por Prensa USO-Madrid | Jun 3, 2021 | Acción sindical
La Federación de Atención a la Ciudadanía (FAC-USO) ha convocado una manifestación contra la situación de casi 800.000 trabajadores que se encuentran en situación de Fraude de Ley y/o con contrataciones abusivas en las administraciones públicas. La manifestación será el próximo día 19 de junio en Madrid.
La posición de la USO en esta situación siempre ha sido buscar una solución para las personas, no para los puestos. Los trabajadores se encuentran en una situación anómala y perjudicial y mientras otros sindicatos hablan de puestos, se olvidan de cientos de miles de afectados que se pueden ver abocados al despido y/o cese en sus puestos de trabajo, la mayoría de ellos con más de 20 años trabajando en las administraciones públicas.
Desde el 2013, la FAC-USO ha estado denunciando esta situación y haciendo campañas específicas para iniciar las reclamaciones oportunas. Es en estos últimos años, cuando más se ha visualizado este problema. Creemos que las soluciones vienen por el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y con desarrollo legislativo del TREBEP, que contempla esta posibilidad en su artículo 61.
No coincidimos con algunas coordinadoras en asuntos como las impugnaciones de OPE´s y concursos, ya que entendemos perjudica a otros colectivos (hay que sumar desde el principio de empleo digno, no del precario, y queremos sumar a otros colectivos contra esta situación injusta), pero si en el resultado final que es la fijeza, y la solución que proponemos es viable y directa, solo es necesaria la voluntad política de hacerla.
por Prensa USO-Madrid | Mar 5, 2021 | Acción sindical, Economía, Empleo
El empleo público en España es temporal y precario. Y no lo decimos únicamente desde USO. También la Unión Europea lleva años reclamándole a nuestros sucesivos gobiernos que tomen medidas para reducir la temporalidad y precariedad laboral del empleo en España y, muy concretamente, en el sector público. En resumen: que en nuestro país se lleva décadas abusando de modalidades temporales y precarias de una manera escandalosa. Hasta el punto de que este tipo de «subempleo» ronda ya el 30% del total en las Administraciones Públicas.
En el conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país, se da un porcentaje de contratación temporal injustificada que afecta a casi a 800.000 trabajadores, un millón tras la pandemia.
«Se producen situaciones surrealistas, con carreras profesionales que llegan a su jubilación tras varias décadas en puestos estructurales, pero sin haber logrado en todo ese tiempo la estabilidad laboral. Ocurre en Sanidad, Educación, Administración General del Estado, en Justicia, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad, Emergencias… y en prácticamente el conjunto de los servicios que se prestan desde el ámbito estatal, autonómico o local. Esa temporalidad es un 10% superior a la del sector privado, que ya es decir. Un dato muy significativo es que más de la mitad del empleo público de menores de 40 años en el conjunto de las administraciones es temporal», recalca Joaquín Pérez, secretario general de USO.
En muchos casos, se trata de sustituciones limitadas, proyectos temporales o debido a circunstancias excepcionales. Pero la mayoría son plazas consolidadas, labores o puestos imperecederos, puestos de previsible necesidad de disponibilidad o servicios públicos competenciales que hacen incomprensible su temporalidad.
El empleo público no puede ser una moneda de cambio que ponga en riesgo los servicios sociales
Una vez más, desde el mal llamado diálogo social se han ido alcanzando acuerdos y propuesto objetivos en la materia que han sido sistemáticamente incumplidos, que han terminado en papel mojado.
«Por otro lado, a algunos les ha interesado enfrentar ficticiamente a los trabajadores damnificados por la precariedad eterna de interinos o personal laboral, frente a los que piden acceso al empleo público mediante oposiciones en plazas que llevan cubriéndose con parches humanos durante décadas. Por ello, deberían responder por colaborar con la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran estos trabajadores desde hace años y que evidencia el fracaso de sus negociaciones y planteamientos», incide el secretario general de USO.
Desde USO, «creemos que es importante no verlo únicamente como un problema laboral, sino darle toda su dimensión en cuanto al Estado de Bienestar. La estabilidad laboral de las plantillas públicas revierten en la calidad y eficacia de esos servicios, y en la eficiencia de la protección social. En la actual coyuntura, es más necesario que nunca realzar el empleo público, reforzar los servicios que cubre. Y debe hacerse, además, garantizando que se accede a él bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando las designaciones a dedo y la arbitrariedad escandalosa que, por desgracia, hemos presenciado en las administraciones locales y en la empresa pública, dicho sea de paso», recuerda Joaquín Pérez.
Resolución inmediata del fraude de ley
«El sistema de empleo público debe ser claro», sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO. Sin embargo, «ante la falta de Ofertas de Empleo Público, se ha pasado a fomentar el fraude de ley, consentido y promovido por las propias Administraciones Públicas. Estas, además, son incapaces de resolver la situación que ellas mismas han generado. Y tampoco son capaces de aplicar una solución definitiva a este problema, tal como ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recuerda Deleito.
Sentencia, que, «en resumen, dice: fijeza para estos trabajadores o una indemnización tan fuerte que sea impensable que se recaiga en la contratación en fraude de ley. Nuestros políticos no quieren ni una cosa ni la otra. Y así llevamos años. Falta valentía para abordar y resolver este grave problema que afecta a cientos de miles de trabajadores. Una bola que, en lugar de menguar, crece», lamenta el secretario general de FAC-USO.
Nuestra Federación lleva ya dos años con una campaña específica para reclamar, por vía judicial cuando es necesario, cada contratación en fraude de ley en las administraciones.
Pacto de Estado por el empleo público, sin tintes partidistas
Pero, de nuevo, «los dirigentes políticos no han dado para más. No han sido capaces de sacar adelante un pacto de Estado por la calidad del empleo y de los servicios públicos en las administraciones. Los partidos por encima del bien común, otra vez», apunta Joaquín Pérez.
Nuestro sindicato tiene muy claro que «la solución debe plantearse por dos vías. Por un lado, lo referente a los puestos estructurales, que deben cubrirse sí o sí con empleo estable, contemplando prioritariamente para su acceso a los que llevan desarrollando esos trabajos como mérito, mediante conversiones automáticas bien reguladas. Y, por otro, mediante el establecimiento de reglas fijas de conversión en estable en aquellos en los que la horquilla más circunstancial es la que la motiva. Toda administración sabe el porcentaje y número aproximado de puestos sujetos a sustituciones o eventualidades, y cuándo la contratación temporal sobrepasa la cobertura de esas circunstancias».
Mientras se siguen pasando la patata caliente de quién debe resolver la precariedad laboral en la Administración, España sigue muy por debajo de la media de empleo público de los países de la OCDE: en número, pero, sobre todo, en calidad de empleo. «Por eso, no nos extraña que los trabajadores se ofendan con su calificación de ‘esenciales’ a conveniencia, cuando conviene llenarse la boca con su importancia. Pero que su esencialidad se revise semana a semana», concluye Joaquín Pérez.
por Prensa USO-Madrid | Feb 15, 2021 | Acción sindical
La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO (FAC-USO) ha registrado en el Congreso peticiones de reunión con los grupos parlamentarios para abordar la situación del SEPE y trasladarles las propuestas de medidas que deben adoptarse de manera urgente.
Ante la inminente convocatoria de huelga en el SEPE para el mes de marzo, FAC-USO exige a los grupos parlamentarios que se posicionen sobre la situación que atraviesa este organismo público.
FAC-USO continúa denunciado que la situación laboral que los trabajadores del SEPE están soportando requiere de una actuación contundente que pasa por adoptar medidas que palíen el enorme malestar existente en un servicio público esencial, de cuya eficacia dependen millones de ciudadanos afectados por la crisis sanitaria y por el desempleo.
“La plantilla ha denunciado a lo largo de muchos años la lamentable situación del SEPE y desde USO hemos realizado infinitas denuncias sin que la administración haya demostrado ninguna voluntad de afrontar la realidad de este organismo público que siempre ha sido abandonado a su suerte, sin recursos humanos, ni técnicos, sin oficinas, sin inversiones informáticas, y por desgracia, desde la transferencia de las políticas activas a las comunidades, sin ningún tipo de modernización en su gestión”, apunta Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.
Sin respuesta por parte de Trabajo
El pasado 19 de enero, FAC-USO remitió un escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social, exponiéndole de forma pormenorizada la situación de este organismo, así como las propuestas de medidas que desde USO entendemos que deberían aplicarse. La solución para el SEPE pasa por modernizar este servicio público mejorando la gestión ante el ciudadano, para lo que es imprescindible la creación de una nueva Agencia de carácter estatal, además de reforzar en un 50% la plantilla fija; modernizar las aplicaciones informáticas y establecer unas directrices comunes para todas las direcciones provinciales, entre otras medidas.
“Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, por lo que hacemos un llamamiento a todos los partidos con representación en el Congreso para afrontar la problemática del SEPE y presionar al Gobierno para que dedique al organismo la atención que merece”, concluye Deleito.
por Prensa USO-Madrid | Dic 19, 2019 | Economía, Empleados públicos
Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo en el que desestima la petición de una funcionaria para que se le abone una parte de la productividad semestral que le ha sido detraída por su “bajo rendimiento en un periodo de 15 días en el que ha estado de baja por IT”, según argumenta, desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO “manifestamos nuestra oposición y asombro, sin perjuicio del acatamiento debido a la misma”.
Por ello, “reclamamos la necesidad inminente de negociar un nuevo sistema retributivo para los empleados públicos acorde con la realidad, que permita dignificar sus retribuciones, y que acabe de una vez con cualquier tipo de cacicadas o actuaciones arbitrarias y abusivas”, argumenta Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.
Tras analizar la sentencia, FAC-USO considera que la Sala no entra en el fondo de la cuestión, al limitarse a citar una serie de preceptos respecto de la definición de lo que debía ser la productividad, así como que la percepción de la misma no consolida derechos respecto su percibo en ejercicio posteriores.
“Se olvida la Sala que, en nuestro actual y obsoleto sistema retributivo, la denominada productividad no es objetivamente ‘productividad’ en la mayoría de los casos, sino que, por sus características y forma de pago, es realmente salario puro y duro, que integra el conjunto de retribuciones de un empleado público, que puede tener en su nómina, dándose hasta tres o cuatro tipos de productividades diferentes”, explica Deleito. Por tanto, esa productividad en estos supuestos es salario, forma parte de su estructura salarial, y así debe de ser conceptuado.
Además, “permitir que su cuantía venga fijada mediante la decisión subjetiva de determinado superior jerárquico es una tiranía inaceptable en el siglo XXI”, añade Deleito.
Si el empleado público en cuestión no cumple efectivamente con su trabajo, existen medios, dentro del sistema sancionador, para en su caso incoarle el correspondiente expediente disciplinario, con las debidas garantías, e imponerle las sanciones que en el mismo se pudieran determinar, apuntan desde FAC-USO.
“La sentencia no entra en estas cuestiones que, a nuestro entender, se nos antojan fundamentales para concluir con que el actual sistema retributivo de los empleados públicos en España es arcaico, está obsoleto y es inservible para los retos que una Administración moderna plantea”, concluye Deleito.
