Un paso atrás para interinos y temporales en fraude de ley en la Administración

Un paso atrás para interinos y temporales en fraude de ley en la Administración

El Gobierno ha cerrado con “sus” sindicatos un acuerdo en el último minuto de la prórroga para pasar el examen parcial de Bruselas, pero que no va al fondo del problema estructural de la Administración y sus plantillas, tanto personal funcionario como interinos y otro personal temporal en fraude de ley. El acuerdo, que fía la estabilización a los concursos-oposición y a la aplicación de despidos procedentes, penaliza a los trabajadores y exime de toda culpa al empresario, a la Administración.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia Bruselas, para el reparto de fondos de recuperación, tienen la temporalidad del empleo público en España en el punto de mira. El plazo para ese acuerdo expiraba ayer, toda vez que hoy se celebra el Consejo de Ministros que debe darle la bendición antes de enviarlo a la capital comunitaria.

Tras años de mirar para otro lado y dejar que la bola se fuera haciendo mayor, el acuerdo se resolvió con urgencia y poca originalidad: concursos-oposición.

En qué consiste el acuerdo para reducir la temporalidad en la Administración

El acuerdo se centra en los siguientes puntos, que, en resumen, sitúan el pago de las responsabilidades en los trabajadores:

  • Por un lado, establece la duración máxima de un contrato temporal en tres años.
  • Por otro, lo establece con efectos retroactivos: deberán regularizarse como plazas fijas aquellos puestos que hayan estado ocupados durante tres años o más hasta el 31 de diciembre de 2020. El Gobierno calcula que son en torno a 300.000 plazas. Desde FAC-USO defienden que hay al menos 800.000 casos de temporalidad abusiva y que podrían ser incluso cerca de un millón. La opacidad en los datos administrativos impide un censo fehaciente.
  • La estabilización se haría por medio de ofertas de empleo público masivas donde la parte de méritos alcanzaría el 40% de la valoración, una vez aprobado el examen común. Este proceso se extendería hasta 2024.
  • La Administración aplicará un despido objetivo a todos aquellos interinos que han ocupado esos puestos y no consigan la plaza en los concurso. Es decir, la Administración contrata en fraude de ley, los contratados pagan con su puesto de trabajo y la Administración solo le cambia el DNI a la plaza.
  • Cada interino o temporal en fraude de ley recibirá una compensación de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. La Administración perpetrará así el mayor despido colectivo de la historia de España, amparado en la Reforma Laboral que promete aligerar en esos artículos más lesivos que tan oportunos le resultan cuando actúa como patronal.
  • El interino o temporal, eso sí, accederá a nueva “bolsa de empleo” gracias a la cual podrá ser de nuevo… interino o temporal.

La Administración, sin responsabilidades

Indemnizaciones irrisorias para personas que han llegado a estar 25 años en su puesto de trabajo, pero indemnidad para las Administraciones. En similar situación, cualquier empresa privada recibiría amonestaciones y multas de mayor o menor cuantía. La Administración, sin embargo, con casi un millón de trabajadores en situación irregular o fraudulenta, no recibirá ningún tipo de sanción por haber abusado de la temporalidad tan irresponsablemente.

El TJUE obliga a imponer sanciones y medidas disuasorias para que no se repita esta situación, pero el acuerdo entre Administración y sindicatos pasa de puntillas por este tema, y solo refleja a futuro qué supondrá para aquellas que reincidan en el comportamiento. Ni mención a los causantes de la situación actual.

Al contrario, la única responsable, la Administración, se dedica a enfrentar a temporales e interinos con los opositores aspirantes al turno libre; ambos colectivos en su legítimo derecho de ambicionar un puesto de trabajo al que le han dedicado tiempo y esfuerzo.

Un acuerdo de interinos y temporales que repite los mismos errores interesados

“Este pacto pone de relieve el fracaso de los anteriores acuerdos, 2017/2018. Lejos de solventar el problema de temporalidad, cae en los mismos errores interesados. Y se olvida de otras soluciones, que ya figuran en el EBEP, como el concurso extraordinario de méritos, en su artículo 61. U otras más imaginativas, como reconocer como plazas a extinguir las que ocupan todos los empleados públicos que pudieran estar en fraude de ley o situación de abusividad, como lo define el TJUE”, arguye Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

Por ello, desde FAC-USO “le pedimos al Gobierno una apuesta real por la fijeza de los trabajadores temporales en fraude de ley. Algunos han dedicado toda su vida laboral a esta Administración que ahora los menosprecia y ningunea”. Deleito advierte, además, que “seguiremos buscando todos los resquicios legales para defender ante juzgados, tribunales e instituciones europeas estos casos abusivos”.

Por último, el secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO lamenta que “tras estos macroprocesos selectivos, hay un último interés de los firmantes: frotarse las manos con los cursos de formación que estas personas van a verse obligados a sumar para las baremaciones”.

USO y sindicatos policiales se concentrarán este lunes contra la brutal bajada salarial en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama

USO y sindicatos policiales se concentrarán este lunes contra la brutal bajada salarial en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama

Los delegados de USO en el ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, la Unión de Policías Municipal y CPPM han convocado una concentración este lunes 28 de junio para denunciar la bajada salarial de hasta 400 euros al mes que sufren desde marzo más de una treintena de trabajadores que prestan sus servicios en el municipio, lo que supone una vulneración de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

Más de treinta trabajadores del ayuntamiento de Paracuellos del Jarama han visto cómo desde el pasado mes de marzo se ha eliminado de su nómina el pago de festivos, turnos y absentismo recogidos en los diferentes acuerdos y convenios. Esto supone una bajada de entre 300 – 400 euros mensuales por trabajador.

“El alcalde y sus técnicos municipales están jugando con el dinero de los trabajadores. Se ha subido el sueldo 1.400 euros a un grupo de técnicos, pero se ha bajado a unas 30 personas. Eso supone incumplir los acuerdo alcanzados en la mesa de negociación respecto a las retribuciones pactadas en la RPT y VPT, donde se acordó que no se bajarían los sueldos de ningún trabajador”, denuncia Víctor Abelenda, responsable de la sección sindical de USO-Madrid en el Ayuntamiento.

Las tres organizaciones convocantes reclaman un pago de productividades equitativo, justo, justificado y transparente. También exigen que se acabe con la persecución hacia ciertos trabajadores municipales que han alzado la voz para contar qué está sucediendo realmente en el seno del ayuntamiento, entre ellos el representante de la Junta de Persona, expedientado por defender los derechos de los trabajadores.

Además, solicitan el cese de las comisiones de servicio actuales y el cese inmediato del jefe de la Policía, cuyo modelo policial ha fracasado y ha llevado a la mayor tasa de absentismo en el colectivo policial, dejando al municipio de Paracuellos desprotegido. “Queremos ser dirigidos por jefes competentes y no puestos a dedo”, reclama Abelenda.

Por todos estos motivos, USO, UPM y CPPM han convocado una huelga para este lunes 28 de junio, entre las 10 y las 11 horas en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. “Los trabajadores hemos sido víctimas de las mentiras de este equipo de gobierno y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a luchar para recuperar los derechos que nos han arrebatado”, concluye Abelenda.

FAC-USO convoca una manifestación contra el fraude y los contratos abusivos en la Administración

FAC-USO convoca una manifestación contra el fraude y los contratos abusivos en la Administración

La Federación de Atención a la Ciudadanía (FAC-USO) ha convocado una manifestación contra la situación de casi 800.000 trabajadores que se encuentran en situación de Fraude de Ley y/o con contrataciones abusivas en las administraciones públicas. La manifestación será el próximo día 19 de junio en Madrid.

La posición de la USO en esta situación siempre ha sido buscar una solución para las personas, no para los puestos. Los trabajadores se encuentran en una situación anómala y perjudicial y mientras otros sindicatos hablan de puestos, se olvidan de cientos de miles de afectados que se pueden ver abocados al despido y/o cese en sus puestos de trabajo, la mayoría de ellos con más de 20 años trabajando en las administraciones públicas.

Desde el 2013, la FAC-USO ha estado denunciando esta situación y haciendo campañas específicas para iniciar las reclamaciones oportunas. Es en estos últimos años, cuando más se ha visualizado este problema. Creemos que las soluciones vienen por el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y con desarrollo legislativo del TREBEP, que contempla esta posibilidad en su artículo 61.

No coincidimos con algunas coordinadoras en asuntos como las impugnaciones de OPE´s y concursos, ya que entendemos perjudica a otros colectivos (hay que sumar desde el principio de empleo digno, no del precario, y queremos sumar a otros colectivos contra esta situación injusta), pero si en el resultado final que es la fijeza, y la solución que proponemos es viable y directa, solo es necesaria la voluntad política de hacerla.

 

USO demanda con urgencia empleo público estable y de calidad

USO demanda con urgencia empleo público estable y de calidad

El empleo público en España es temporal y precario. Y no lo decimos únicamente desde USO. También la Unión Europea lleva años reclamándole a nuestros sucesivos gobiernos que tomen medidas para reducir la temporalidad y precariedad laboral del empleo en España y, muy concretamente, en el sector público. En resumen: que en nuestro país se lleva décadas abusando de modalidades temporales y precarias de una manera escandalosa. Hasta el punto de que este tipo de «subempleo» ronda ya el 30% del total en las Administraciones Públicas.

En el conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país, se da un porcentaje de contratación temporal injustificada que afecta a casi a 800.000 trabajadores, un millón tras la pandemia.

«Se producen situaciones surrealistas, con carreras profesionales que llegan a su jubilación tras varias décadas en puestos estructurales, pero sin haber logrado en todo ese tiempo la estabilidad laboral. Ocurre en Sanidad, Educación, Administración General del Estado, en Justicia, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Emergencias… y en prácticamente el conjunto de los servicios que se prestan desde el ámbito estatal, autonómico o local. Esa temporalidad es un 10% superior a la del sector privado, que ya es decir. Un dato muy significativo es que más de la mitad del empleo público de menores de 40 años en el conjunto de las administraciones es temporal», recalca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

En muchos casos, se trata de sustituciones limitadas, proyectos temporales o debido a circunstancias excepcionales. Pero la mayoría son plazas consolidadas, labores o puestos imperecederos, puestos de previsible necesidad de disponibilidad o servicios públicos competenciales que hacen incomprensible su temporalidad.

El empleo público no puede ser una moneda de cambio que ponga en riesgo los servicios sociales

Una vez más, desde el mal llamado diálogo social se han ido alcanzando acuerdos y propuesto objetivos en la materia que han sido sistemáticamente incumplidos, que han terminado en papel mojado.

«Por otro lado, a algunos les ha interesado enfrentar ficticiamente a los trabajadores damnificados por la precariedad eterna de interinos o personal laboral, frente a los que piden acceso al empleo público mediante oposiciones en plazas que llevan cubriéndose con parches humanos durante décadas. Por ello, deberían responder por colaborar con la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran estos trabajadores desde hace años y que evidencia el fracaso de sus negociaciones y planteamientos», incide el secretario general de USO.

Desde USO, «creemos que es importante no verlo únicamente como un problema laboral, sino darle toda su dimensión en cuanto al Estado de Bienestar. La estabilidad laboral de las plantillas públicas revierten en la calidad y eficacia de esos servicios, y en la eficiencia de la protección social. En la actual coyuntura, es más necesario que nunca realzar el empleo público, reforzar los servicios que cubre. Y debe hacerse, además, garantizando que se accede a él bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando las designaciones a dedo y la arbitrariedad escandalosa que, por desgracia, hemos presenciado en las administraciones locales y en la empresa pública, dicho sea de paso», recuerda Joaquín Pérez.

Resolución inmediata del fraude de ley

«El sistema de empleo público debe ser claro», sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO. Sin embargo, «ante la falta de Ofertas de Empleo Público, se ha pasado a fomentar el fraude de ley, consentido y promovido por las propias Administraciones Públicas. Estas, además, son incapaces de resolver la situación que ellas mismas han generado. Y tampoco son capaces de aplicar una solución definitiva a este problema, tal como ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recuerda Deleito.

Sentencia, que, «en resumen, dice: fijeza para estos trabajadores o una indemnización tan fuerte que sea impensable que se recaiga en la contratación en fraude de ley. Nuestros políticos no quieren ni una cosa ni la otra. Y así llevamos años. Falta valentía para abordar y resolver este grave problema que afecta a cientos de miles de trabajadores. Una bola que, en lugar de menguar, crece», lamenta el secretario general de FAC-USO.

Nuestra Federación lleva ya dos años con una campaña específica para reclamar, por vía judicial cuando es necesario, cada contratación en fraude de ley en las administraciones.

Pacto de Estado por el empleo público, sin tintes partidistas

Pero, de nuevo, «los dirigentes políticos no han dado para más. No han sido capaces de sacar adelante un pacto de Estado por la calidad del empleo y de los servicios públicos en las administraciones. Los partidos por encima del bien común, otra vez», apunta Joaquín Pérez.

Nuestro sindicato tiene muy claro que «la solución debe plantearse por dos vías. Por un lado, lo referente a los puestos estructurales, que deben cubrirse sí o sí con empleo estable, contemplando prioritariamente para su acceso a los que llevan desarrollando esos trabajos como mérito, mediante conversiones automáticas bien reguladas. Y, por otro, mediante el establecimiento de reglas fijas de conversión en estable en aquellos en los que la horquilla más circunstancial es la que la motiva. Toda administración sabe el porcentaje y número aproximado de puestos sujetos a sustituciones o eventualidades, y cuándo la contratación temporal sobrepasa la cobertura de esas circunstancias».

Mientras se siguen pasando la patata caliente de quién debe resolver la precariedad laboral en la Administración, España sigue muy por debajo de la media de empleo público de los países de la OCDE: en número, pero, sobre todo, en calidad de empleo. «Por eso, no nos extraña que los trabajadores se ofendan con su calificación de ‘esenciales’ a conveniencia, cuando conviene llenarse la boca con su importancia. Pero que su esencialidad se revise semana a semana», concluye Joaquín Pérez.

FAC-USO solicita reuniones con los grupos parlamentarios para abordar la situación del SEPE

FAC-USO solicita reuniones con los grupos parlamentarios para abordar la situación del SEPE

La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO (FAC-USO) ha registrado en el Congreso peticiones de reunión con los grupos parlamentarios para abordar la situación del SEPE y trasladarles las propuestas de medidas que deben adoptarse de manera urgente.

Ante la inminente convocatoria de huelga en el SEPE para el mes de marzo, FAC-USO exige a los grupos parlamentarios que se posicionen sobre la situación que atraviesa este organismo público.

FAC-USO continúa denunciado que la situación laboral que los trabajadores del SEPE están soportando requiere de una actuación contundente que pasa por adoptar medidas que palíen el enorme malestar existente en un servicio público esencial, de cuya eficacia dependen millones de ciudadanos afectados por la crisis sanitaria y por el desempleo.

“La plantilla ha denunciado a lo largo de muchos años la lamentable situación del SEPE y desde USO hemos realizado infinitas denuncias sin que la administración haya demostrado ninguna voluntad de afrontar la realidad de este organismo público que siempre ha sido abandonado a su suerte, sin recursos humanos, ni técnicos, sin oficinas, sin inversiones informáticas, y por desgracia, desde la transferencia de las políticas activas a las comunidades, sin ningún tipo de modernización en su gestión”, apunta Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

 

Sin respuesta por parte de Trabajo

El pasado 19 de enero, FAC-USO remitió un escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social, exponiéndole de forma pormenorizada la situación de este organismo, así como las propuestas de medidas que desde USO entendemos que deberían aplicarse. La solución para el SEPE pasa por modernizar este servicio público mejorando la gestión ante el ciudadano, para lo que es imprescindible la creación de una nueva Agencia de carácter estatal, además de reforzar en un 50% la plantilla fija; modernizar las aplicaciones informáticas y establecer unas directrices comunes para todas las direcciones provinciales, entre otras medidas.

“Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, por lo que hacemos un llamamiento a todos los partidos con representación en el Congreso para afrontar la problemática del SEPE y presionar al Gobierno para que dedique al organismo la atención que merece”, concluye Deleito.