Servicios mínimos y otras dudas sobre la huelga del 8M

Servicios mínimos y otras dudas sobre la huelga del 8M

USO ha editado un díptico que responde a todas las dudas con respecto a los paros parciales de dos horas por turno con motivo del próximo 8 de Marzo, Día de la Mujer.

FOLLETO EN FORMATO PDF

 

¿Quién tiene derecho a hacer huelga?

La huelga es un Derecho Fundamental consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución Española y reconocido en el artículo 4.1 e) del Estatuto de los Trabajadores.

Todo trabajador y trabajadora tiene derecho a hacer huelga, esté o no sindicado o sindicda, y se cual sea su tipo de contrato (temporal o indefinido).

 

¿Puede la empresa obligar a los trabajadores y trabajadoras a que comuniquen previamente si van o no a secundar la huelga?

No. Ningún trabajador o trabajadora está en la obligación de manifestarse antes del comienzo de una huelga sobre si la va a secundar o no. El ejercicio del derecho de huelga es un derecho de ejercicio personal que se da a conocer en el mismo instante del inicio de los paros por el hecho de dejar de trabajar.

La intención de la empresa es coaccionar y transmitir presión a los trabajadores y trabajadoras y además, adecuar sus recursos humanos para asegurar el desarrollo normal de determinados servicios y así contrarrestar los efectos de la huelga. De ahí que la empresa tenga que dar previamente, bajo recibí, las cartas de servicios mínimos a los trabajadores y trabajadoras que hayan sido designados para su realización.

 

¿Cómo afecta la huelga a la remuneración?

El ejercicio del derecho de huelga es una de las causas de suspensión del contrato de trabajo y, en consecuencia, las obligacione recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo quedan exoneradas.

El trabajador o trabajadora en huelga no percibe el salario correspondiente a los días y horas no trabajadas. El derecho de huelga repercute tanto en el salario base como en los complementos salariales, incluyéndose la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de las pagas extraordinarias, así como el complemento de participación en beneficios. Se excluyen únicamente las percepciones extrasalariales.

En el supuesto de huelga se suspende la obligación, tanto de la empresa como del trabajador o trabajadora, de cotizar a la Seguridad Social; no obstante, se trata de una situación asimilada a la del alta (por ejemplo, si el trabajador o trabajadora en huelga sufre ese día un accidente, está protegido).

 

¿Cómo afecta a las vacaciones el ejercicio del derecho de huelga?

Las vacaciones no se ven afectadas por el ejercicio del derecho de huelga, ni en su duración ni en su retribución.

 

¿Qué pasa si se está de vacaciones el día de la huelga?

No ocurre nada. Si el trabajador o trabajadora está de vacaciones, previamente aprobadas, la empresa no puede hacerle ningún tipo de descuento.

 

¿Qué pasa con quienes libran el día de huelga?

Nada. La empresa no puede llamarlos para que acudan ese día a su puesto de trabajo.

 

¿Qué pasa si un trabajador o trabajadora se pone enfermo ese día?

Deberá llevar a la empresa un justificante legal de baja. S está firmada por el médico de cabecera de la Seguridad Social, se considera que está de baja ese día y no está haciendo huelga.

 

¿Se le puede cambiar el horario a un trabajador designado para cubrir servicios mínimos?

No se puede cambiar para cubrir el puesto dejado por un huelguista.

 

¿Qué son los piquetes informativos?

Los piquetes informativos tienen como finalidad dar publicidad de la huelga a otros trabajadores y trabajadoras de forma pacífica. El trabajador o trabajadora huelguista no puede coaccionar ni física ni verbalmente a otros trabajadores y trabajadoras para que se unan a la huelga, ni puede realizar manifestaciones ofensivas contra otros trabajadores o contra la propia empresa.

Cualquier acto que no cumpla con estas premisas puede convertirse en ilegal y, por tanto, denunciable por la empresa o por quienes no hayan secundado la huelga.

 

¿Se puede sustituir a los trabajadores y trabajadoras en huelga?

No. En principio, está terminantemente prohibido. Durante la huelga, la empresa no puede sustituir a los trabajadores y trabajadoras huelguistas, ni con personal ajeno a la empresa ni con otros de la misma empresa. Las actuaciones de este tipo suponen una vulneración del derecho fundamental de huelga. No obstante, no se puede generalizar sobre esta cuestión, puesto que hay muchas excepciones, dependiendo del puesto de trabajo que se vaya a sustituir y de la forma que se realice la sustitución.

 

¿Quién fija los servicios mínimos en aquellos ámbitos considerados servicios esenciales?

Las medidas que garanticen el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales están atribuidas finalmente a la autoridad gubernativa.

 

¿Tienen que estar motivados los servicios mínimos?

Sí, en atención a los intereses generales de la comunidad, de manera imparcial y teniendo en cuenta las características y necesidades del servicio afectado y las concretas circunstancias concurrentes en la huelga en cuestión.

 

Cuando la huelga se declare en empresas no dedicadas a estos servicios esenciales ¿qué servicios se han de garantizar?

Los necesarios para la seguridad de las personas y cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra que fuese precisa para la ulterior reanudación del funcionamiento de la empresa.

 

¿Corresponde a la empresa designar a los trabajadores que deben efectuar estos servicios mínimos?

No, esta facultad unilateral fue declarada inconstitucional. Deberá hacerse con la participación del comité de huelga.

Ante la falta de acuerdo, deberá responder el orden jurisdiccional.

 

El cumplimiento de los servicios mínimos ¿puede recaer incluso en trabajadores y trabajadoras huelguistas?

Sí.

 

¿Cuáles pueden ser considerados servicios esenciales?

El Tribunal Constitucional se ha encargado de definir los serviios esenciales como aquellos que pretenden satisfacer derechos e intereses que son básicos, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.

A modo genérico, lo relativos a la sanidad y la salud, seguridad, enseñanza, centrales nucleares, transortes, administración de Justicia, servicios de producción, almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, emergencia, telefonía, abastecimiento de aguas, electricidad, gas y productos básicos, servicios de prevención de incendios, instituciones públicas (BOE, Consejo General del Poder Judicalm Banco de Espaa…), estiba y desestiba de buques…

La Comunidad de Madrid pone en riesgo miles de empleos al incumplir su compromiso con el Grupo PSA

La Comunidad de Madrid pone en riesgo miles de empleos al incumplir su compromiso con el Grupo PSA

El sindicato USO-Madrid denuncia que la Comunidad de Madrid (CAM) no está cumpliendo su parte del acuerdo firmado en junio de 2017 con la empresa fabricante de automóviles Grupo PSA para evitar la pérdida de miles de empleos.

El Comité de Empresa, del que USO-Madrid forma parte, ha lamentado en un comunicado su descontento por el trato injusto que los representantes políticos están dando al Grupo PSA y ha recordado que, para que la planta de Madrid consolide su futuro industrial y se mantengan los puestos de trabajo tanto directos como indirectos, es imprescindible que la CAM cumpla con los compromisos adquiridos en el acuerdo SmartMAD2021, firmado en junio de 2017.

El presidente del grupo, Carlos Tabares, supeditó la llegada de la plataforma CMP (con variante eléctrica) y la asignación de un nuevo modelo en 2021 a la firma por parte de los trabajadores de un acuerdo de competitividad SmartMAD2021, al cumplimiento del objetivo del coste de fabricación (VAPRF) y al compromiso por parte de la CAM de contribuir económicamente con lo necesario para hacer frente a la transformación e inversiones del centro.

El citado acuerdo supuso un esfuerzo y sacrificio enorme de la plantilla que siempre ha querido pelear por mantener la actividad industrial de esta planta histórica. Pero los actuales responsables de la comunidad transmitieron en su momento un compromiso por escrito que aún no se ha traducido en nada real.

La inacción del Gobierno está poniendo en riesgo la llegada de nuevos modelos a la fábrica y, con ello, la destrucción de miles de puestos de trabajo.

El Comité de Empresa también ha recordado al gobierno madrileño que todas las plantas del sector automovilístico español cuentan con el apoyo y el reconocimiento de sus respectivos gobiernos autonómicos con el fin de mantener los empleos directos e indirectos de las mismas, así como para contribuir a la necesaria modernización de la industria y, con ello, mejorar los indicadores de competitividad. Sin embargo, esto no está sucediendo de igual manera en Madrid.

La MERP pide a los ayuntamientos que apoyen el blindaje de las pensiones

La MERP pide a los ayuntamientos que apoyen el blindaje de las pensiones

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) pide a los ayuntamientos que apoyen el blindaje constitucional de las pensiones. Por ese motivo, USO-Madrid ha estado este martes, 19 de febrero junto al resto de asociaciones que componen la MERP en una nueva recogida de firmas en Callao.

La Ejecutiva de la Unión Regional de Madrid estuvo pidiendo apoyos a pie de calle junto a la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO, Dulce Mª Moreno. A la cita también acudieron las organizaciones de la MERP, así como representantes públicos de los distintos grupos políticos del ayuntamiento y del parlamento autonómico.

El pasado 17 de enero se celebró un debate en el Congreso de los Diputados entre la MERP y los portavoces del Pacto de Toledo, al que acudieron representantes del PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromís. Además estuvieron presentes 170 representantes de organizaciones de la MERP. Antes del acto, los portavoces de la plataforma tuvieron un breve encuentro con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que insistió en poder reunirse con la MERP.

Ahora, la MERP, inicia una nueva etapa de trabajo y movilización montando mesas por todo el país para llamar a los ayuntamientos a apoyar a la MERP. Ya lo han hecho varias instituciones como el Parlamento de Navarra, la Generalitat Valenciana, el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de Cantabria y hasta 60 ayuntamientos; instituciones que representan más de una tercera parte del censo del país.

Campofrío se niega a readmitir a Alfonso y USO-Madrid se suma a la campaña de denuncia

Campofrío se niega a readmitir a Alfonso y USO-Madrid se suma a la campaña de denuncia

Carnes Selectas-Campofrío se ha negado a readmitir a Alfonso Callejo tras la celebración este martes del acto de mediación en la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos. Alfonso fue despedido como represalia a su labor sindical y a su lucha por acabar con la doble escala salarial.

Durante estas últimas semanas la Federación de Industria de USO ha iniciado una campaña de recogida de firmas pedir la readmisión de Alfonso. La campaña se ha extendido a las redes sociales, donde todos los que formamos parte de USO hemos publicado fotografías denunciando la represión sindical ejercida por Campofrío.

Según cuentan nuestros compañeros de USO Castilla y León, a la mediación celebrada este martes no ha acudido ningún representante de la empresa. Un abogado externo ha comunicado la disposición de Carnes Selectas-Campofrío a negociar la indemnización económica, pero ha rechazado totalmente la readmisión de Callejo.

En los próximos días, se presentará la demanda correspondiente. «Seguiré luchando hasta conseguir la readmisión. No quiero más dinero, lo que quiero es seguir trabajando y defender los derechos de mis compañeros», ha manifestado Callejo,

Medio centenar de delegados de la Federación de Industria Estatal así como de otras uniones territoriales han acompañado a Callejo esta mañana para mostrar todo el apoyo y respaldo de la USO ante la difícil situación que está atravesando.

Ambulancias alerta del riesgo para los pacientes y pide dos técnicos por vehículo

Ambulancias alerta del riesgo para los pacientes y pide dos técnicos por vehículo

El Comité de Empresa de la adjudicataria de los servicios de traslado urgente en ambulancia de la Comunidad de Madrid (SAFE Urgencias 2016 UTE) han reclamado a la Consejería de Sanidad que aumente el número de vehículos con dos técnicos. También ha denunciado que ahora mismo la mitad de las unidades prestan servicio con un único conductor, una cifra que sube hasta el 70% cuando hay gran demanda.

USO-Madrid ha acudido a la concentración convocada este jueves frente a la Consejería de Sanidad de Madrid junto al resto de sindicatos del comité de empresa (CSIF, CCOO, UGT y FSTES). Bajo el lema «Transporte sanitario urgente ¿low cost?», hemos denunciado que con la situación actual se está poniendo en riesgo a los pacientes.

El presidente del Comité de Empresa, José María Portillo, ha explicado a los medios de comunicación que el actual contrato de concesión, vigente desde 2016, «no es viable». También ha detallado que un total de 43 ambulancias, aproximadamente el 50%, solo tienen un conductor y el actual pliego permite esa situación.

Desde el comité de empresa, hemos trasladado estas reivindicaciones a la Consejería. Desde la Gerencia del SUMMA 112 han reconocido las deficiencias del servicio. También se han mostrado dispuestos a trasladar nuestras peticiones para mejorar el servicio a la Consejería de Hacienda. La cuestión es que esta situación ya se viene dilatando en el tiempo y de momento no se ha hecho nada.

Superadas las 200.000 firmas contra el cierre de los colegios de Educación Especial

Superadas las 200.000 firmas contra el cierre de los colegios de Educación Especial

La Federación de Enseñanza de USO de Madrid, (FEUSO-Madrid) ha conseguido superar las 200.000 firmas de apoyo a su campaña para denunciar el cierre de los colegios de Educación Especial.

El Gobierno pretende introducir en la nueva Ley de Educación, que está tramitando a una velocidad exprés, una norma para que los 35.000 alumnos con discapacidad que estudian en los centros de Educación Especial se integren en las aulas ordinarias.

«Como está sucediendo con el resto de las medidas que incorpora la nueva Ley, todo se está haciendo a cien por hora, sin el necesario debate, sin consenso y sin contar con los representantes de los trabajadores y de los centros», denuncia el secretario general de FEUSO-Madrid, Juan Torija.

 

Cientos de puestos de trabajo en peligro

«Esta medida provocaría el cierre de muchos centros que llevan muchos años prestando un impagable servicio educativo a la sociedad y a las familias gracias a la atención y al trabajo profesional de unos docentes que ven, además, como sus puestos de trabajo están en peligro«, señala Torija.

El Gobierno se ampara en una discutible recomendación de la ONU, que emitió un Informe sin conocer con detenimiento la realidad educativa de estos alumnos ni el trabajo que desarrollan los centros de Educación Especial. En la Comunidad de Madrid, hace unos meses, se tramitaron varias proposiciones de ley en esta dirección que encontraron sin embargo un contundente rechazo de las familias, los centros y el profesorado.

 

Educación inclusiva, sí. Especial, también

De llevarse a cabo las medidas que contemplaban estas proposiciones, provocarían la eliminación de los colegios de Educación Especial (centros educativos específicos para alumnos con necesidades especiales asociadas a un determinado tipo de discapacidad).

«Desde FEUSO no nos oponemos a que se promueva la educación inclusiva; al contrario», señalan desde la federación regional. «Lo que sí rechazamos es la imposición y el decretazo y que solo se contemple para este alumnado una única modalidad de escolarización, sin que se respete la libertad de las familias, medida que provocará indirectamente el cierre de numerosos centros de Educación Especial y llevará al paro a miles de trabajadores».

FIRMA AQUÍ PARA QUE NO DESAPAREZCAN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL