USO-Madrid ha obtenido 3 delegados en la elecciones sindicales de la empresa Connectis. Un gran éxito ya que antes no contábamos con ningún delegado. El resto de sindicatos consiguieron 7 delegados (CCOO) y 3 delegados (CICM). Enhorabuena
Tras el recuento de votos, con una participación de 192 empleados, el resultado fue el siguiente:
Con el mes de septiembre llegan a su fin los contratos de la temporada de verano, y con ellos, el aumento del paro. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el desempleo ha subido en 27.858 personas en el mes de septiembre, con 5.000 desempleados más que en el mismo periodo de 2016. El paro registrado se sitúa en 3.410.182 parados.
El número total de personas inscritas sin empleo casi alcanza los 3,9 millones. En la Comunidad de Madrid aumentó en septiembre en la región de Madrid en 2.154 personas, un 0,56 % más, para sumar un total de 385.461 parados.
La afiliación a la Seguridad Social en toda España alcanza los 18,3 millones de ocupados, con 26.318 personas más en el mes de septiembre que se explica fundamentalmente por las nuevas afiliaciones en Educación (50.703), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (25.019) e Industria Manufacturera (13.829).
La mayor subida del paro ha tenido lugar en el sector Servicios, donde el paro ha crecido en 29.601 desempleados más (1,29%).
“En el segundo mes consecutivo de aumento del desempleo, desde USO nos preocupa principalmente la alta precariedad y temporalidad del empleo, ya que más de 1.800.000 contratos han sido temporales. Si comparamos con septiembre de 2016, los contratos temporales han aumentado un 3,7%. Uno de cada tres contratos es temporal y a tiempo parcial”, explica Joaquín Pérez, secretario de Comunicación y Formación de la Unión Sindical Obrera.
Si nos fijamos en el número de personas que han sido contratadas, podemos apreciar que lo que prima es la altísima temporalidad y la escasa duración de los contratos, ya que casi 1,5 millones de personas han sido objeto de un contrato en septiembre.
En este contexto, el 40% de los desempleados queda fuera del sistema de protección por desempleo, “incidiendo en acrecentar la desigualdad social que la crisis ha instalado en nuestro país”, apunta Pérez.
Desde USO exigimos que se ponga freno a la expansión de la contratación temporal, penalizando a las empresas que hacen uso de este tipo de contratación para cubrir necesidades empresariales permanentes, reforzando a la Inspección de Trabajo, y que se apueste decididamente por llevar a cabo los cambios necesarios en el mercado laboral para fomentar la contratación indefinida.
Un año más, aparte de otras iniciativas, USO organiza un acto reivindicativo central con ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Este año, la jornada cumple su 10º aniversario.
El acto de celebración de esta jornada se celebrará el próximo jueves, 5 de octubre, en la sala de usos múltiples de USO Confederación (calle Príncipe de Vergara, 13, 7º planta. Madrid), de 12:00 a 13:30 horas.
La presentación y cierre del acto correrá a cargo de Julio Salazar, secretario general de USO, y continuará con la proyección del vídeo editado por el sindicato con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
A continuación, tendrán lugar las intervenciones de José Moisés Martín, economista, consultor internacional y director general de Red2Red Consultores, sobre la viabilidad para un crecimiento generalizado de los salarios en España; Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos (FEP-USO), acerca de los salarios en el sector público y el conflicto en la negociación, y de Pedro Ríos, secretario general de la Federación de Servicios de USO (FS-USO), quien abordará la precariedad salarial y laboral en el sector servicios.
En este acto de hará entrega del primer premio y accésit del 6º Concurso Fotográfico de Sotermun y se proyectará una selección de las fotografías presentadas al certamen.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha publicado un informe sobre las diferencias salariales en Europa, en el que se compara los salarios en Europa según las características de trabajadores y empresas, tomando como referencia los salarios que cobran los trabajadores alemanes.
Los trabajadores de 11 países de Europa Central y Oriental cobran hasta 944 euros menos al mes que los trabajadores en Alemania, si se tienen en cuenta los costes de la vida en cada uno de los países.
La diferencia en los salarios mensuales netos, cuando se ajustan a la composición de la fuerza laboral y la estructura económica, es mayor que cuando sólo se considera el coste de la vida. Los trabajadores llegan a cobrar hasta 1.058 euros menos que los trabajadores en Alemania, cuando se tienen en cuenta factores como la edad y la educación, así como los sectores y ocupaciones.
Los trabajadores de Rumanía son los peor pagados, seguidos por los trabajadores de Bulgaria, Hungría, Letonia y Croacia. Según el estudio, un trabajador rumano cobra de media unos 500 euros netos al mes. En Alemania, un empleado con tareas y formación similares, percibe 1.500 euros.
La brecha salarial divide a Europa, esencialmente entre un Este más precario y un Oeste con mejores condiciones laborales y salariales. Si comparamos España con Alemania, la brecha salarial no es tan aguda (298,2 euros menos al mes).
España queda fuera del grupo de países más alejados de la media alemana, pe-ro el efecto de la crisis económica y la limitación de la negociación colectiva han pasado factura en las profesiones mejor remuneradas.
Mientras que en 2010 las diferencias disminuían al comparar situaciones similares (por ejemplo, un arquitecto con otro arquitecto), en 2015 ese ajuste empeora las cifras.
Si bien es cierto que los trabajadores del norte tienen mejores salarios que los del sur, hay una actividad económica que no cumple esta premisa. Es el trabajo doméstico, cuyos trabajadores -en su mayoría mujeres- cobran en los países del sur de Europa (España, Portugal, Grecia e Italia) 101 euros más que en los Estados del noroeste (Alemania, Austria, Reino Unido, los escandinavos y el Benelux).
Las diferencias salariales crecen entre el norte y el sur, pero también lo hacen si lo que se analiza son los sectores con mayor valor añadido (profesiones liberales, manufacturas, ciencia o finanzas) y disminuyen en actividades como hostelería y comercio, donde la oferta de trabajadores es más amplia y la capacidad para negociar resulta más limitada.
A modo de ejemplo, un trabajador con ocupaciones elementales gana en los países del sur 64 euros menos que en los del norte, mientras que en el caso de un directivo, la brecha salarial se agranda hasta los 410 euros mensuales.
En esta división entre actividades cualificadas y no cualificadas, tiene mucho peso también el género. Las diferencias salariales se atenúan entre el conjunto de trabajadoras europeas, en gran parte por la prevalencia de trabajos con baja remuneración y a tiempo parcial que se dan entre las mujeres en algunos países del noroeste, particularmente en Alemania.
Para USO es evidente que la crisis económica de los últimos ocho años se ha llevado por delante la senda de una convergencia salarial en Europa.
Es urgente para la Unión Europea que se establezcan mecanismos para implantar esa tendencia y acelerarla con mejores salarios, a no ser que se dinamite el proyecto de espacio económico europeo por la vía de un dumpin laboral crónico.
Por otro lado, sería muy conveniente que los gobiernos y los empresarios dieran un mayor valor a la negociación colectiva a nivel sectorial como factor estabilizador de primer orden en un mercado único que no hace sino generar desigualdad. Las reformas laborales, los salarios mínimos irrisorios y la austeridad nunca fueron buenas consejeras.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) ha publicado a través de su web las estadísticas de accidentalidad, correspondientes al periodo de tiempo correspondiente a los siete primeros meses de 2017. Los últimos datos confirman el incremento de la siniestralidad laboral, ya apuntado en análisis anteriores.
A modo de resumen, comparando las estadísticas publicadas con las del mismo periodo de 2016, es posible destacar los siguientes resultados:
El número de accidentes que han causado baja ha sido de 340.006, lo que supone un aumento del 6%.
Del total de ellos, 294.230 ocurrieron durante la jornada laboral y 45.776 fueron accidentes in itinere. En consecuencia, suben un 6,1% los accidentes en jornada y un 5,6% los accidentes in itinere.
El número de accidentes durante la jornada laboral se incrementa de forma sustancial (un 6,1% para los leves, un 8,3% para los graves y un 6,7% para los mortales).
El número de accidentes in itinere leves y graves también aumenta notablemente (un 5,6% los leves y un 14,1% los graves). El aspecto positivo es que los mortales in itinere se reducen de forma significativa (disminuyendo en un 21,7%). En general, salvo en algunos sectores de actividad concretos, aumentan los índices de incidencia, lo que en términos globales supone un incremento del 2,2%.
En la Comunidad de Madrid han descendido los accidentes mortales: 34 frente a los 59 del mismo periodo de 2016, un 42,37% menos.
Sin embargo, hasta el 31 de agosto de 2017 se ha producido un repunte en accidentes laborales con respecto al mismo periodo del año pasado: con 58.587 accidentes, de los que 297 han sido graves y 58.256 leves, frente a los 57.537 de 2016, 231 graves y 57.247 leves, lo que supone un incremento del 1,82%.
Desde USO continuamos denunciando la alarmante tendencia de crecimiento de los accidentes laborales y de las muertes en el trabajo. Demandamos un debate social al respecto y creemos que estos datos son un reflejo de lo mucho que queda por avanzar en materia de prevención de riesgos laborales en nuestro país y una muestra de las consecuencias de la precariedad laboral, la desinformación y la inestabilidad en el empleo.
En el escenario actual entendemos que es necesario apostar de forma firme y sostenida por políticas destinadas a reducir la accidentalidad laboral y a facilitar también el correcto diagnóstico de las enfermedades profesionales. Ello requiere el compromiso continuo del Estado y de las comunidades autónomas con la participación y el diálogo entre los distintos agentes sociales para la búsqueda de soluciones a un gran reto de todos como es el conseguir crear empleo estable y de calidad que garantice la protección del conjunto de la población trabajadora frente a los riesgos laborales en su desempeño profesional.
AJUPE-USO, como miembro de la Plataforma Mayores en Acción, llama a la participación en la manifestación del próximo 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, en defensa del sistema público de pensiones y de los sistemas de protección social.
La manifestación está convocada para las 11:30 horas en Madrid, saliendo de Neptuno hasta el Ministerio de Hacienda.
Manifestación 1 oct 2017 Plataforma 2_001La Plataforma Mayores en Acción quiere denunciar la grave situación de los pensionistas: más de 4 millones de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza; más de 3 millones cobran menos de 420 euros al mes; el 50% de las pensiones están por debajo del SMI , y alrededor del 70% de los pensionistas cobran pensiones por debajo de los 1.000 euros; las mujeres pensionistas son receptoras del 70% de las pensiones inferiores a 700 euros y en torno al 80% de las no contributivas (369,90 euros al mes); el incremento de las pensiones anclado en el 0,25%, independientemente de la subida de los precios, así como el uso abusivo del Fondo de Reserva.
En el ámbito de la sanidad, quieren poner el foco en el copago farmacéutico y la retirada de medicamentos de las listas de la Seguridad Social, por lo que las pensiones y rentas bajas no pueden asumir su coste, recortes que están llevando a la sanidad pública a un peligroso deterioro.
Denuncian también el desmantelamiento de la ley de dependencia. Más de 300.000 personas, con derecho reconocido a la asistencia están en lista de espera, lo que supone una tremenda carga para las familias y muchas de estas personas fallecen antes de acceder a las ayudas que tienen derecho. Y finalmente, también, los recortes en servicios sociales, como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, que agravan la situación de muchas personas que viven solas y en desamparo.
Por todo ello exigen:
◾Políticas que fomenten la creación de empleo estable y de calidad, con salarios dignos, que mantengan la caja de la Seguridad Social.
◾Una reforma fiscal en la que prime un reparto justo y equitativo de la riqueza.
◾La recuperación del poder adquisitivo perdido por las pensiones, así como la derogación del llamado factor de sostenibilidad, que reduce notablemente y de antemano las pensiones de las y los futuros pensionistas, así como la nueva fórmula de revalorización de las pensiones actuales.
◾La mejora progresiva de las pensiones más bajas con especial tratamiento a la desigualdad hombre-mujer y a las pensiones de viudedad, dignificando también las no contributivas.
◾El cese en la privatización de la sanidad pública y la anulación de los copagos para las ren tas bajas, ya sea de pensionistas o de personas desempleadas u ocupadas con bajos ingresos.
◾Dotación presupuestaria suficiente para la ley de dependencia, de manera que se dé cobertura a todas las personas con derecho a asistencia y atención residencial.
Las dos jornadas de huelga convocadas por la FTSP-USO a nivel estatal en Marsegur, los días 25 y 26 de septiembre, han sido secundadas por el 90% de la plantilla de la empresa. El martes 26, los trabajadores de Madrid realizaron una concentración a las puertas del Hospital Militar Gómez Ulla, en el que gran parte de ellos realizan sus labores de vigilancia.
Como muestra de apoyo a los trabajadores de Marsegur, hoy se han celebrado diversas manifestaciones en Madrid, Baleares, Galicia, Asturias, Castilla y León y Valencia, en la que cerca de 600 personas han apoyado a los compañeros y compañeras de la empresa de seguridad a los que se les adeuda ya casi dos meses de salario.
En ésta se ha exigido el cobro de sus nóminas y se ha pedido a las administraciones públicas que lleven a cabo una contratación socialmente responsable que garantice unas condiciones laborales dignas y unos salarios acordes a la profesionalidad que se les exige y al riesgo que el desempeño de las funciones de vigilante conlleva.
Responsables de Defensa han comunicado al comité de huelga que se va a rescindir el contrato que la empresa Marsegur tiene al menos con el Ministerio de Defensa en las próximas fechas, aún por determinar. Este resultado, de producirse, tendría que extenderse al resto de servicios que esta empresa pirata tiene en todo el territorio, ya que sus irregularidades no solo las comete en Defensa.
Desde la FTSP-USO denuncian, además, que la empresa ha comunicado de forma irregular a los trabajadores unos servicios mínimos no regulados, lo que debe conllevar una sanción.
USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad Marsegur, han convocado huelga los días 25 y 26 de septiembre y una concentración, por incumplimiento de convenio y por impago de las últimas nóminas.
Esta huelga afecta a unos 500 trabajadores que ejercen su labor de vigilancia en el Ministerio de Defensa, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros lugares.
Según explica José Ángel Mora Bustos, presidente del comité de empresa de Marsegur y delegado de USO-Madrid, “la empresa no cumple el convenio estatal del sector con lo que los trabajadores cobran un 32% menos del salario establecido, en torno a 750 euros mensuales”. Un situación que consideran “injusta e ilegal” y que ni siquiera les permite la subrogación que supondría mantener la condiciones laborales de la anterior empresa.
Esta situación de ilegalidad fue denunciada en 2014, pero todavía se está a la espera de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Otra de las quejas de los trabajadores, es el retraso en el pago de las nóminas, y en concreto la falta de pago de los dos últimos meses a los vigilantes del Ministerio de Defensa. “La empresa se justifica con que el Ministerio no les ha pagado a ellos”, señala Mora.
Desde USO-Madrid consideramos una situación insostenible de desigualdad que se debe solventar lo antes posible, debida en gran medida a la filosofía de la Administración Pública de primar exclusivamente el low-cost en sus contrataciones.
Concentración Martes 26, a las 12 horas, a las puertas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, (Glorieta del Ejército Nº1).
Juan Torija Carpintero, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO de Madrid y Marisa Madrid Mateo, Secretaria de Comunicación y Prensa, asistieron el 20 de septiembre a la I Asamblea de titulares y directores de Escuelas Católicas de Madrid, inaugurada por Rafael Van Grieken, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
En su intervención, el Consejero destacó el importante papel de la Enseñanza Concertada, que como señaló: “no es subsidiaria de nada como algunos quieren hacer creer, sino que es totalmente legítima y contribuye decisivamente a la mejora de la educación”. En concreto, en la Comunidad de Madrid supone más del 30% de su sistema educativo y aporta calidad, equidad y libertad al conjunto de ese sistema.
El Consejero se refirió también al nuevo Proyecto de Decreto de Conciertos Educativos de la Comunidad de Madrid, que pretende dejar constancia de la necesidad de la Enseñanza concertada.
También recordó que la recuperación de los conciertos de once centros de Formación Profesional de Grado Superior es una muestra más del compromiso de la Consejería con facilitar la libertad de los padres para elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos.
El Consejo de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO), reunido en plenario, hace la siguiente declaración en relación a la situación profesional de los empleados públicos catalanes, durante la preparación, desarrollo y votación del Referéndum del próximo día 1 de octubre convocado por la Generalitat de Catalunya, manifestando que:
•Las decisiones políticas tomadas por el Parlamento Catalán, no pueden poner en peligro el trabajo, ni provocar dudas sobre la legalidad del quehacer diario de los empleados públicos.
•No resulta lógico, ni aceptable que se ponga a los empleados públicos a la vanguardia de decisiones políticas contrarias a las leyes en vigor.
•El trabajo de los funcionarios públicos, está regulado claramente por la Ley 07/2007, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), donde en su artículo 52, dice textualmente:
“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.”
1.En el artículo 53.1 expresa que: “los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico”
2.En el artículo 54.3, dice lo siguiente: “Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.
Por todo lo manifestado, debemos DECLARAR lo siguiente:
1.Que sean los políticos los que pasen por el juzgado, si incumplen la ley, pero no es lógico que se utilice a los empleados públicos, en tareas que suponen incumplir las leyes vigentes que emanan de la propia Constitución, la misma que considera a la Generalitat como el Estado en Catalunya.
2.FEP-USO defiende la independencia de los empleados públicos y su trabajo como garantes de la Ley.
3.Los empleados públicos, tenemos la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución.
4.La FEP-USO defenderá a los empleados públicos de todas las formas posibles, si alguien intenta sancionarlos por cumplir con sus funciones, encomendadas por el máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución y el Estatuto de Catalunya.
5.Igualmente apoyaremos cualquier iniciativa en este aspecto, que nuestros delegados y/o afiliados nos reclamen.
6.También debemos afirmar, como organización sindical de trabajadores como es USO, que nuestros valores de independencia, pluralidad, autonomía y solidaridad, en situaciones derivadas de decisiones políticas, son hoy más fuertes y necesarios que nunca:
•Independientes de partidos, empresas, instituciones y administraciones.
•Pluralidad, basada en el respeto a la ideología política, religiosa, filosófica o cultural de nuestra afiliación.
•Autonomía basada en nuestra independencia y autofinanciación.
•Solidaridad con y entre el conjunto de una sociedad pacífica y trabajadora.
7.Precisamente porque estos valores están por encima de cualquier duda, lo que nos ha permitido trabajar más de 50 años en defensa de los trabajadores, debemos afirmar, desde nuestra independencia y pluralidad, que los afiliados en Catalunya pueden optar por cualquiera de las posiciones políticas que se plantean, pero como FEP-USO NO podemos apoyar ninguno de los planteamientos políticos actuales (a favor o en contra del referéndum o de la independencia directa), y por supuesto, no aceptaremos ningún tipo de presión para que nos posicionemos a favor de ninguna de las propuestas políticas, ni acataremos decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o a las decisiones judiciales que se puedan plantear.
El próximo 1 de octubre la FEP-USO dispondrá de un equipo de asesoría jurídica a disposición las 24 horas, por si hubiera algún problema, esperando que cualquier afiliado a USO, sienta que tiene el respaldo jurídico ante esta situación generada por políticos que afecta a trabajadores públicos.
