Las trabajadoras de hogar y de cuidados denuncian que el cambio de bases de cotización a la Seguridad Social aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez fomentarán el trabajo en negro. Esto supone más precariedad y un retroceso en el reconocimiento de sus derechos laborales.
Casi medio centenar de organizaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados, entre las que se encuentra USO-Madrid, han firmado un manifiesto en el que exigimos la equiparación de derechos y protección social con el resto de los trabajadores. También reclamamos el reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social.
La injusticia de los nuevos tramos
La aprobación del Real Decreto-Ley 28/2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, supone un aumento de los tramos de cotización que agudizarán las dificultades que ya padece este sector:
- Se incrementa la base del tramo 1, el más bajo, hasta 206 € al mes. La base mínima anterior
también era demasiado elevada y sabemos qué consecuencias ha tenido: la mayoría de las
trabajadoras con contrato de pocas horas no están dadas de alta en la Seguridad Social porque
salario y cuota a pagar no guardan una proporción adecuada. Ahora, la resistencia de la parte
empleadora a dar de alta será todavía mayor. - Los tramos intermedios, del 2 al 9, se han organizado de tal manera que se incentiva que los empleadores, para pagar menos cuota, declaren salarios inferiores a los reales. Pero además, se
repetirá lo que sucedía con los tramos anteriores: al pasar de año y modificarse el importe de los
tramos, muchas trabajadoras van a cotizar por bases inferiores a las que tenían en 2018, a pesar
de mantener el mismo salario. - Es en el último tramo, a partir de los 1.294,01€ al mes, incluida prorrata de pagas
extraordinarias, en el que se establece la cotización por salarios reales. Sin embargo, si no se
pone en marcha un plan urgente, amplio y serio, para obtener la información sobre salarios y jornadas reales, no será posible garantizar su aplicación efectiva. Tendrían que adoptarse medidas para que la parte empleadora pueda cotizar por salarios reales con la ayuda de la Administración. Por otro lado, a las trabajadoras de hogar se nos deja solas frente a la parte empleadora en la exigencia del alta en la Seguridad Social y en el cumplimiento de la legalidad a la hora de cotizar. El Gobierno actual no nos tiene en cuenta para las campañas de la Inspección de Trabajo que controlan el fraude en otros sectores: nuestros derechos no parecen importar.
Esta modificación de tramos, por tanto, no mejorará en lo sustancial la situación de las trabajadoras, pero supondrá nuevos costes para la parte empleadora y multiplicará, con toda probabilidad, los trabajos no declarados en un sector que ya cuenta con una alta irregularidad (más de un tercio de los empleos actuales) y con ello, la precariedad y el no reconocimiento de derechos.
Tres exigencias para evitar abusos
Las organizaciones firmantes exigimos:
- Equiparación, sin más demoras, de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y de cuidados (incluida la prestación por desempleo, la cotización par salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones), con reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social.
- Ratificación del Convenios 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, acompañada de la incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos de aplicación y la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse.
- Políticas públicas de cuidados que garanticen la cobertura universal con criterios de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral y personal. En este sentido, medidas concretas para integrar los costes de los cuidados en el domicilio como prestaciones del sistema público de atención a la dependencia.
Falta voluntad política
En el año 2011, se aprobó la incorporación del Empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, pero se mantuvo como sistema especial. Se asumió el compromiso de ir regulando cuestiones pendientes hasta alcanzar la equiparación plena con el conjunto de trabajadores/as. Hoy seguimos esperando. Falta voluntad política para mejorar las condiciones de este sector.
En ese momento, se excluyó el reconocimiento de la prestación por desempleo y se aplazó hasta enero de 2019 alcanzar los mismos criterios en el cálculo de las pensiones (actualmente, los periodos no cotizados en Empleo de hogar no se contabilizan, como sí se hace en el resto de sectores del régimen general). Para esa fecha también se sustituiría el sistema de cotización a la Seguridad Social por tramos salariales por el de la cotización por salarios reales.
La enmienda 6777
Después de siete años, el Partido Popular, con la enmienda 6777, aplazó ambas medidas en cinco años más, hasta 2024. Las organizaciones firmantes del manifiesto nos opusimos a esa enmienda introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que retrasaba el reconocimiento de derechos y protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados.
Y ahora, el PSOE, con el Real Decreto 28/2018, mantiene el retraso en el reconocimiento de derechos aunque lo adelanta a enero de 2021, y aprueba para 2019 un sistema de tramos de cotización que sólo va a incrementar las dificultades del sector.
