por Juan José Rodríguez | Ene 28, 2020 | Economía, Empleo
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro se sitúa en el 9,99% en el cuarto trimestre de 2019, por lo que el número de personas paradas apenas bajó en la región un 0,27 por ciento en relación al tercer trimestre, en el que se registró una tasa de paro del 10,29%.
Además, en el cuarto trimestre se registraron 78.400 personas ocupadas más con respeto al trimestre anterior, lo que supone una subida del 2,53 por ciento en la Comunidad de Madrid.
Con estas cifras, la tasa de paro se situó en 9,99 por ciento mientras que la tasa de actividad alcanzó el 63,4 por ciento en la región. Asimismo, la población activa en la Comunidad se cuantificaba en 3.526.900 personas, lo que supone 95.100 efectivos más en términos interanuales y una subida del 2,77 por ciento.
Por géneros, un total de 168.600 parados en la región son hombres con una tasa de desempleo del 9,4 por ciento. En contraposición, se contabilizaron 183.800 mujeres en situación de desempleo, lo que equivale a una tasa de paro del 10,6 por ciento. Frente a ello, 1.550.100 mujeres figuraban como ocupadas al cierre del año pasado y la tasa de actividad alcanzaba el 59,21 por ciento.
La tasa media de paro durante todo el año 2019 se sitúa en el 10,62 por ciento, casi dos puntos y medio por debajo de la tasa media registrada durante 2018.
por Juan José Rodríguez | Ene 27, 2020 | Acción sindical, Servicios
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid pretende que la Planta de Clasificación del Centro Las Lomas, perteneciente al Parque Tecnológico de Valdemingómez siga funcionando hasta 2025, según han asegurado a USO-Madrid.
Los representantes de USO en el Comité de Empresa de Urbaser Las Lomas han expresado su preocupación a los representantes de Medio Ambiente por el futuro incierto de casi 200 empleos directos e indirectos vinculados a la finalización del contrato de explotación por parte de Urbaser en junio de este año.
A la reunión celebrada este lunes por la mañana han acudido el coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Martínez Páramo; la directora general del Parque Tecnológico de Valdemingómez, María José Delgado Alfaro; la secretaria general de USO-Madrid, Concepción Iniesta, y dos representantes de USO en el Comité de Empresa en Las Lomas.
La Estrategia de Residuos aprobada por el equipo de Manuela Carmena el pasado mes de mayo determinaba el cierre de la Planta de Clasificación para este año, coincidiendo con el fin de la concesión de tratamiento de dichas instalaciones. Este plan fue recurrido por la Comunidad de Madrid en septiembre del año pasado por considerarlo un proyecto “nulo de pleno derecho”.
El recurso está todavía pendiente de sentencia, pero en cualquier caso la intención del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, es revisar la estrategia vigente. Esto implica que los planes previstos para la Planta de Valorización Energética y los de la Planta de Clasificación van parejos, por lo que ambas instalaciones continuarán activas al menos hasta 2025, según han explicado desde el Ayuntamiento de Madrid.
El delegado de USO en Urbaser Las Lomas, Miguel Ángel López, ha asegurado que “la información sin duda alguna va a tranquilizar a los cientos de trabajadores de Urbaser Las Lomas cuyos empleos se encontraban en riesgo con un futuro más que incierto”.
Según el Ayuntamiento, el futuro inmediato implica la adquisición de los terrenos de Las Lomas para comenzar a preparar los pliegos del contrato. Si finalmente se retrasan los plazos, la intención es realizar convalidaciones de gasto hasta la adjudicación del nuevo contrato.
por Juan José Rodríguez | Ene 23, 2020 | Economía, Empleo
En la primera reunión de la nueva ministra de Trabajo y Economía Social con los componentes del Diálogo Social, se acordó la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, “tras una cadena de despropósitos que asimilaron el Diálogo Social a una subasta: que si el AENC con 1.000 euros, cálculos de CCOO y UGT de 1.007 y 1.200 euros, el acuerdo con Podemos a 1.000 euros… y, al final, precio de liquidación, 950 euros. Este asunto es lo suficientemente importante como para haberlo resuelto en más de 5 minutos de puja”, critica Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Para Pérez, “esto es una muestra más de la necesidad de revalorizar el Diálogo Social, de hacerlo más plural y, sobre todo, de no participar de obras de teatro en varios actos para hacerle el servicio al Gobierno. Hay un estado de urgencia en el empleo y con parches no se mejora, solo se consigue una foto por cada medida, no un paquete de decisiones de urgencia. Por ejemplo, ayer debería haberse conseguido un compromiso de anular el despido por baja en el próximo Consejo de Ministros, pero suponemos que han preferido guardarse la oportunidad de difundir otro apretón de manos. Nos extraña, por lo tanto, que no se haya visto la necesidad de acordar un calendario de urgencia por el empleo”.
El secretario general de USO lamenta lo que se esconde tras el SMI, “que no es la engañifa de que ahora nadie va a cobrar menos de 950 euros. Uno de los grandes dramas del empleo de este país es la temporalidad y la parcialidad, que deben ser combatidas mediante la lucha contra el fraude y la labor de Inspección de Trabajo. ¿Qué más da que el SMI suba a 950 euros si me contratan una semana? ¿O si estoy a 20 horas semanales? Al final, se queda en muy poca cantidad, y eso no es dignificar los salarios ni el empleo”.
Por último, Joaquín Pérez incide en la necesidad de medidas y políticas integrales, no en medidas salpicadas de semana en semana: “no estamos para fascículos, el Diálogo Social debe abordar urgentemente un acuerdo por el empleo y la formación, el I+D+i, la industria -como ayer le recordaron cientos de trabajadores a los grupos políticos ante el Congreso-, y apostar por los nuevos empleos relacionados con las transiciones digital, tecnológica y ecológica. Y todo ello, esperemos, con luz y taquígrafos, que no estamos para cuartos oscuros”.
por Juan José Rodríguez | Ene 23, 2020 | Acción sindical, Industria
Más de mil personas, entre delegados, trabajadores y responsables sindicales de empresas en riesgo de pérdida de empleo por el precio de la energía, se han concentrado frente al Congreso de los Diputados convocadas por la Federación de Industria de USO y FICA-UGT para exigir al Ejecutivo un marco estable para el consumo energético de la gran industria.
USO se ha volcado con la concentración, con compañeros llegados de todas las comunidades autónomas afectadas por la última subasta eléctrica y, en general, por la falta de un plan industrial en nuestro país. En autobuses y coches particulares, han estado representadas USO-Galicia, USO-Asturias, USO-Cantabria, LSB-USO-Euskadi, USO-Castilla y León, USOC, USO-Castilla-La Mancha y USO-Andalucía, además de una nutrida presencia de compañeros de USO-Madrid de todas las federaciones.
“No se dan cuenta de que es urgente dejar tanta reunión y pasar a los hechos, a apoyar con políticas tangibles el empleo industrial que nos queda. Ya está mermado y no podemos permitirnos que siga menguando. Es empleo generalmente de calidad, estable y con buenos salarios, y no es lo que sobra en España. Estamos asistiendo a una precarización cada vez mayor de las condiciones de trabajo y el aumento de la temporalidad, y mientras tanto estamos dejando escapar nuestro tejido industrial. Hay comarcas enteras viviendo directa e indirectamente de grandes plantas que, a su vez, crean empleo indirecto en todos los sectores. Debemos acordar un marco estable de la energía para evitar las localizaciones”, argumenta Joaquín Pérez, secretario general de USO, quien estuvo acompañado de las secretarias confederales de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García; Formación Sindical e Igualdad, Dulce María Moreno; y de Comunicación y Estudios Sindicales, Laura Estévez. Por parte de USO-Madrid también acudió la secretaria general Concepción Iniesta, junto con el resto de secretarios de la Ejecutiva.
Mientras se desarrollaba la concentración, el secretario general de FI-USO, Pedro Ayllón, y el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral, Raúl Montoya, han mantenido encuentros con los diferentes grupos parlamentarios para hacerles llegar nuestras reivindicaciones: “el Estatuto de Electrointensivas fue la gran promesa que iba a resolver el futuro de Alcoa y se quedó en eso, en promesa, porque aún no lo hemos visto. La subasta de interrumpibilidad, que ya de por sí es un sistema imperfecto, le dio el golpe de gracia a la factura eléctrica de la industria. Hemos solventado un ERE en Acerinox, pendientes de otro en Ferroglobe, ERTE en Arcelor, Sidenor, Grupo Celsa… ahora la planta de Alcoa que sobrevivió está amenazada de cierre como ya advertimos en su día… todas las medidas para sostener el precio de la energía van tarde, pero al menos que no lleguen cuando no quede industria”, urge Ayllón.
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Guía esencial de la industria electrointensiva
Guía esencial de la industria electrointensiva
por Juan José Rodríguez | Ene 21, 2020 | Acción sindical, Industria
Industria electrointensiva
Son aquellas industrias que dependen de la electricidad para producir bienes y servicios y cuyo consumo eléctrico representa una parte muy importante de sus costes productivos. En España hay más de 250 empresas de 30 subsectores que facturan 20.000 millones de euros anuales y dan trabajo a casi 200.000 personas. Entre ellas, por citar algún ejemplo, se encuentran Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Acerinox, Deretil, Draxton, Celsa Group…
Estatuto de Consumidores Electrointensivos
Es la gran demanda del sector de las electrointensivas. A pesar de que el Real Decreto Ley 20/2018 del 7 de diciembre de 2018 preveía un plazo de seis meses para aprobar este estatuto (en junio del año pasado) a día de hoy seguimos sin un marco jurídico estable para las electrointensivas. El Estatuto dotará a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos, conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad. El Estatuto también impondrá obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i, sustitución de fuentes contaminantes y empleo, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos.
Precio elevado de la electricidad
Como no tenemos un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, no hay medidas ni dotación presupuestaria para corregir el elevado precio de la electricidad que pagamos en España. Por ese motivo, la industria española está pagando entre 20 y 25 euros por MW/hora más que nuestros competidores franceses y alemanes que reciben compensaciones económicas por financiar las energías renovables, la reducción en peajes… Esa situación de desventaja con respecto al resto de países europeos, está amenazando seriamente los puestos de trabajo de la industria electrointensiva española, que tiene tarifas mucho menos competitivas que el resto de socios europeos.
Servicio de interrumpilibidad
Es una herramienta para gestionar la demanda de electricidad. Lo utiliza Red Eléctrica, el operador del sistema, para ofrecer un suministro eléctrico nacional más eficiente de acuerdo a criterios técnicos (de seguridad del sistema) y económicos (menor coste para el sistema). Hay ocasiones en las que no se genera la suficiente energía como para abastecer toda la demanda. En esos casos, Red Eléctrica ordena a las industrias con grandes consumos que reduzcan su energía. De este modo, se mantiene el equilibrio y el resto de empresas no se quedan sin energía. Estas empresas que reducen su consumo cuando hay mucha demanda, reciben a cambio una retribución económica.
Subasta de interrumpibilidad
El Servicio de Interrumpibilidad se asigna a las empresas a través de una serie de subastas de la Red Eléctrica supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencias. En esas subastas, las empresas pujan para prestar esas interrupciones de la energía a cambio de una compensación económica. En la última subasta celebrada el pasado mes de diciembre, se ofrecieron 200 bloques de 5 MW. Un total de 118 empresas pujaron por estos lotes, que salieron con un precio de 125.000 euros/MW al año y finalmente se quedaron en 8.764 euros/MW al año. Las principales electrointensivas criticaron el resultado y aseguraron esa drástica reducción del valor de los lotes «lleva a la industria siderúrgica al borde del abismo» y hace «inviable» la producción de aluminio.
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Guía esencial de la industria electrointensiva
por Juan José Rodríguez | Ene 21, 2020 | Acción sindical, Industria
Mañana, 22 de enero, comienzan las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo del sector de la industria electrointensiva convocadas por la Federación de Industria de USO junto a FICA-UGT. A las 13:15, trabajadores de toda España, con el único denominador común de estar contratado por una empresa especialmente dependiente del precio de la energía, se concentrarán frente al Congreso de los Diputados para exigir un marco estable para las grandes consumidoras de energía.
“Los resultados de la última subasta de interrumpibilidad, la falta de medidas concretas para una mayor competitividad de la industria de gran consumo eléctrico (sigue sin aprobarse el Estatuto de la Industria Electrointensiva), los pagos por emisiones indirectas de CO2, la reducción de peajes, la falta de contratos bilaterales… son algunos de los motivos que provocan la inestabilidad e incertidumbre de miles de trabajadores desde hace demasiado tiempo”, expone Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.
Por ello, “hacemos un llamamiento a los agentes políticos en su conjunto, y muy directamente a los ministerios de Transición Ecológica y de Industria, Comercio y Turismo, para que sigan las indicaciones de la Comisión Europea. Ahora mismo, la industria española se aleja de los objetivos marcados por Bruselas y reduce su peso en el conjunto de la economía nacional al 16%, cuando el objetivo es un 20%. El no haber desarrollado una estrategia política dirigida a lograr unos costes de energía asequibles es uno de los grandes motivos de este retroceso”, continúa Montoya.
En estas medidas deben implicarse tanto el nuevo Gobierno como las diferentes administraciones y las empresas. “Todos ellos deben poner sobre la mesa la defensa de los intereses del empleo. Nosotros reiteramos nuestra plena disposición a trabajar conjuntamente con todos los agentes sociales y políticos para buscar una solución equitativa que garantice la estabilidad del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores”, defienden desde la Federación de Industria de USO.
Por eso, desde toda la USO hacemos un llamamiento a la máxima asistencia, tanto para llenar los autobuses fletados desde las comunidades autónomas más afectadas por la crisis de las electrointensivas como de quienes ya se encuentren en Madrid.
Recordad, miércoles 22 de enero frente al Congreso de los Diputados a las 13:15 horas, ¡CONTAMOS CONTIGO!
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USO se concentrará mañana frente al Congreso para defender el empleo en la industria electrointensiva
por Juan José Rodríguez | Ene 21, 2020 | Salud laboral
La borrasca ‘Gloria’ ha obligado a activar el nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid, un nivel de preemergencia, ante el nivel de aviso amarillo por nieve y viento en la sierra. La nieve obligó a circular este lunes por la tarde con cadenas en Navacerrada y Cotos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían producirse acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en cotas superiores a 1000-1200 metros que pueden durar hasta las 00.00 horas de este miércoles, así como rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora hasta las 21.00 de este martes.
En esta situación, al trabajador le surge la duda sobre si debe acudir o no a su puesto de trabajo cuando se dan estas condiciones climatológicas adversas. Cuando la nieve cierra puertos y aísla pueblos, la imposibilidad parece más clara y demostrable, sin embargo, es igual de razonable y amparado por la ley el no poner en riesgo la vida para acudir al trabajo cuando se dan lluvias torrenciales.
Este supuesto no aparece recogido en nuestro ordenamiento jurídico, pero con todas las autoridades recomendando que no se debe circular en coche salvo extrema necesidad, en situación de alerta roja y con muchas carreteras cortadas o inundadas, bastaría con acreditar caso a caso la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo o que el trayecto entraña un riesgo alto. Existe jurisprudencia dictada en este ámbito: en 2009, el Tribunal Supremo rechazó sancionar a una profesora que no acudió a su centro escolar por el mal estado de las carreteras debido a una gran nevada.
El hecho de que la ausencia sea o no justificada es relevante para que no compute a efectos de un despido disciplinario o cualquier otra sanción. Es decir, si al sumarse con otras faltas, la empresa decide actuar contra el trabajador, este podría defender ante los tribunales que las que tuvieron que ver con los días de lluvia no deben ser tenidas en consideración.
Si pese a eso la empresa exige que el trabajador acredite que se trata de una falta por causa mayor, este puede solicitar un justificante a la administración pública que corresponda, ya sea el Ayuntamiento del municipio en el que se hayan cerrado vías o a la comunidad autónoma que gestione los servicios de carreteras. En este mismo sentido, la justificación de la ausencia no implica por sí que la misma deba ser retribuida, y la inexistencia de prestación de servicios supone que por ese tiempo no trabajado no se devenga el salario correspondiente.
El artículo 47.3 ET prevé la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por causa de fuerza mayor, que deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados. Si la situación se va a dilatar en el tiempo, la parte empresarial tiene esta solución legal.
El procedimiento de suspensión se inicia mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a ésta la decisión sobre la suspensión de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
Desde USO, queremos recordar que, en estos casos, lo mejor es utilizar la lógica y la prudencia, no sentirse coaccionados por ir a trabajar en situaciones completamente adversas y a hacer caso a las indicaciones de las autoridades para evitar mayores desgracias. De igual forma, se deben extremar las precauciones en caso de nevadas copiosas debido a las placas de hielo que se forman debajo, ya que producen la mayoría de los accidentes por resbalón o falta de adherencia.
Las medidas preventivas que nos recuerdan desde el Gabinete de Salud Laboral están relacionadas con el riesgo laboral de estrés térmico:
- Reducción en la pérdida de calor: Abarca el uso de ropa de protección, protección de lugar de trabajo, aislamiento de las superficies en contacto con partes del cuerpo humano y control del tiempo de exposición.
- Incremento de la producción interna de calor debido al trabajo muscular: es una medida complementaria y que debe ajustarse a los requerimientos del trabajo y a la capacidad individual.
- Suministro de calor externo: un requerimiento imprescindible para los trabajos en situación de frío es el establecimiento de pausas para calentarse en una zona habilitada.
- Mejora de los aspectos ergonómicos de los trabajos con frío, reduciendo o eliminando el efecto molesto del equipo de protección y el esfuerzo asociado.
por Juan José Rodríguez | Ene 20, 2020 | Acción sindical, Servicios
Los trabajadores de Sacyr Facilities han ratificado el preacuerdo al que llegaron el Comité y la empresa el pasado viernes, 17 de enero y por lo tanto, se ha desconvocado la huelga indefinida de limpieza en las terminales 1, 2 y 3 de Barajas.
El preacuerdo incluye un aumento de plantilla, que era la principal reivindicación de USO, el sindicato con mayor representatividad en el Comité de Empresa. Además de la incorporación de 40 nuevos trabajadores a la plantilla, el preacuerdo también incluye la cobertura de todas las bajas y excedencias en un 75%, retén de Navidad y fin de año, mejoras salariales en los días festivos y compensaciones a la formación voluntaria.
“Ha sido una semana de duras negociaciones y, aunque no se han culminado con el 100 por 100 de lo que se pretendía, desde USO podemos estar satisfechos”, señala Fernanda Correia, delegada de USO en Sacyr Facilities y secretaria de Acción Sindical de USO Servicios.
Un total de 260 trabajadores estaban llamados a secundar la huelga indefinida de limpieza convocada por USO, CGT y CCOO para este lunes con el objetivo de denunciar el incumplimiento de los acuerdos de centros y el incumplimiento del nuevo expediente de limpieza.
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Este lunes comienza la huelga indefinida de limpieza en la T1, 2 y 3 de Barajas
por Juan José Rodríguez | Ene 17, 2020 | Acción sindical, Servicios
USO y el resto de sindicatos presentes en el Comité de Empresa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas T1, 2 y 3 han convocado una huelga indefinida de limpieza que comenzará este lunes, 20 de enero para denunciar el incumplimiento de los acuerdos de centros y el incumplimiento del nuevo expediente de limpieza.
Tras varias reuniones e intentos de mediación entre el comité y la empresa Sacyr, no se han conseguido avances en las negociaciones, por lo que un total de 260 trabajadores están llamados a secundar esta huelga indefinida convocada por USO, CGT y CCOO y que afectará los servicios de limpieza de las tres terminales a partir de este lunes a las 7:00 horas.
Desde USO reclamamos, entre otras medidas, una ampliación de plantilla, mejoras sociales. “Es imposible asumir la actual carga de trabajo con la plantilla existente en el centro”, explica la secretaria de acción sindical de la Federación Estatal de Servicios de USO (y también trabajadora en Sacyr), Fernanda Correia.
“Este comité no pide más dinero. Pide un aumento de la plantilla para poder atender las exigencias del aeropuerto”, señala Correia, que también alerta de que “esta situación ya está empezando a repercutir en la salud de los trabajadores y trabajadoras”.
El Comité de Empresa está dispuesta a seguir negociando y ambas partes están emplazadas para una nueva reunión que se celebrará esta tarde a las 16:00 horas.
por Juan José Rodríguez | Ene 15, 2020 | Acción sindical, Seguridad privada
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) se ha concentrado en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura contra la decisión del Gobierno de sustituir a vigilantes de seguridad por policías y guardias civiles en un total de 15 cárceles de esas tres comunidades autónomas, tras quedar desierto el concurso al finalizar el servicio la empresa Ombuds el pasado 31 de diciembre.
USO critica la decisión del Ministerio del Interior al considerar que para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de los vigilantes de seguridad el contrato con Ombuds debería prorrogarse mensualmente hasta la nueva adjudicación.
Varios centenares de trabajadores participaron en las concentraciones en Madrid, frente al Ministerio del Interior; en Ciudad Real, frente a la Subdelegación del Gobierno, y en Badajoz, frente a la Delegación, para reivindicar la continuidad de sus puestos de trabajo.
En un comunicado conjunto, USO, CCOO y UGT han denunciado que “el Gobierno sigue desatendiendo temas prioritarios para la seguridad privada en nuestro país, como puede ser el reglamento, la propia sentencia sobre subrogación y las continuas agresiones sufridas por los vigilantes en el desempeño de sus funciones, así como ahora tomando decisiones trasnochadas sobre el tema de prisiones”.
Los sindicatos continuarán manteniendo conversaciones con clientes de seguridad e instituciones así como “la presión en la calle para que la situación de Ombuds revierta en las mayores garantías de empleo para el personal”.
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