El Ministerio de Defensa se quedará desde hoy sin seguridad por la huelga de sus vigilantes

El Ministerio de Defensa se quedará desde hoy sin seguridad por la huelga de sus vigilantes

USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad Marsegur, han convocado huelga los días 25 y 26 de septiembre y una concentración, por incumplimiento de convenio y por impago de las últimas nóminas.

 Esta huelga afecta a unos 500 trabajadores que ejercen su labor de vigilancia en el Ministerio de Defensa, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros lugares.

Según explica José Ángel Mora Bustos, presidente del comité de empresa de Marsegur y delegado de USO-Madrid, “la empresa no cumple el convenio estatal del sector con lo que los trabajadores cobran un 32% menos del salario establecido, en torno a 750 euros mensuales”. Un situación que consideran “injusta e ilegal” y que ni siquiera les permite la subrogación que supondría mantener la condiciones laborales de la anterior empresa.

Esta situación de ilegalidad fue denunciada en 2014, pero todavía se está a la espera de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Otra de las quejas de los trabajadores, es el retraso en el pago de las nóminas, y en concreto la falta de pago de los dos últimos meses a los vigilantes del Ministerio de Defensa. “La empresa se justifica con que el Ministerio no les ha pagado a ellos”, señala Mora.

Desde USO-Madrid consideramos una situación insostenible de desigualdad que se debe solventar lo antes posible, debida en gran medida a la filosofía de la Administración Pública de primar exclusivamente el low-cost en sus contrataciones.

Concentración Martes 26, a las 12 horas, a las puertas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, (Glorieta del Ejército Nº1).

Situación de los empleados públicos ante el Referéndum convocado en Catalunya

El Consejo de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO), reunido en plenario, hace la siguiente declaración en relación a la situación profesional de los empleados públicos catalanes, durante la preparación, desarrollo y votación del Referéndum del próximo día 1 de octubre convocado por la Generalitat de Catalunya, manifestando que:
Las decisiones políticas tomadas por el Parlamento Catalán, no pueden poner en peligro el trabajo, ni provocar dudas sobre la legalidad del quehacer diario de los empleados públicos.
No resulta lógico, ni aceptable que se ponga a los empleados públicos a la vanguardia de decisiones políticas contrarias a las leyes en vigor.
El trabajo de los funcionarios públicos, está regulado claramente por la Ley 07/2007, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), donde en su artículo 52, dice textualmente:

“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.”
1.En el artículo 53.1 expresa que: “los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico”
2.En el artículo 54.3, dice lo siguiente: “Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

Por todo lo manifestado, debemos DECLARAR lo siguiente:
1.Que sean los políticos los que pasen por el juzgado, si incumplen la ley, pero no es lógico que se utilice a los empleados públicos, en tareas que suponen incumplir las leyes vigentes que emanan de la propia Constitución, la misma que considera a la Generalitat como el Estado en Catalunya.
2.FEP-USO defiende la independencia de los empleados públicos y su trabajo como garantes de la Ley.
3.Los empleados públicos, tenemos la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución.
4.La FEP-USO defenderá a los empleados públicos de todas las formas posibles, si alguien intenta sancionarlos por cumplir con sus funciones, encomendadas por el máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución y el Estatuto de Catalunya.
5.Igualmente apoyaremos cualquier iniciativa en este aspecto, que nuestros delegados y/o afiliados nos reclamen.
6.También debemos afirmar, como organización sindical de trabajadores como es USO, que nuestros valores de independencia, pluralidad, autonomía y solidaridad, en situaciones derivadas de decisiones políticas, son hoy más fuertes y necesarios que nunca:
•Independientes de partidos, empresas, instituciones y administraciones.
•Pluralidad, basada en el respeto a la ideología política, religiosa, filosófica o cultural de nuestra afiliación.
•Autonomía basada en nuestra independencia y autofinanciación.

•Solidaridad con y entre el conjunto de una sociedad pacífica y trabajadora.
7.Precisamente porque estos valores están por encima de cualquier duda, lo que nos ha permitido trabajar más de 50 años en defensa de los trabajadores, debemos afirmar, desde nuestra independencia y pluralidad, que los afiliados en Catalunya pueden optar por cualquiera de las posiciones políticas que se plantean, pero como FEP-USO NO podemos apoyar ninguno de los planteamientos políticos actuales (a favor o en contra del referéndum o de la independencia directa), y por supuesto, no aceptaremos ningún tipo de presión para que nos posicionemos a favor de ninguna de las propuestas políticas, ni acataremos decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o a las decisiones judiciales que se puedan plantear.

El próximo 1 de octubre la FEP-USO dispondrá de un equipo de asesoría jurídica a disposición las 24 horas, por si hubiera algún problema, esperando que cualquier afiliado a USO, sienta que tiene el respaldo jurídico ante esta situación generada por políticos que afecta a trabajadores públicos.

La propuesta de incremento salarial a empleados públicos: una tomadura de pelo

La propuesta de incremento salarial a empleados públicos: una tomadura de pelo

Las rimbombantes negociaciones mantenidas por Hacienda y Función Pública con determinadas organizaciones sindicales van camino de convertirse en una auténtica tomadura de pelo. Un golpe bajo tanto a la inteligencia de los empleados públicos como en nuestra cesta de la compra.

De las ostentosas propuestas de subida salarial que partían de un 20% hemos pasado a un raquítico sistema mixto -fijo más un variable según el PIB- que con toda probabilidad, no llegará a cubrir el incremento del IPC en los años 2018, 2019 y 2020. Se habla de un fijo de un 1,5% para el 2018 más un incremento variable entre el 0,25% y el 0,5% según el PIB; de 1,75% para el 2019 más un incremento variable entre el 0,5% y el 0,75% según el PIB; y un 2% para el 2020 más un incremento variable entre el 0,5% y el 0,75% según el PIB. Por lo que de la recuperación de poder adquisitivo, nada de nada. Incluso tenemos dudas de que vaya a superar el IPC de los referidos años.

Y de la recuperación de los derechos sustraídos durante la crisis: descuento del 5% en el 2010, complemento de IT, ayudas Acción Social, carrera profesional, jornada de trabajo, etc. Nada de nada. Sin olvidarnos que en algunas Administraciones ni tan siquiera se ha recuperado la totalidad de la Paga Extra hurtada en el 2012, ni otros descuentos equivalentes sustraídos en 2013 y 2014. Ni tan siquiera parte de los días de asuntos particulares, por poner un ejemplo.

Por no pagar, a muchos empleados públicos, ni tan siquiera se nos han abonado todavía los atrasos de la subida del 1% del 2017.

Desde luego no entendemos que se hable solo de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos 10 años -que se cifra en un 15%-. ¿Qué pasa con la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los últimos 3 años -cercano a un 50%-.

Parece que los empleados públicos vamos a seguir siendo los pagadores de esta crisis: no vamos a recuperar -para nada- el poder adquisitivo perdido y, posiblemente, sigamos perdiéndolo.

Desde FEP-USO creemos, como ya dijimos, que es necesario adoptar medidas salariales serias que impidan nuevas pérdidas salariales, y para ello, la única solución definitiva pasaría por abordar una reforma completa de nuestra estructura salarial, dotándola de mecanismos de revisión salarial automáticos, incentivando la permanencia en la Administración, recompensando la profesionalidad y la formación laboral con el paso del tiempo. Esta sería una solución definitiva, que no dependería tanto de las decisiones de los políticos de turno.

La FEP-USO califica la actual propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública como una auténtica tomadura de pelo hacia todos los empleados públicos, que supone un incumplimiento del compromiso tantas veces manifestado por el ministro Montoro de compensar los esfuerzos realizados por los empleados públicos durante la crisis. Promesas que como vemos se ha llevado el viento. Y que desde luego exige una respuesta contundente, sin medias tintas, por parte de todos los empleados públicos.

Huelga el 25 y 26 de septiembre en la empresa de seguridad Marsegur

Huelga el 25 y 26 de septiembre en la empresa de seguridad Marsegur

Los sindicatos USO, UGT y CCOO han convocado una huelga de dos días en todos los servicios que tiene en distintos lugares de España la empresa de seguridad Marsegur para exigir que cumpla con el Convenio Colectivo Sectorial.

Tras la celebración de un acto de conciliación en el SIMA, finalizado sin acuerdo, los tres sindicatos mayoritarios del sector han planteado una huelga en todos los servicios que Marsegur tiene en el territorio nacional, motivada por los múltiples incumplimientos en materia laboral de la empresa para con sus trabajadores, los reiterados retrasos en el pago de nóminas, y en particular el incumplimiento en todas las obligaciones contractuales asumidas en el servicio de Defensa, extremo que sus trabajadores están padeciendo especialmente (problemas con la tenencia o ausencia del arma, uniformidad, relevos, servicios descubiertos, etc.).

Por ello, se convoca a todos los trabajadores de la empresa MARSEGUR a la huelga fijada para los días 25 y 26 de septiembre en todos los centros públicos o privados que esta empresa tiene en todo el territorio nacional.

Igualmente convocamos a todos los vigilantes, trabajadores de Marsegur o no, a una concentración el 26 de septiembre -cuyo lugar está pendiente de concretarse- en apoyo a estos compañeros.

Por una contratación pública socialmente responsable, no más contratación de empresas que no cumplen el convenio sectorial en el sector público.

Intensa participación internacional de AJUPE-USO

Intensa participación internacional de AJUPE-USO

El presidente y la secretaria de AJUPE-USO, Felipe Ángel Bayón y María Garrido, respectivamente, han participado en los dos Comités Ejecutivos y Comités de Mujeres de la Federación Europea de Personas Jubiladas y Pensionistas (FERPA) que se han celebrado hasta la fecha.

Desde la FERPA se han lanzado campañas e iniciativas contra la pobreza de los y las jubilados y pensionistas. La crisis ha provocado mucha pobreza, los pobres son más de 50 millones y la mayoría son ancianos y niños. Los problemas son innumerables y están presentes en todos los países, particularmente en lo que se refiere a lo relativo a los servicios de salud, asistencia, pensiones.

AJUPE USOLa FERPA forma parte de la Confederación Europea de Sindicatos con la que coordina su política, en el marco del diálogo social europeo, en particular en materia de seguridad social, pensiones, tratamiento sanitario, para evitar conflictos generacionales entre trabajadores activos y jubilados.

 

Nuestros compañeros y compañeras de AJUPE-USO han elevado sus reivindicaciones y principios a este foro europeo en los temas de violencia de género, de los tratados internacionales de libre comercio, en materia de servicios sociales, prestaciones y sistema de pensiones, etc.

La acción internacional de AJUPE-USO no se limita sólo al ámbito de la FERPA, sino que se participa en otras relevantes plataformas como EZA, de la que USO forma parte, que persigue fomentar el Diálogo Social y afrontar los desafíos sociales a nivel europeo, así como el desarrollo social y económico de la sociedad y la integración europea en el marco de los trabajadores. Desde EZA se considera fundamental la formación para contribuir a una mejor cohesión social en Europa para hacer frente a la desigualdad entre pobres y ricos.AJUPE USO Base FUT

Marino de la Rocha, vicepresidente de AJUPE-USO, participó como ponente en el seminario internacional de EZA organizado por BASE-FUT en Lisboa, sobre los sistemas de protección social. En su intervención planteó la necesidad absoluta de seguir defendiendo, promoviendo, perfeccionando y actualizando dichos Sistemas Públicos de Protección Social Europeos (SPPSE), como pilares fundamentales de nuestras sociedades, conquistas de generaciones y de nuestras democracias, que hay que defender, proteger y promover en la Unión Europea, con más Europa, con más Solidaridad, con más Justicia Social y Derechos Humanos para todos y en todas partes.

La próxima cita de la FERPA será la Asamblea General de Medio Mandato, que se celebrará en octubre en Roma, cita en la que tanto Carla Cantone, secretaria general de la FERPA, como Ana María López, presidenta del Comité de Mujeres, harán recapitulación de lo realizado hasta el momento y debatirán los futuros retos hasta el final de mandato. En representación de USO acudirán Felipe Ángel Bayón y la compañera de AJUPE-USO Madrid, Margarita Díaz.

 

El IPC subió en Madrid un 0,2% en agosto

El IPC subió en Madrid un 0,2% en agosto

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid subió un 0,2% en agosto respecto al mes anterior mientras que la tasa interanual se eleva hasta el 1,4 %, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el IPC subió una décima en agosto hasta el 1,6%, impulsado por el alza de los precios de los carburantes. Así el comportamiento de la tasa interanual del IPC de julio han destacado los precios del transporte.

También se incrementaron los precios de los automóviles, menor que el reflejado en agosto de 2016; la vivienda, que elevó una décima su tasa, hasta el 3,3%, debido a que los precios del gas y gasóleo para calefacción subieron en agosto, mientras que bajaron el mismo mes del año pasado. Destacó también el mantenimiento de los precios de la electricidad, que aumentaron en 2016.

Desde USO consideramos que el efecto de la crisis económica y de las últimas reformas laborales han precarizado hasta el límite el mercado de trabajo.

“El incremento de los precios durante los últimos meses muestra una realidad acorde con la recuperación de la economía, que debería manifestarse en los salarios. Según la Estadística de Convenios Colectivos, la subida salarial pactada de enero a agosto ha sido del 1,33%, claramente insuficiente, contribuyendo al empobrecimiento acumulado del con junto de la ciudadanía”, apunta Joaquín Pérez, secretario de Comunicación y Formación de USO.

Desde USO consideramos que el efecto de la crisis económica y de las últimas reformas laborales han precarizado hasta el límite el mercado de trabajo, caracterizado por la creación de empleos temporales, de corta duración y salarios míseros. “En este momento de reactivación de la economía, los trabajadores necesitan sindicatos fuertes que contribuyan a mejorar sus condiciones laborales a través de una negociación colectiva comprometida. No pueden  volver a repetirse los mismos contenidos de los últimos AENC firmados por patronal, CCOO y UGT”, concluye Pérez.