por Juan José Rodríguez | Ene 16, 2018 | Enseñanza, Formación
Acaba de publicarse la RESOLUCIÓN conjunta de 4 de enero de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
Enlace Resolución BOCM
Esta convocatoria va dirigida a profesores de Lengua Extranjera de centros públicos y concertados de Secundaria y Bachillerato.
Se puede obtener la acreditación por estar en posesión de titulaciones específicas o mediante la superación de una prueba de aptitud.
Plazo de presentación de solicitudes para la obtención por superación de pruebas: del 16 al 29 de enero de 2018, ambos inclusive.
En caso de obtención de la acreditación por estar en posesión de titulaciones o certificados: desde el 16 de enero de 2018 hasta la publicación de una nueva convocatoria.
por Juan José Rodríguez | Ene 15, 2018 | Acción sindical, Empleo
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dictado dos sentencias que suponen un duro revés a la empresa pirata Marsegur/Novosegur. Ambas sentencias son un paso adelante en la lucha de la FTSP-USO contra las empresas pirata.
La primera de ellas, es una sentencia por la que se estima la demanda interpuesta por las tres organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO, sobre vulneración del derecho de huelga que se convocó para los días 25 y 26 de septiembre de 2017 en la empresa Marsegur, la cual incurre con ello en una actuación claramente lesiva al derecho fundamental de huelga de las tres centrales sindicales demandantes que convocan la huelga así como de los trabajadores de la empresa que se han visto afectados por tal decisión empresarial y privados del derecho de huelga.
La propia sentencia, fija una indemnización de 6.251 euros, para cada uno de los tres sindicatos demandantes para compensar al sujeto afectado por la violación del derecho fundamental.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Primer Convenio Colectivo de la empresa Marsegur, por entender que la Comisión Negociadora no se hallaba válidamente constituida por cuanto sus integrantes no ostentaban la condición de representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, no cumpliendo con el principio de correspondencia en tanto que no representaban a todos los trabajadores de la empresa.
Además, se estimaba que las tablas salariales eran nulas por implicar una aplicación retroactiva del Convenio en perjuicio de los trabajadores, así como que resultaba lesivo para las empresas de seguridad en general en tanto que confería a la demandada menores costes laborales que los establecidos en el convenio sectorial, otorgando a la demandada una posición de ventaja.
por Juan José Rodríguez | Ene 12, 2018 | Economía
Los precios en la Comunidad de Madrid suben un 0,2 en diciembre y la tasa interanual aumentó un 1,2%. El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,2 por ciento en diciembre en relación al mes anterior y la tasa interanual experimentó una subida del 1,2 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
A nivel nacional, el IPC se mantuvo estable (0,0%) en diciembre en relación al mes anterior, pero redujo su tasa interanual seis décimas, hasta el 1,1 por ciento, su nivel más bajo del año y una décima menos de lo esperado,
De este modo, los precios en el conjunto del país terminan 2017 por debajo del incremento salarial pactado en convenio (1,43% hasta diciembre), aunque por encima de lo que subieron los sueldos de los empleados públicos este año (1%) y del aumento que experimentaron las pensiones (0,25%), con las consiguientes pérdidas de poder adquisitivo.
Tenemos que recordar que dos grandes colectivos, como son los funcionarios y los pensionistas están muy por debajo de esa subida
“Aunque es cierto que 2017 se ha cerrado con una media de subida de la negociación colectiva del 1,43%, ese aumento solo corresponde a siete millones de trabajadores. Tenemos que recordar que dos grandes colectivos, como son los funcionarios y los pensionistas están muy por debajo de esa subida, con congelación y alza del 0,25%, respectivamente. Y el IPC les afecta por igual”, recuerda Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.
En la Comunidad de Madrid, el grupo que ha registrado una mayor subida de índice de precios en tasa interanual es el de Holetes, cafés y restaurantes con un incremento del 2,2 por ciento, seguido de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,7%), Vivienda (1,5%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (1,4%), Transporte (1,4%) y Otros (1,3%).
Con menor incremento interanual se sitúan Enseñanza (0,8%), Comunicaciones (0,5%), Medicina (0,5%), Comunicaciones (0,5%), Vestido y Calzado (0,5%) y Menaje (0,4%). Frente a estos incrementos, solo reduce sus precios el sector de Ocio y Cultura, con una bajada del 0,4 por ciento.
En tasa mensual, la mayor subida se registra precisamente en el campo de Ocio y Cultura, con un incremento del 1,9 por ciento en diciembre. Le siguen Hoteles, cafés y restaurantes (0,4%), Transporte (0,2%), Medicina (0,1%), Vivienda (0,1%).
En cambio, baja el sector de Vestido y Calzado en un 1,5 por ciento, seguido de Comunicaciones (-0,3%), Menaje (-0,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,1%).
por Juan José Rodríguez | Ene 11, 2018 | Acción sindical, Empleo
Huelga indefinida de trabajadores de Emergencias 112
Los trabajadores de Emergencias 112 ha iniciado una huelga indefinida en el servicio de atención de llamadas de emergencias de la Comunidad de Madrid. Los cuatro sindicatos que forman parte del Comité de empresa (UGT, CCOO, USO y CSIT-UNIÓN PROFESIONAL) exigen a la presidenta Cifuentes que cumpla los acuerdos firmados y garantice la salud laboral de todos los trabajadores. Indican que están documentados varios requerimientos por la ocultación de accidentes de trabajo, los elevados índices de bajas médicas por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y la nula conciliación de la vida laboral y familiar.
Recuerdan los distintos acuerdos que han firmado consejeros, viceconsejeros y gerentes del PP desde el año 2005 y que se han incumplido sistemáticamente.
A modo de ejemplo, a día de hoy, siguen sin calendario laboral del 2018, prorrogándose el de 2016 por falta de acuerdo ya que siguen sin reconocerles la singularidad de sus jornadas debido al régimen especial de trabajo a turnos, la nocturnidad, la compensación de domingos y festivos y la aplicación de las recomendaciones del Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid y de los requerimientos de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral.
Además, el comité de empresa informa que los escasos Operadores de Emergencias que han sido contratados en periodo navideño, serán despedidos a mediados de enero y no habrá nuevas incorporaciones hasta que se convoque la OPE de 2018 con 20 plazas que años atrás amortizaron y a que al denunciar públicamente se comprometieron a cubrir.
Los trabajadores del 112 que el pasado 1 de enero cumplió 20 años y que ha sido galardonado en numerosas ocasiones por la prestación de un servicio público esencial como los atentados del 11M o el accidente de avión de Barajas, se quejan de los continuos engaños de la Comunidad de Madrid y van a defender con firmeza sus derechos y el de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid a recibir un servicio de calidad con las mejores condiciones.
por Juan José Rodríguez | Ene 11, 2018 | Enseñanza
La Comunidad de Madrid y los sindicatos de la Mesa Sectorial han firmado este martes el ‘Acuerdo sectorial 2017-2021’. En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Los puntos más importantes del nuevo Acuerdo sectorial son los siguiente:
- 2800 profesores en los próximos cuatro años, de los cuales 500 cupos se dedican a la atención a la diversidad y 2.300 cupos se destinarán a recursos adicionales para la organización y el apoyo docente, en Secundaria,
- Formación Profesional y Régimen Especial para hacer posible que algunas funciones que son complementarias sean consideradas lectivas y en Infantil y Primaria, para dotar de un segundo apoyo de Infantil y rebajar el número de especialistas asignados como tutores/as.
- El incremento de la cuantía de los sexenios para funcionarios de carrera, hasta alcanzar un 40% anual en cuatro años, comenzando con un 10% anual desde el inicio del curso 2017-2018.
- La consolidación del pago del verano al profesorado interino, que este curso correspondería a aquellos con nombramiento superior a siete meses.
- La ampliación de permisos y licencias, con inclusión de aspectos muy demandados por los docentes, como la conciliación de la vida familiar y laboral, incluido el acompañamiento a familiares a consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o asistencias hospitalarias; la asistencia a las tutorías u otras reuniones del centro escolar de los hijos; permisos por deber inexcusable y para la concurrencia a exámenes, la realización de tratamientos de fecundación asistida, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; reducciones de jornada por guarda legal e interés particular, y situaciones asimiladas a la excedencia por cuidado de hijo menor de tres años y por cuidado de familiar a cargo para funcionarios interinos.
- Dos días lectivos y dos días no lectivos de libre disposición.
- Una amplia convocatoria de cátedras en Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial para el próximo curso.
- El favorecimiento del acceso de los maestros/as con titulación a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional en las convocatorias de procesos selectivos.
- El incremento de plazas en el concurso de traslados autonómico.
- El compromiso de la Administración de cubrir automáticamente las bajas desde el primer día, en cuanto lo permita la normativa básica.
- La aplicación automática de cualquier mejora que se acuerde para el resto de los funcionarios en otras mesas de negociación o en las próximas Leyes de Presupuestos, como por ejemplo las mejoras en la situación de incapacidad temporal acordadas en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, que amplían los supuestos de circunstancias excepcionales.
por Juan José Rodríguez | Ene 10, 2018 | Acción sindical, Empleo
La Sección Sindical de USO en ElPozo ha firmado un acuerdo con la empresa y el resto de sindicatos representados en el Comité de Empresa por el cual se convertirán en fijos 700 contratos temporales en los próximos cuatro años.
Este pacto supone el mayor avance por el empleo estable que se haya dado en ElPozo Alimentación S.A. y parte de una denuncia presentada por USO en el mes de junio ante la Inspección de Trabajo de Murcia. En ella, USO se hacía eco de la nefasta política en materia de contratación que efectuaba la compañía, con un 50% de contratos temporales.
Durante el primer trimestre de 2018 se convertirán en fijos 250 contratos temporales; 200 se conmutarán en enero de 2019; 150 en 2020 y 100 en 2021. Al terminar la aplicación del acuerdo, la contratación temporal deberá estar por debajo del 30%.
Este acuerdo colectivo también incluye mejoras en cuanto a la subcontratación.
Este acuerdo colectivo también incluye mejoras en cuanto a la subcontratación, ya que durante los próximos tres años ElPozo se compromete a no externalizar líneas y áreas productivas; y también una categorización mejor distribuida y que favorezca los ascensos, que crecen porcentualmente.
Todo esto ha sido posible «gracias a la fuerza ejercida por USO en la negociación, puesto que todo se ha conseguido en la Mesa a cambio de abandonar la vía judicial que habíamos comenzado en la Inspección de Trabajo», señala Miguel Ángel Abellán, representante de la USO en el Comité de Empresa de ElPozo Alimentación.
por Juan José Rodríguez | Ene 9, 2018 | Acción sindical, Salud laboral
En nuestra sociedad, el reconocimiento de enfermedades de origen laboral supone de forma frecuente un camino largo y difícil para las personas afectadas por estas de forma que, muchas veces, este tortuoso proceso se ve truncado o termina culminando en su propio desistimiento o en el de sus familiares directos.
Desde una perspectiva global, uno de los instrumentos de mayor utilidad para el reconocimiento de enfermedades profesionales es la jurisprudencia que emana de los Tribunales de Justicia, la cual constituye un referente legal de base para quienes han sufrido o en un futuro puedan sufrir daños relacionados con la exposición a agentes peligrosos en el trabajo, como pueden ser agentes de naturaleza química, física o biológica.
Uno de los avances destacados conseguidos en 2017 en esta materia ha sido el reconocimiento mediante sentencia firme de una silicosis sufrida por un montador de pladur como enfermedad profesional, lo que ha permitido que al trabajador afectado le haya sido concedida una incapacidad permanente total.
La Sentencia, procedente de la Sección 6ª de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y emitida con fecha 3 de junio de 2017, asienta que es un hecho incontestable la exposición del trabajador a trabajos con ambiente contaminado por polvo de sílice desde su afiliación al sistema de Seguridad Social, por lo que se considera acreditada la relación de causalidad entre la actividad profesional ejercida a lo largo del tiempo y el daño sufrido. El trabajador desempeñaba sus funciones de forma habitual como montador de pladur, material compuesto por placas de yeso que se encuentran separadas generalmente por cartón o celulosa y que suele utilizarse en la construcción o en acabados de interiores. El trabajador se encontraba expuesto a polvo de sílice procedente del cartón-yeso con el que desarrollaba sus tareas.
Esta sentencia es especialmente relevante, ya que es la primera vez en España que se declara probado el origen laboral de una silicosis de un trabajador a causa del contacto directo con el cartón-yeso al que se encontraba expuesto a polvo de sílice durante su jornada laboral. Asimismo, supone una puerta abierta a que trabajadores de otras profesiones que padezcan silicosis habiendo estado expuestos laboralmente al polvo de cartón-yeso puedan ver reconocida esta como enfermedad profesional.
por Juan José Rodríguez | Ene 8, 2018 | Enseñanza
El 21 de diciembre se celebró el Pleno del Consejo Escolar de Madrid, donde se aprobó el Informe 2017 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid en el Curso 2015/2016.
Durante el acto se han debatido y votado las enmiendas y propuestas de mejora enviadas por las organizaciones asistentes. La Federación de Enseñanza de USO-Madrid ha presentado varias enmiendas y una propuesta de mejora. De las enmiendas presentadas por FEUSO–Madrid han sido aceptadas las referentes a las mejoras del salario y de las condiciones de trabajo de los docentes. También una propuesta de mejora referente a los beneficios éticos, culturales e intelectuales que se obtienen con más inversión en Educación.
En la Federación de Enseñanza de USO de Madrid pensamos que la educación influye en convertir a los individuos en mejores personas, más comprometidos con la sociedad en la que viven, con su entorno y valores.
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es un órgano consultivo, no vinculante; pero de las conclusiones que allí se toman surge la legislación relativa a Educación y se tienen muy en cuenta para todas las decisiones que se toman en materia educativa. Por eso desde FEUSO Madrid pensamos que es muy importante que este órgano dictamine resoluciones que ayuden a mejorar la Educación y, en definitiva la sociedad madrileña.
por Juan José Rodríguez | Ene 8, 2018 | Acción sindical, Enseñanza, Igualdad, Mujer
La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, tal y como ha reseñado en su balance de 2017. La institución presidida por Francisco Fernández Marugán ha considerado que las distintas administraciones deben luchar contra esta lacra social con dos enfoques: género e infancia. En este sentido, aboga por poner en marcha mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos, y tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos, superando las 750 actuaciones de oficio. En total, se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Otro asunto que ha centrado la actividad del Defensor del Pueblo ha sido la defensa de los derechos de las personas migrantes, reclamando mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y solicitando infraestructuras adecuadas con personas y recursos para atender eficazmente las llegadas de personas en situación irregular. También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Institución inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros. El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica.
También, la institución abrió una investigación de oficio tras conocer las detenciones de los periodistas turcos Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, sujetos a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía. El Defensor del Pueblo reclamó que se tuviese en cuenta la situación actual de los Derechos Humanos en Turquía a la hora de establecer las fases del procedimiento de extradición de los dos periodistas, extradición que finalmente rechazó el Gobierno.
El Defensor del Pueblo envió en 2017 a las administraciones un total de 2.175 resoluciones, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos.
La protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica ha sido otro de los ejes de actuación del Defensor del Pueblo en 2017, proponiendo reducir la parte fija de la factura eléctrica; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
En cuanto al copago sanitario, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, proponiendo la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves, así como eximir a las personas con discapacidad con grado reconocido, y a aquellas con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo.
En el ámbito educativo, se continuó el trabajo en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad, recomendando que los escolares con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el balance de 2017, el Defensor del Pueblo también hace mención especial al fin de la huelga de examinadores de tráfico, apoyada por la USO, tras cinco meses de paros; conflicto en el que, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, reclamó a la DGT medidas urgentes, interesándose por el posible déficit estructural que soporta la plantilla de examinadores de tráfico.
por Juan José Rodríguez | Dic 28, 2017 | Economía
Red Eléctrica de España ha completado el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad a través de subastas competitivas con la asignación de un total de 8 bloques de 90 megavatios (MW) y 376 bloques de 5 MW, lo que se traduce en una potencia interrumpible para el período del 1 de enero al 31 de mayo del 2018 de 2.600 MW. En estas subastas han participado 128 grandes consumidores.
Las subastas, que se han celebrado en Valladolid del 18 al 20 de diciembre, han sido organizadas por Red Eléctrica como administrador y ya han sido validadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Hay que recordar que los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía, Turismo y Agenda Digital en la Resolución del 11 de octubre del 2017 fueron de 270.000 euros/MW y año para los productos de 90 MW, y de 150.000 euros/MW y año para los de 5MW.
Teniendo en cuenta esos precios de salida, el precio medio de asignación ha sido de 235.167 euros/MW y año para los productos de 90MW, y de 108.245 euros/MW y año para los de 5 MW. La media ponderada de asignación se ha situado en los 143.393 euros/MW y año.
En esta ocasión, no solo la media ponderada es bastante inferior a la del 2016, que se situó en 176.420 euros/MW, sino que los precios medios también se han visto reducidos: 127.539 euros/MW y 289.125 euros/MW para los bloques de 5 MW y 90 MW, respectivamente, en el año 2016.
El reparto de los 8 bloques de 90 MW ha quedado distribuido de la siguiente manera:
– Alcoa: 3 bloques de 90MW
– Asturiana de Zinc: 2 bloques de 90MW
– ArcerlorMittal: 1 bloque de 90MW
– Ferroatlántica: 1 bloque de 90MW
– Grupo Celsa: 1 bloque de 90MW
Como veníamos anunciando desde la Federación de Industria de USO, esta subasta eléctrica ha estado marcada por los fuertes recortes, tanto en el número de bloques de 90 MW que han sido subastados, pasando de 10 a 8, como en la vigencia de la interrumpibilidad, reduciendo los doce meses a los cinco actuales; así como en el precio medio de la asignación, como ha quedado demostrado.
Por estos motivos, no podemos dejar de reivindicar una política energética más previsible, especialmente para los sectores y empresas industriales con mayor dependencia de la tarifa eléctrica y de este este sistema de subasta interrumpible.
Seguiremos insistiéndole al Ministerio de Energía en todos aquellos espacios de participación en los que estemos presentes en modificar este sistema para que favorezca la seguridad jurídica, la predicción de costes y unas inversiones que posibiliten la estabilidad de las empresas y, por consiguiente, del empleo.
Para incrementar y fortalecer la industria española, resulta imprescindible, entre otras medidas, disponer de un sistema energético que permita a los centros industriales en territorio nacional competir en el mercado mundial y europeo en igualdad de condiciones en cuanto al coste energético se refiere.
Esperamos que en estos próximos cinco meses que tenemos por delante, a través del debate y del necesario consenso entre todas las partes implicadas, se sienten las bases para conseguirlo y podamos afrontar el futuro con mayor optimismo.
