huelga en el SEPE para los días 29 y 30 de marzo de 2021. La huelga se convoca para los tres turnos de funcionarios (mañana, tarde y partido), que se extienden entre las 7:00 y las 22:00.

“En octubre de 2020 hicimos la primera petición formal a la Dirección General del SEPE con las graves deficiencias del servicio, que a nuestro juicio debían resolverse con urgencia. Deficiencias para los trabajadores y, por extensión, para todas las personas que están padeciendo las penurias de los ERTE y otras prestaciones nacidas de la pandemia. No recibimos respuesta, como tampoco a nuestra solicitud de enero al Ministerio de Trabajo y Economía Social de que se creara una Agencia Única, de Prestaciones y Subsidios, gestionada por la Seguridad Social y con una plantilla reforzada. A principios del mes pasado, los trabajadores nos pidieron medidas más drásticas y hoy hemos registrado formalmente las dos jornadas de huelga”, resume Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

USO lamenta que el Ministerio se escude en los trabajadores del SEPE para no resolver sus problemas: “es muy fácil poner a dos personas por oficina en el frontón del más que entendible cabreo ciudadano y evadir las responsabilidades de por qué siguen acumulándose expedientes sin tramitar. Suponemos que esa era también la táctica ante la huelga: esperar a que los afectados por los ERTE lincharan a los trabajadores del SEPE. Sin embargo, varias plataformas han contactado con el sindicato o con los grupos de redes sociales de la plantilla para unir fuerzas. Tienen claro que es un camino en común para desbloquear las prestaciones”, incide Deleito.

FAC-USO pidió por escrito reuniones con todos los grupos parlamentarios para abordar “un tema crucial para toda la ciudadanía, no solo para los trabajadores del SEPE”. Por el momento, únicamente el Grupo Socialista ha respondido y ha acudido a la reunión: “coinciden con nosotros en que una Agencia Estatal sería el inicio de la solución. Parece que ni el SEPE ni los trabajadores en ERTE están en la agenda política de un país con 4 millones de parados y 1 millón más en ERTE”, concluye el secretario general de FAC-USO.

USO demanda con urgencia empleo público estable y de calidad

USO demanda con urgencia empleo público estable y de calidad

El empleo público en España es temporal y precario. Y no lo decimos únicamente desde USO. También la Unión Europea lleva años reclamándole a nuestros sucesivos gobiernos que tomen medidas para reducir la temporalidad y precariedad laboral del empleo en España y, muy concretamente, en el sector público. En resumen: que en nuestro país se lleva décadas abusando de modalidades temporales y precarias de una manera escandalosa. Hasta el punto de que este tipo de «subempleo» ronda ya el 30% del total en las Administraciones Públicas.

En el conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país, se da un porcentaje de contratación temporal injustificada que afecta a casi a 800.000 trabajadores, un millón tras la pandemia.

«Se producen situaciones surrealistas, con carreras profesionales que llegan a su jubilación tras varias décadas en puestos estructurales, pero sin haber logrado en todo ese tiempo la estabilidad laboral. Ocurre en Sanidad, Educación, Administración General del Estado, en Justicia, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Emergencias… y en prácticamente el conjunto de los servicios que se prestan desde el ámbito estatal, autonómico o local. Esa temporalidad es un 10% superior a la del sector privado, que ya es decir. Un dato muy significativo es que más de la mitad del empleo público de menores de 40 años en el conjunto de las administraciones es temporal», recalca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

En muchos casos, se trata de sustituciones limitadas, proyectos temporales o debido a circunstancias excepcionales. Pero la mayoría son plazas consolidadas, labores o puestos imperecederos, puestos de previsible necesidad de disponibilidad o servicios públicos competenciales que hacen incomprensible su temporalidad.

El empleo público no puede ser una moneda de cambio que ponga en riesgo los servicios sociales

Una vez más, desde el mal llamado diálogo social se han ido alcanzando acuerdos y propuesto objetivos en la materia que han sido sistemáticamente incumplidos, que han terminado en papel mojado.

«Por otro lado, a algunos les ha interesado enfrentar ficticiamente a los trabajadores damnificados por la precariedad eterna de interinos o personal laboral, frente a los que piden acceso al empleo público mediante oposiciones en plazas que llevan cubriéndose con parches humanos durante décadas. Por ello, deberían responder por colaborar con la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran estos trabajadores desde hace años y que evidencia el fracaso de sus negociaciones y planteamientos», incide el secretario general de USO.

Desde USO, «creemos que es importante no verlo únicamente como un problema laboral, sino darle toda su dimensión en cuanto al Estado de Bienestar. La estabilidad laboral de las plantillas públicas revierten en la calidad y eficacia de esos servicios, y en la eficiencia de la protección social. En la actual coyuntura, es más necesario que nunca realzar el empleo público, reforzar los servicios que cubre. Y debe hacerse, además, garantizando que se accede a él bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando las designaciones a dedo y la arbitrariedad escandalosa que, por desgracia, hemos presenciado en las administraciones locales y en la empresa pública, dicho sea de paso», recuerda Joaquín Pérez.

Resolución inmediata del fraude de ley

«El sistema de empleo público debe ser claro», sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO. Sin embargo, «ante la falta de Ofertas de Empleo Público, se ha pasado a fomentar el fraude de ley, consentido y promovido por las propias Administraciones Públicas. Estas, además, son incapaces de resolver la situación que ellas mismas han generado. Y tampoco son capaces de aplicar una solución definitiva a este problema, tal como ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recuerda Deleito.

Sentencia, que, «en resumen, dice: fijeza para estos trabajadores o una indemnización tan fuerte que sea impensable que se recaiga en la contratación en fraude de ley. Nuestros políticos no quieren ni una cosa ni la otra. Y así llevamos años. Falta valentía para abordar y resolver este grave problema que afecta a cientos de miles de trabajadores. Una bola que, en lugar de menguar, crece», lamenta el secretario general de FAC-USO.

Nuestra Federación lleva ya dos años con una campaña específica para reclamar, por vía judicial cuando es necesario, cada contratación en fraude de ley en las administraciones.

Pacto de Estado por el empleo público, sin tintes partidistas

Pero, de nuevo, «los dirigentes políticos no han dado para más. No han sido capaces de sacar adelante un pacto de Estado por la calidad del empleo y de los servicios públicos en las administraciones. Los partidos por encima del bien común, otra vez», apunta Joaquín Pérez.

Nuestro sindicato tiene muy claro que «la solución debe plantearse por dos vías. Por un lado, lo referente a los puestos estructurales, que deben cubrirse sí o sí con empleo estable, contemplando prioritariamente para su acceso a los que llevan desarrollando esos trabajos como mérito, mediante conversiones automáticas bien reguladas. Y, por otro, mediante el establecimiento de reglas fijas de conversión en estable en aquellos en los que la horquilla más circunstancial es la que la motiva. Toda administración sabe el porcentaje y número aproximado de puestos sujetos a sustituciones o eventualidades, y cuándo la contratación temporal sobrepasa la cobertura de esas circunstancias».

Mientras se siguen pasando la patata caliente de quién debe resolver la precariedad laboral en la Administración, España sigue muy por debajo de la media de empleo público de los países de la OCDE: en número, pero, sobre todo, en calidad de empleo. «Por eso, no nos extraña que los trabajadores se ofendan con su calificación de ‘esenciales’ a conveniencia, cuando conviene llenarse la boca con su importancia. Pero que su esencialidad se revise semana a semana», concluye Joaquín Pérez.

Convocada huelga contra el ERE en Douglas el 12 y 18 de marzo

Convocada huelga contra el ERE en Douglas el 12 y 18 de marzo

Los sindicatos USO, CCOO y UGT han convocado dos jornadas de huelga en la cadena de perfumerías Douglas para los próximos 12 y 18 de marzo, tras fracasar el intento de acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 600 empleados.

USO se opone al ERE anunciado por la empresa Douglas a finales de enero y que supondrá el despido de más de 600 personas y el cierre de 97 tiendas en toda España. Desde USO reivindicamos la labor de los trabajadores de Douglas y reclamamos que la empresa busque una transformación de los puestos de trabajo para adaptarlos al nuevo modelo de consumo, en lugar de optar por eliminarlos.

En Madrid, el ERE implicará el cierre de 47 tiendas de las 97 que actualmente tienen abiertas y afectará a 450 personas trabajadoras de las cerca de 900 que prestan sus servicios en esta comunidad.

Seguridad privada solicita la rescisión del contrato entre Alcor Seguridad y la Comunidad de Madrid

Seguridad privada solicita la rescisión del contrato entre Alcor Seguridad y la Comunidad de Madrid

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha solicitado a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid que rescinda el contrato con la empresa Alcor Seguridad por el presunto incumplimiento contractual en materia de contratación pública.

FTSP-USO también ha denunciado a la empresa ante la Comunidad de Madrid por no aplicar el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad a todos los trabajadores “sin excepción”, tal y como establece el pliego de cláusulas administrativas del contrato de adjudicación. Esta condición se considera “esencial”, por lo que en el caso de incumplimiento de la misma, se procedería a la rescisión del contrato.

El secretario general FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, explica que aunque “la empresa denunciada, Alcor, aplica el Convenio Colectivo Sectorial Estatal a los trabajadores subrogados en este servicio, no lo aplica igualmente a los trabajadores con contrato eventual y los que cubren servicios por diferentes motivos como bajas por IT, vacaciones etc”. A estos trabajadores se les aplica el Convenio de Empresa, con unas condiciones económicas y sociales sustancialmente inferiores al sectorial.

 

Discriminación salarial

Según el secretario general, “esta práctica infringe lo que se firmó en las cláusulas administrativas” y además “supone una discriminación salarial entre los trabajadores que prestan servicio en sus instalaciones” y somete “a pésimas condiciones económicas y laborales a sus trabajadores”.

Febles también denuncia “las malas prácticas laborales de esta empresa, que crea diferencias salariales entre los vigilantes de seguridad con el único fin de obtener ventaja económica en sus ofertas comerciales, lo que supone competencia desleal con las demás empresas”.

Por este incumplimiento de las condiciones contractuales, la FTSP-USO ha solicitado que la Consejería de Empleo proceda a la rescisión del contrato con la empresa Alcor Seguridad, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y lo reflejado en los pliegos de condiciones del concurso.