La secretaria de igualdad y acción social de USO-MADRID, Belén Navarro, se reunió el 20 de julio con el secretario de estado de seguridad social, Octavio Granado, junto a siete mujeres más como delegación de la plataforma creada a raíz de las movilizaciones en todo el estado español contra la enmienda 6777 aprobada en los presupuestos generales del 2018. Esta aprobación supone llevar hasta el año 2024 la incorporación en el régimen general de seguridad social de las empleadas de hogar, cuando el real decreto 1620/2011 marcaba el año 2019 para esa incorporación.

En el encuentro, al que también asistió la secretaria de estado de empleo Yolanda Valdeoliva, y la directora del instituto de la mujer, Silvia Baubent, se han trasladado más de 75 propuestas y acciones concretas, elaboradas y consensuadas por todas las asociaciones y colectivos firmantes (mas de 40) e incorporadas en un documento entregado previamente a la administración para su estudio.

Nuestra demanda principal es la integración plena al régimen general de la seguridad social y estar amparadas por el Estatuto de los Trabajadores en todos sus puntos, considerando las peculiares características del entorno de trabajo, pero sin excepcionalidades en materia de protección social y laboral.

Es imprescindible colocar en el centro del debate la reorganización social, política y económica de los cuidados y la responsabilidad del Estado en procurar la protección de los derechos sociales y laborales de todas y todos, cuidando a quienes cuidan y garantizando también el cuidado como derecho y no como privilegio accesible únicamente para aquellos que puedan pagarlo.

De esa reunión buscábamos que se asumiera la responsabilidad política sobre el trabajo de hogar y de cuidados atendiendo a tres cuestiones:

  • Equiparación plena de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y cuidados.
  • Políticas públicas de cuidados serias y eficientes (que combinen un sistema de atención a las personas en situación de dependencia con políticas de equidad y redistribución de los tiempos de la vida laboral, personal y familiar).
  • Derechos fundamentales para las personas migrantes.

En esa reunión el secretario de estado reconoció que para la incorporación en el régimen general tendría que haber un periodo transitorio, ya que no se ha hecho nada al respecto en 7 años. Por lo que lo más coherente sería la incorporación de tres tramos hasta llegar a ese momento en dos años más o menos.

También habló de incorporar algunos supuestos, objetivos, para el pago de la prestación por desempleo.

Y lo más importante nos da la oportunidad de que una representante de este espacio forme parte del grupo de expertos/as para valorar todo lo demás, de cara a la ratificación del convenio 189 de la OIT en un año.